El 27 de octubre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un tratado interamericano cuyos críticos advierten que avasalla derechos y libertades fundamentales como los de culto y pensamiento.
Los diputados aprobaron la “Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia» y la “Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia” que ahora pasarán a ser votadas en el Senado. Las críticas se centraron especialmente contra el primero de los dos tratados.
El boletín Notivida advirtió que si bien el primero de estos documentos aborda la discriminación y la intolerancia, “vulnera libertades fundamentales como las de culto, pensamiento, conciencia, expresión, opinión, asociación y enseñanza”.
Ambos tratados fueron aprobados durante la 43º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada entre el 3 y 6 de junio de 2013.
El pacto fue firmado por 12 países pero hasta el momento solo México y Uruguay lo han ratificado.
Durante la discusión la diputada Mara Brawer defendió el documento argumentando que cuando “las sociedades avanzan, los conceptos avanzan, se incorporan nuevos grupos, y hacen que nuestras miradas sean más amplias”.
“No se permite que una persona pueda ser segregada o discriminada”. Por ello, “lo novedoso de la Convención Interamericana contra la Discriminación e Intolerancia es que incorpora por primera vez en América al colectivo LGBTIQ como categoría protegida”.
Otros diputados consideraron que la “Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia” va en la misma línea que otras acciones ya aprobadas por el Congreso de la Nación como la llamada “ley del cupo trans”, que obliga a los tres poderes del estado a destinar el 1 % del total de empleos a personas travestis, transexuales y transgénero.
Al respecto, la organización Frente Joven manifestó, respecto a la “Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia” que “la creación del nuevo derecho humano a ‘ser protegido contra toda intolerancia’, encierra una peligrosa ambigüedad, sino malintencionada, que podría ser utilizada por el poder estatal para avasallar la libertad de expresión, de culto, o de enseñanza, de todos los ciudadanos”.
Convertir a los Estados “en atacantes del pensamiento de unos para ‘proteger’ el pensamiento de otros no hace más que convertirlos en policías del pensamiento único, poniendo en peligro las bases sobre las que se sostiene nuestra República”, aseguró Frente Joven.
En ese sentido recordaron que los derechos humanos fundamentales “son un reconocimiento por escrito de los Estados para proteger la dignidad de todo ser humano, en su calidad de tal”.
Por ello, “ningún organismo internacional tiene la capacidad para quitarlos o disminuirlos. Entregar a tribunales internacionales el poder para definir y controlar una conducta vulneradora de derechos, es una renuncia y un atropello a nuestra soberanía nacional”.
A su turno, distintos usuario en Twitter manifestaron su preocupación por la “Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia” con el hashtag #ConvencionMordaza.
El abogado Claudio Venchiarutti dijo que tras la media sanción en Diputados “ahora nos tocará luchar contra un Estado cada vez más totalitario, que intentará perseguir y silenciar las voces disidentes, a través de la intolerancia de minorías colectivizadas que administra”.
El partido NOS desde Tucumán señaló que las personas travestis y homosexuales pueden caminar por las calles libres de burla y discriminación, y por tanto, “ el reconocer las debilidades ajenas y mirarlas con todo el cariño, todo respeto y toda compasión que merecen las personas diferentes, para todo esto, no es necesario aprobar la norma que en el práctica implica establecer una Policía del Pensamiento que prohíba decir las cosas como son”.-
GISELLE VARGAS | ACI Prensa
