Libertad religiosa en América Latina: «Alerta naranja»

La defensa de la libertad y los derechos de la persona humana son un asunto de todos los días. Siempre están en riesgo y todos los esfuerzos son pocos por preservarlos y defenderlos para el legítimo disfrute de una condición que nos caracteriza: la opción por creer y practicar libremente aquello que profesamos.

Ya sabemos que ello no ocurre en buena parte de los países del mundo y hoy, especialmente para los cristianos, el panorama es muy muy complicado.

La libertad religiosa está fuertemente ligada a la libertad de conciencia. Juan Pablo II, uno de los papas –si no el más- dedicado a proclamar la enseñanza de la Iglesia respecto al derecho a la libertad religiosa, destacaba:

“La importancia de la libertad religiosa me lleva a afirmar de nuevo que el derecho a  la libertad religiosa no es simplemente uno más entre los derechos humanos: éste es el más fundamental, porque la dignidad de cada una de las personas tiene su fuente primera en la relación esencial con Dios, Creador y Padre, a cuya imagen y semejanza fue creada, por lo que está dotado de inteligencia y libertad” (V Coloquio Jurídico organizado por la Pontificia Universidad Lateranense, 10 de marzo, 1984).

Más adelante, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 1991, el pontífice afirmaba: “La libertad religiosa, exigencia ineludible de la dignidad de cada hombre, es una piedra angular del edificio de los derechos humanos y por esto es la expresión más profunda de la libertad de conciencia”.

Son premisas claras y básicas, indispensables para la convivencia en paz. Es difícil reconocer y respetar otros  derechos si cuesta aceptar que podemos pensar y creer de forma diferente. Cuando se persigue por causas religiosas está el camino abierto a perseguir por casi cualquier cosa. Y es lo que hoy ocurre en el mundo. Los cristianos están acosados, son hechos presos y hasta asesinados tan sólo por odio a la fe. Hay lugares más peligrosos que otros y, sobre todo, distintas formas de perseguir y reducir. No todas son iguales ni se justifican de la misma manera. No todas son cruentas pero todas son violentas.

Cualquiera podría pensar que nada puede ser peor que lo que ocurre en el Oriente del mundo. Y cualquiera podría tener razón. El horror que viven los católicos chinos, o los cristianos en Nigeria o Pakistán, o las minorías religiosas en India o las masacres contra los coptos. Y podríamos citar ejemplos de horrores que vemos reflejados a diario en nuestros reportes informativos, por cierto, no con la merecida importancia y prioridad en los espacios que este moderno holocausto exige.

No obstante, hay formas sofisticadas,  a veces silenciosas, otras desmesuradas e irreverentes, aunque no por ello menos eficaces de arremeter contra la libertad religiosa y de conciencia.

Es lo que vivimos en nuestra Latinoamérica, un continente que llamamos «de la esperanza», pero que  viene siendo escenario de atentados movidos, igualmente, por la intolerancia y el rechazo a los derechos que todos tenemos de decidir, de creer y de proclamar.

Antes de poder dormir tranquilos, en este continente debemos permanecer en alerta, con un ojo abierto y el otro cerrado, como decimos coloquialmente. Porque hay lodos lejanos que traen polvos cercanos y, si no cuidamos nuestros derechos, pronto podríamos vivir el infierno que otros soportan hoy.

Existe la sensación de que este año 2021 ha sido algo más benigno en materia de atentados contra la libertad religiosa. Que la quema de Iglesias en Chile o los ataques contra sacerdotes en México. También ataques a la Iglesia en Bolivia. O las ofensas verbales de Maduro y Ortega contra prelados de la Iglesia católica. O las profanaciones de templos y capillas o los crímenes como el cometido hace décadas contra obispos y sacerdotes en Centroamérica –por cierto el de los jesuitas aún permanece en la impunidad-  han disminuido o forman parte del pasado. Y no es exacta esa percepción.

Se mantienen las amenazas contra la Iglesia y sus miembros y representantes. Al final de año, el balance no es nada tranquilizador. Son muchos los defensores de derechos humanos que han sido y continúan siendo asesinados en Brasil y Colombia. Los sacerdotes cubanos que han denunciado situaciones intolerables para la dignidad de su pueblo han sido constantemente hostigados y amenazados, incluso con cárcel.

En países autoritarios o con dictaduras ya sin careta, la situación es más dura: los líderes religiosos son percibidos como opositores o críticos del gobierno y criminalizados a priori.

Según el Informe semestral que produce el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, “Cuba y Nicaragua siguen siendo blanco de diversos tipos de represalias, desde episodios de violencia física y arrestos arbitrarios hasta difamación. En países como México, Colombia, El Salvador y Honduras, la falta de atención al orden público y la atención puesta por las autoridades al control de la pandemia ha contribuido a que la violencia exacerbada en manos del crimen organizado, narcotráfico, guerrillas y/o pandillas, haya aumentado el riesgo a la seguridad humana de líderes religiosos, sobre todo de aquellos quienes como parte de su misión actúan también como defensores de derechos humanos o denuncian situaciones de criminalidad o corrupción”.

Y no sólo los católicos. También los pastores metodistas y evangélicos han sido objeto de intimidación por su labor en  apoyo a las comunidades. Está el caso, por ejemplo, del pastor evangélico Manuel Cecilio Ramos Ramírez, quien fue alertado por las autoridades en Santiago de Cuba para que no continuara publicando comentarios críticos al régimen en las redes sociales, so pena de ser acusado de “provocar revueltas”.

En México y El Salvador hubo reacciones intimidatorias contra aquellos pastores de la Iglesia que llamaran al “voto católico”. La Red por la República Laica llamó a mantener la laicidad y “garantizar que se mantenga la separación de los ministros de culto del proselitismo político”.

Alegando el principio de laicidad, la separación Iglesia-Estado, así como la prohibición de que ministros de culto religioso realicen actos proselitistas en favor o en contra de determinada fuerza política, se pretende que no promuevan el voto como una decisión personal y de conciencia según la fe que se profesa.

Hay otros aspectos clave como el que propició la pandemia, cuando resultó muy funcional  a  los objetivos constrictores de estos regímenes el prohibir el culto a discreción mientras los mercados públicos, las fiestas privadas, diversos lugares de diversión y otro tipo de aglomeraciones eran permitidas.

En Costa Rica, Colombia y Perú hubo quejas ante esta dualidad incomprensible. Vimos como, en Venezuela, las organizaciones católicas fueron excluidas de cualquier programa que facilitara la vacunación o la asistencia humanitaria, la cual el Estado no garantiza. Ha sido, por cierto, así durante toda la crisis que ha padecido la familia venezolana, al menos desde el año 2012 cuando se desató el éxodo y se hizo más visible la consecuencia de un proyecto político disociador y divisor.

En medio de este secularismo que avanza como puntal político de control social en desmedro de la libertad de conciencia, somos una vitrina que exhibe una lucha sostenida por la vida. El asesinato de niños no nacidos es motivo de una lucha cuerpo a cuerpo por detener legislaciones y normativas que lo promueven y justifican. El movimiento provida en países como Argentina, México, Colombia y Brasil, por sólo mencionar algunos, es vanguardia de un combate agónico, con sus triunfos y retrocesos, por salvar vidas humanas y preservar el derecho a la objeción de conciencia.

Destacan los ataques y profanaciones a templos y lugares sagrados y se mantiene y el uso indiscriminado de las redes sociales como mecanismo para atacar puntos de vista confesionales. Las plataformas virtuales se han convertido de un tiempo a esta parte en los principales escenarios de hostilidad en contra de expresiones de fe, lo cual goza de la impunidad que rodea a la actividad en las redes sociales.

Recordamos perfectamente cuando el expresidente Evo Morales disparó una ráfaga de tuits para atacar a la Iglesia Católica, luego que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) echara por tierra la teoría del “golpe de Estado”  que él sostenía. Acusó a la Iglesia de “ponerse del  lado del opresor y olvidar al humilde pueblo boliviano”. Identificar pueblo con líder, diluyendo la masa en el personalismo del jefe es propio del neolenguaje de  los populismos autoritarios.

En nuestra América los marcos normativos no son garantía. Más bien, especialmente en algunos países donde  se ejerce el poder de manera arbitraria, son letra muerta. Se supone que hay  libertad de manifestar las propias convicciones. Pero en países como México, Nicaragua o Venezuela la participación e influencia del sector religioso en el espacio público se tolera cuando se circunscribe a procesos de paz o asistencia humanitaria.

No así cuando se acentúan las deficiencias en los temas de educación, salud, derechos humanos y otros que ponen el dedo en la llaga de la desidia y la insensibilidad de los gobiernos. Y si de reclamar el abuso, la fuerza y la represión contra la población se tratare, la explosión de furia no se hace esperar. Eso es constante, pan de cada día. En esos casos, la libertad de expresión se va por donde llegó.

En toda América Latina se han hecho intentos para limitar o censurar las manifestaciones de líderes religiosos en la esfera pública, a ratos con discursos destemplados o señalamientos falsos; a ratos con veladas amenazas o advertencias. No hay más que recordar las recientes acusaciones de Ortega contra la Iglesia por «conspiración» o repasar las peroratas en cadena de radio y televisión de Maduro cuando insulta a los obispos y los califica de desestabilizadores.

Ello, sin mencionar los obstáculos interpuestos entre la acción humanitaria de la iglesia para cumplir su labor de asistencia durante los deslaves en el estado Mérida a los pueblos bajo el agua y el lodo, que obligó al obispo a enfrentarse con los militares para hacer pasar la ayuda enviada por Cáritas.

No obviaremos esas maniobras que llamamos sutiles o sofisticadas, a veces imperceptibles y otras manifiestas, de atentar contra la libertad religiosa. El informe del Observatorio antes mencionado reseña como en Nicaragua, “en menos de quince días, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), negó el ingreso al país a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño que tenían años de residir y cumplir su servicio sacerdotal en Nicaragua. Las autoridades no explicaron las razones del bloqueo a los franciscanos, pero uno de los sacerdotes afectados considera que estaría relacionado con las denuncias de injusticia y violaciones de derechos humanos realizadas por la Iglesia”.

Han sido repetidos e implacables las amenazas e insultos de Ortega y su mujer, la vicepresidenta, contra la Iglesia Católica en Nicaragua a cuyos integrantes llamó “ridículos” y los acusó de aprobar “hurtos y robos”, así como de recibir fondos para la “muerte”.

En Perú, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, expresó en mensaje al diario La República“preocupación e indignación” por el dibujo de la Virgen en una caricatura ofensiva.

En Venezuela, el rango abusivo abarca desde la negación de visas para miembros de la Iglesia, sacerdotes o misioneros que no pueden entrar o regresar al país, hasta las maromas del gobierno de Maduro para “apropiarse” de la beatificación de José Gregorio Hernández.

Intentos que pretendieron presentar la decisión de Roma como producto de la “insistencia y gestiones”  de Maduro. Notorias fueron las trabas a la ceremonia misma a través de una odiosa e innecesaria presencia militar y otros detalles. Tocaron extremos como procurar engañar al pueblo con una supuesta fórmula fabricada en Cuba para curar milagrosamente el Covid, la cual se atrevieron a llamar «gotitas de José Gregorio».  Una grotesca manipulación que no les funcionó pero quedó como prueba palpable de las torvas intenciones.

Aquí hemos experimentado situaciones que ponen de manifiesto la violencia que acompaña a estas formas sutiles de sometimiento. Y siempre son violentas aunque no necesariamente rudas.

No somos Etiopía, ni África, ni India. Tampoco China ni Sudán. Pero somos Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos aquellos países de América donde, a “nadito de perro” -como decimos para indicar que no se nota pero se avanza- se van instalando conductas y posturas que poco a poco socavan las bases de la tolerancia y el respeto que garantizan la paz en nuestras sociedades.

Volvemos a San Juan Pablo II: “El respeto a la libertad religiosa sirve de termómetro y garantía de auténtico progreso social”. E insistía en que su protección jurídica es fundamental para la paz en un país tanto como a nivel internacional.  De  allí que nuestro deber, como católicos en nuestro caso, sea conocerla, protegerla y defenderla, todos los días, en todos los idiomas y en todos los escenarios. Dormir con un ojo abierto y el otro cerrado pues la transgresión de hoy puede ser la violación de mañana.

En América Latina, el alerta es naranja.-

Macky Arenas – publicado el 21/12/21-Aleteia.org