El golpe de Estado en Sudán pone en peligro la libertad religiosa

 A finales del mes de octubre, el ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, asumió por la fuerza el gobierno de transición de Sudán y puso al primer ministro Abdalla Hamdok bajo arresto domiciliario. Después de casi dos años de importantes reformas en materia de derechos humanos y gobernabilidad democrática, el golpe tiene el potencial de desestabilizar el país.

En particular, el golpe pone en grave riesgo el progreso histórico que Sudán había logrado recientemente en la protección de la libertad religiosa y es un mal augurio para el resto de África. Estados Unidos fue un socio clave de Sudán para instituir estas reformas de libertad religiosa, así como para detener el patrocinio estatal del terrorismo allí y no se puede permitir que el golpe retroceda el reloj.

La revolución de 2019 en Sudán fue liderada por sudaneses cotidianos que protestaban pacíficamente en tal cantidad que era imposible ignorarlos. Sudán ha sido sometido a décadas de guerra, genocidio y otras violaciones de derechos humanos, incluidas graves violaciones de la libertad religiosa.

La historia de Mariam Ibrahim proporciona un claro ejemplo de la brutalidad del gobierno sudanés bajo el presidente Omar al-Bashir. Aunque Mariam, quien fue criada por su madre, siempre había sido cristiana, la ley islámica la consideraba musulmana porque su padre ausente era musulmán. Fue condenada en 2014 por adulterio y apostasía después de casarse con un hombre cristiano, su matrimonio fue declarado nulo y sin valor, y fue azotada y condenada a muerte como castigo.

Todo esto ocurrió mientras estaba embarazada y dio a luz a su hijo mientras estaba encerrada en una celda de la prisión. Finalmente fue liberada luego de la indignación y la oración internacionales.

Cuando el gobierno de transición llegó al poder después de la revolución de 2019, muchos se mostraron escépticos de que pudiera ocurrir un cambio real. Y, sin embargo, el primer ministro Hamdok parecía estar dando grandes pasos hacia la creación de un gobierno que respetara los derechos humanos y la libertad religiosa. Para diciembre de 2020 se había avanzado lo suficiente como para que Estados Unidos eliminara a Sudán de su lista de patrocinadores estatales del terrorismo.

Hamdok hizo de los avances en materia de libertad religiosa una verdadera prioridad en Sudán. Durante la primavera y el verano de 2020, el primer ministro se reunió regularmente con la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF). La USCIRF había recomendado que Sudán fuera considerado un «país de especial preocupación» durante casi dos décadas, considerándolo como uno de los peores violadores de la libertad religiosa en el mundo. Pero en 2020, la USCIRF cambió su recomendación para sugerir que Sudán se coloque en una «Lista de vigilancia especial» debido al progreso después de la revolución, y para 2021, USCIRF ya no incluyó al país en sus informes.

Esos cambios de USCIRF se basaron en reformas reales. A fines de 2019, Sudán derogó las leyes de orden público basadas en una interpretación ultraconservadora del Islam que permitía azotar a las mujeres por usar pantalones o bailar. Sudán despenalizó la apostasía en julio de 2020 y redujo las penas por blasfemia a un máximo de seis meses de prisión. En septiembre de 2020, Sudán acordó eliminar el Islam como religión del estado. Y en enero de 2021, Sudán firmó silenciosamente los innovadores Acuerdos de Abraham para trabajar hacia la normalización con Israel. Estos cambios claros a favor de la libertad religiosa son extraordinariamente raros en el mundo, lo que hace que el desarrollo de Sudán sea aún más importante.

El golpe militar pone en peligro todo el progreso de Sudán en materia de derechos humanos y libertad religiosa. Al igual que con los recientes golpes de estado en Birmania, Malí y otros lugares, los líderes militares, remanentes de regímenes autoritarios, a menudo creen que la protección de los derechos humanos se opone a la estabilidad nacional. La libertad se ve con la más profunda sospecha, ya que significa renunciar al control del gobierno. El ejército ya está cometiendo actos de violencia contra los manifestantes del golpe.

Pero los constantes golpes de estado y las guerras por el poder, junto con un alejamiento de los derechos humanos, en cambio conducen a la inestabilidad. La estabilidad de Sudán, con una base en la defensa de los derechos humanos, es parte integral de la estabilidad de la región en general. No se puede permitir que los conflictos como la guerra brutal en Tigray en la vecina Etiopía se extiendan a otros países, pero un entorno político impredecible y fluctuante en Sudán se presta a una propagación.

Si hay esperanza después del golpe en Sudán, vendrá de los mismos sudaneses que se levantaron en 2019. Las protestas democráticas generalizadas llevaron a la caída del régimen de Bashir y no hay indicios de que los mismos ciudadanos sudaneses ahora apoyaría el control de arriba hacia abajo.

El anhelo de paz y el respeto por los derechos humanos básicos brindan una apertura a los Estados Unidos. Estados Unidos ya ha detenido la asistencia a Sudán y debe continuar utilizando todas las herramientas diplomáticas disponibles para evitar la reincidencia y la represión. Estados Unidos también debería negarse a legitimar el gobierno de Burhan.

A la luz de los Acuerdos de Abraham de 2020, más países de Oriente Medio y África del Norte están comenzando a ver que el respeto por los derechos humanos básicos respalda la estabilidad. Estados Unidos debería trabajar con los gobiernos de la región para que Sudán entienda que si una vez más se convierte en un notorio abusador de los derechos humanos, no encontrará amigos cercanos que lo apoyen.

El costo de la pérdida de la libertad religiosa en Sudán podría fácilmente significar el regreso de leyes viles como aquellas bajo las cuales Mariam Ibrahim fue condenada, y otros países podrían hacer lo mismo. Estados Unidos debe reunir el coraje para tomar una posición enérgica contra el retroceso de los derechos humanos y proteger la libertad religiosa de aquellos que han luchado durante tanto tiempo por ella.

Sean Nelson

(ZENIT Noticias – Alliance Defending Freedom/ 13.11.2021)