El vía crucis de los presos políticos y sus familiares en Venezuela

Alfredo Infante S.J.:

Hace pocos días recibimos la lamentable y dolorosa noticia de la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa, otro ciudadano venezolano, detenido arbitrariamente por razones políticas, que muere bajo custodia del Estado. Nuestra más sentida condolencia a sus familiares y, también, a aquellos miembros de la Fuerza Armada con vocación institucional que viven momentos muy difíciles para el cumplimiento de su misión constitucional.

Este hecho no es aislado. Recordemos que el pasado 8 de octubre se cumplieron tres años del asesinato del concejal Fernando Albán, militante del partido Primero Justicia, quien después de ser detenido arbitrariamente, desaparecido y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en Caracas, fuera lanzado, por sus torturadores, del décimo piso de los calabozos de dicho cuerpo policial. La versión, para el momento, del fiscal general fue la de suicidio. Nada más distanciado de la realidad de los hechos. También, el 28 de junio de 2019, a consecuencias de las torturas sufridas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) murió el capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, quien fuera, también, detenido arbitrariamente por razones políticas.

Estos hechos violan el derecho a la vida consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona… Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. También está establecido en el artículo 43 de nuestra Carta Magna: «El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma” y enla Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa claramente que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. (Art 5,2)

La situación de desprotección y violación de derechos humanos que viven los presos políticos en Venezuela configura un patrón sistemático, que expresa una política de criminalización de la disidencia y que puede ser catalogado como crimen de lesa humanidad.

El jueves 14 de octubre se comunicó con nosotros Belitza Petit, esposa de Omar de Dios García. Omar es miembro del equipo jurídico de la diócesis de Coro y activista de DD.HH. de la organización Fundaredes (capitulo Falcón), y se encuentra arbitrariamente detenido por razones políticas. Cuando arrestaron a Juan de Dios y a los hermanos Rafael y Javier Tarazona (miembros de Fundaredes), el patrón aplicado fue el de detención y desaparición forzada. Luego, y gracias a la difusión del hecho por las redes sociales, se pudo saber el lugar donde los tenían recluidos. Desde entonces se encuentran incomunicados. Los familiares están angustiados.

Nos cuenta Belitza que su esposo Omar de Dios es diabético y que su salud estaba comprometida antes de su detención arbitraria. También relata que Omar, al parecer, ha sido recluido en una clínica por COVID-19. Oficialmente no tiene ninguna información, pues las instancias competentes mantienen hermetismo total en el caso. Belitza, desesperada, ha visitado distintos centros de salud sin obtener respuesta sobre la situación de su marido. El viacrucis que viven ella y su familia lo sufre la mayoría de los familiares de los presos políticos.

Como Iglesia, desde Signos de los Tiempos exigimos que se respete el derecho a la vida, al debido proceso y al juicio justo, y se garantice a los familiares el acceso a la información sobre el estado de salud, tanto físico como psicológico, de sus seres queridos. También recordamos que, en el supuesto de que ocurran muertes por COVID 19 entre los presos políticos, este hecho no exonera ni disminuye la responsabilidad del Estado. Es importante resaltar este punto porque, en el contexto pandémico, el mismo fiscal que habló de suicidio en el caso de Fernando Albán, hoy quiere liberar al Estado de su responsabilidad ante la muerte del general Baduel, utilizando la tesis de la “muerte por COVID-19”.

En nombre de Dios, hacemos un llamado a la conciencia de los responsables de las instancias decisorias, para que recuerden y se dejen interpelar por el mandato de Dios “no matar” y vuelvan su corazón al hermano, respetando la vida, para recuperar el “Estado de derecho” y el reencuentro como país.-

Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
08 al 14 de octubre de 2021/ N° 119