Al menos 16 personas de tercera edad son las que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, llevó a la cárcel este mes por oponerse al régimen que actualmente gobierna el país.
Este grupo de personas mayores se encuentra entre los 66 y los 79 años de edad, con críticas condiciones de salud. Varios de ellos presentan problemas crónicos de salud, sin embargo, en la cárcel no reciben la atención médica especializada que necesitan.
Entre ellos se encuentra Nidia Barbosa Castillo, dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en la localidad de Nindirí, que fue detenida el pasado 23 de noviembre en horas previas a las elecciones presidenciales, cuyos resultados no son legítimos frente a la comunidad internacional.
La Policía Nacional allanó la residencia de Barbosa sin una orden judicial y, tras secuestrarla y llevarla a prisión, la sometieron a incontables interrogatorios.
Barbosa comenzó a presentar problemas cardíacos y posteriormente fue trasladada de la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Managua a un hospital cercano. Los médicos no han logrado estabilizarla y, desde ese momento hasta el viernes 26, permaneció hospitalizada en sus instalaciones, informa una fuente de la ACJD. Añaden que Barbosa sufría previamente de hipertensión y cardiopatía.
La ACJD denuncia, asimismo, que Nidia había estado presente previamente en una audiencia judicial, pues había sido acusada por la «ley de ciberdelitos», pero no tuvo derecho de contar con un abogado defensor y los únicos testigos que se encontraban eran falsos.
También se encuentra entre este grupo de secuestrados Edgard Parrales, analista político y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a quien buscó en la puerta de su propio domicilio un grupo de paramilitares el 22 de noviembre. Parrales tiene 79 años y es el mayor de todos los presos políticos que se encuentran arrestados.
Parrales es acusado de «incitación a la violencia» por sus declaraciones acerca del gobierno actual de Nicaragua y la agudización de la crisis política que sigue afectando el país tras las protestas y el estallido social del 2018, ya que es un gran crítico de Daniel Ortega y suele opinar abiertamente en medios de comunicación acerca del tema.
El exembajador de la OEA, según informa la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), es un adulto mayor con «estado de salud delicado debido a un cáncer que lo llevó a una intervención quirúrgica» y, recientemente, informa su familia que se encontraba realizándose distintos estudios médicos por una nueva dolencia.
A pesar de esto, lo único que los policías le permitieron ingresar a la celda fue agua y leche, ni siquiera una sábana para soportar el frío, según informa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Otro de los adultos mayores con problemas graves de salud que se encuentra encarcelado desde hace más de cuatro meses es José Pallais, abogado y exvicecanciller, quien presenta no solo enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardiacos, obesidad, hipertensión, apnea del sueño, glaucoma y problemas en su columna vertebral, sino que el estado en el que lo mantienen es inhumano, llegando a causarle heridas en la espalda por dormir en una silla.
También se encuentran en prisión: Pedro Joaquín Chamorro (70 años); Mauricio Diaz (70 años); Arturo Cruz, (68 años); Francisco Aguirre Sacasa (76 años); Violeta Granera Padilla (68 años); Hugo Torres Jiménez (73 años); Víctor Hugo Tinoco Fonseca (69); y Dora María Téllez Argüello (66 años). Además, Cristiana Chamorro, periodista de 67, y Noel Vidaurre, abogado de 66, están detenidos bajo el régimen de arresto domiciliario.
El régimen sandinista prohíbe que los familiares provean de alimentos a los presos políticos, a pesar de lo mal alimentados que son dentro de la cárcel, lo cual empeora progresivamente su salud.-
(Gaceta/InfoCatólica)
