Acceso a la Justicia: OIT presiona una vez más al Gobierno de Maduro para lograr libertad sindical

La decisión de la OIT fue catalogada como insuficiente por sectores del mundo sindical y político.

La ONG Acceso a la Justicia se pronunció sobre la decisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual resolvió autorizar a su director general, Guy Rider, para que tome “todas las medidas posibles”, para asegurarse que las autoridades nacionales cumplan las recomendaciones que en los últimos años esa instancia les viene formulando para garantizar la libertad sindical en Venezuela.

La organización considera este pronunciamiento como “otro duro golpe” para el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidiera abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.

La decisión la adoptó el Consejo de Administración de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), durante su 343ª reunión, celebrada el 6 de noviembre 2021, según informó el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Jorge Roig, quien estuvo presente en la misma.

El representante empresarial escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“En una tensa reunión del Consejo de Administración de la OIT se aprobó por consenso de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos lo siguiente: Deplorar que el Gobierno no cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, máximo organismo de control de la OIT”.

Acceso a la Justicia recuerda que, en 2019, la Comisión de Encuesta emitió un duro informe sobre Venezuela, en el cual denunciaba que el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados.

Asimismo, instaba al Ejecutivo nacional a impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”. Sin embargo, la ONG destaca que en marzo pasado las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían dichas recomendaciones.

“El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión”, declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.

Acceso a la Justicia explica que en esta ocasión la OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano, sino que decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen; y, para ello, le encomendó a su director general que busque la manera para que el Gobierno de Venezuela dé cumplimiento a todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo está “la opción de tener un representante de la OIT permanente en el país”, aseguró Roig.

Aquí se designó una Comisión de Encuesta en 2018 que recoge todas las violaciones que hay en Venezuela. Entre ellas: despidos de dirigentes sindicales, que montan sindicatos paralelos y meten presos a trabajadores”
afirmó Rubén González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco

Añaden que esta es la segunda vez, en lo que va de 2021, que el organismo de Naciones Unidas especializado en temas laborales se refiere a Venezuela. A finales de marzo pasado ya aprobó un informe en el que acusó al actual Gobierno venezolano de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación, a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otros incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

Aun así, el dictamen actual de la OIT no ha sido bien recibido por algunos sectores del mundo sindical y político. Al respecto, Rubén González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, afirmó lo siguiente:

“Aquí se designó una Comisión de Encuesta en 2018 que recoge todas las violaciones que hay en Venezuela. Entre ellas: despidos de dirigentes sindicales, que montan sindicatos paralelos, meten presos a trabajadores. Ese informe tenía que cumplirse, pero (Eduardo) Piñate (entonces ministro para el Trabajo) dijo que no iba a cumplirlas. En esa reunión se presentó (el actual ministro) José Ramón Rivero y ratificó la decisión de no acatar a la Comisión de Encuesta. Si no han cumplido, lo que tiene que hacer la OIT es aplicar el artículo 33 al régimen. Lamentablemente no lo hicieron y corren la arruga hasta marzo”.

La opinión de González fue compartida por el exdirigente sindical y exdiputado Andrés Velásquez. “Deploro aprobación de flojo documento de la OIT, con relación a violación de derechos de los trabajadores y recomendaciones establecidos por la Comisión de Encuestas que visitó el país para verificar denuncias. Flojo, permisivo y complaciente informe con la dictadura”, escribió en Twitter.

Siguiendo malos ejemplos

Acceso a la Justicia recuerda que, en los 103 años de existencia de la OIT, solo otro Estado miembro había decidido desacatar abiertamente sus recomendaciones: Myanmar (antigua Birmania).

En 1998 la Comisión de Encuesta de la OIT instó al gobierno del país asiático a erradicar el trabajo forzoso. Sin embargo, la junta militar que en esa época estaba en el poder optó por ignorarla y, por ello, en el año 2000 decidió aplicarle el artículo 33 de su Constitución:

“En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.

La ONG explica que numerosos países occidentales y algunos asiáticos decidieron entonces reforzar las sanciones impuestas al régimen de Myanmar. Parte de ellas fueron levantadas luego del proceso democratizador que se inició a comienzos de la década pasada y que terminó con las primeras elecciones parlamentarias, celebradas en 2011. No obstante, la incipiente democracia birmana, tutelada por los militares, fue enterrada en febrero pasado cuando los generales retomaron el poder mediante un golpe de Estado.

Consideran que, si el Gobierno de Maduro no cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se opone al envío de una misión de la OIT al país, se arriesga a seguir los pasos de la dictadura asiática, pues estaría abriendo las puertas a la aplicación del artículo 33 y a la imposición de nuevas sanciones.

De acuerdo con la organización, este último escenario no agrada a los representantes de Fedecámaras ni de los trabajadores, porque puede afectar la economía más de lo que ya está. Ambos grupos esperan más bien que la OIT sea capaz de conseguir otros mecanismos para lograr que las autoridades cumplan con los convenios suscritos con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Sin embargo, destacan la posibilidad de que la instancia especializada en temas laborales logre establecer un diálogo con las autoridades venezolanas luce lejana. En 2018 el Gobierno impidió que una comisión de alto nivel de la OIT llegara al país, no permitiendo que se reuniera con la Iglesia, con sindicatos y organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Esta acción provocó que la OIT elevara el caso a la etapa de la Comisión de Encuesta, algo que solo había ocurrido en trece ocasiones antes en otros países.

Repercusiones

Para Acceso a la Justicia la decisión de la OIT es otro golpe para las autoridades, que abre las puertas para nuevas sanciones. Sin embargo, también es una oportunidad para que rectifiquen y establezcan un verdadero diálogo tripartito sobre asuntos como la fijación del salario mínimo, la recuperación de las prestaciones sociales, la liberación de dirigentes sindicales presos, el reconocimiento de la autonomía sindical y la reactivación de la discusión de contratos colectivos, el cese de la represión a la protesta; y la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales puedan ser abordados.

La ONG considera que la decisión de la OIT revela que las denuncias que durante los últimos años han hecho la patronal y los trabajadores no han caído en saco roto. (Con información Acceso a la Justicia).-

18 Nov, 2021/El Correo del Caroní