Cómo las guerrillas colombianas colonizaron el Amazonas venezolano

Es domingo en Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas piaroa, unos 40 kilómetros al norte de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Son las diez de la mañana y sus pobladores se visten y acicalan para congregarse en la iglesia evangélica cercana.

En los últimos años, a esta pequeña aldea se le ha adjudicado un desproporcionado valor político y estratégico. Durante los gobiernos de Hugo Chávez —años de bonanza petrolera y derroche—, Betania Topocho se volvió un centro piloto oficioso de los programas sociales del régimen. Sus habitantes fueron beneficiados con una planta procesadora de piña, una radio comunitaria, un ambulatorio, un liceo, autobuses, wifi comunitario y créditos para emprendimientos económicos y sociales.

Pero desde entonces, una vez dejada de lado por el Estado venezolano, la comunidad pasó a ser centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Hasta tres grandes campamentos del grupo guerrillero se hallan a apenas cinco kilómetros de la comunidad.

Betania Topocho es una encrucijada. Se encuentra muy cerca de la desembocadura del río Apure en el Orinoco, justo en el vértice donde coinciden las fronteras de tres Estados venezolanos —Amazonas, Apure y Bolívar—, con el Vichada colombiano. Esa cuña ofrece una atalaya estratégica al ELN, cuyo bastión tradicional era el Estado de Apure, en la zona de Los Llanos, vecino del departamento colombiano de Arauca. Pero desde allí se desplazó a la selva para llenar el vacío que las FARC dejaron al plegarse al proceso de paz en Colombia.

Desde Betania Topocho se controlan las entradas y salidas de un vedado que las guerrillas colombianas —el ELN y las disidencias de las FARC— controlan. Abarca cuatro de los siete municipios del Estado de Amazonas —Atures, Autana, Manapiare y Atabapo—, así como áreas de los vecinos Estados Bolívar y Apure. Todas son zonas donde prospera la actividad minera o pasan rutas de la droga.

J.S.G. lleva toda la vida en Betania Topocho, que fue fundada en 1977. El primer contacto del ELN con la comunidad, relata, ocurrió en 2017. Entonces el comandante Don Diego se reunió con los pobladores para informarles que los guerrilleros se instalaban allí y que, en compensación, ofrecerían protección y apoyo económico a los lugareños.

Este domingo, J.S.G. viste una camisa blanca de manga corta, pantalones de traje y zapatos negros de vestir, perfectamente lustrados: es el atuendo para ir a misa. De allí ha regresado con el valor suficiente para afirmar ante la reportera: “No es un secreto para nadie que el Gobierno trabaja con ellos. Para nosotros el Gobierno es responsable de todo esto”.

“La mayoría de la comunidad los rechazó”, asegura. “Pero el capitán y cacique de la comunidad los aceptó, todo a cambio de una moto. Incluso, los irregulares han llegado a decir que esos terrenos donde están les pertenecen, que los compraron a la comunidad”, agrega.

Con la venia del capitán local, los irregulares se quedaron y controlaron la economía sumergida de la zona. En cambio, si acaso llegaron a conceder alguna ayuda, sus efectos no resultan evidentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2020, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, Amazonas es el estado más pobre del país. El estudio encontró en este territorio 71% de pobreza extrema y 92% de pobreza general. La precariedad imperante empuja a los habitantes hacia la economía informal y a una relación de dependencia marcada por la resignación o el miedo con quienes manejan los negocios ilícitos.

Betania Topocho, que no escapa a esa realidad, está adscrita al municipio Atures del Estado de Amazonas, jurisdicción que también comprende a la capital estatal Puerto Ayacucho. En 2016, una oleada inédita de violencia sacudió a Puerto Ayacucho: hubo 214 muertes violentas en esa pequeña ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Dos años antes, en 2014, la cifra había sido de apenas 38 asesinatos.

La explosión de violencia de 2016 no era más que el efecto gravitatorio con el que la reciente cercanía del ELN se hizo sentir en la ciudad. Para sus habitantes, autoridades locales y organizaciones sociales, se trató de una campaña de “profilaxis social” emprendida por los pata’e goma, apodo que la gente asignó a los guerrilleros por las botas de hule que suelen usar.

Los elenos, como también son conocidos, dejaban un rastro sangriento como constancia de su paso, pero nadie parecía verlos. Hasta que en 2017 se mostraron abiertamente en Betania Topocho. En noviembre de 2018, los vecinos del barrio El Escondido 3 de Puerto Ayacucho se sorprendieron al saber que en una vivienda de la localidad se alojaba Luis Felipe Ortega Bernal, Garganta, jefe del Frente José Daniel Pérez del ELN. Allí lo capturaron agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.

Ese mismo día de noviembre de 2018, un helicóptero militar venezolano aterrizó en las cercanías de la comunidad indígena Picatonal, ubicada en el eje carretero norte, que conecta al Estado de Amazonas con Bolívar y Apure. La misión de reconocimiento, que también incluía tropas transportadas por vía terrestre, seguía la pista de un campamento del ELN.

En efecto, los guerrilleros se habían establecido en la zona desde 2013. L.A.R., docente de la escuela primaria de Picatonal, recuerda con precisión que los irregulares sostuvieron una reunión con la comunidad el 18 de diciembre de ese año para anunciar su llegada. En el encuentro, varios pobladores se negaron a aceptar la presencia de los guerrilleros. Fue una protesta infructuosa, porque habían llegado para quedarse. Pero el ELN se dedicó a abonar cierta convivencia con los vecinos, comprándoles cosechas, contratándolos para algunas obras y hasta ejerciendo funciones de orden público y justicia que el Estado ausente les negaba.

Durante el patrullaje realizado en noviembre de 2018, el contingente militar fue emboscado por los guerrilleros y, en la escaramuza, tres militares venezolanos murieron y otros diez resultaron heridos.

A raíz de los dos hechos del día, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa en el gabinete de Nicolás Maduro desde 2014, bramó desde Caracas que la Fuerza Armada había sido “atacada vilmente, cobardemente, por grupos paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio”. En Venezuela no había cabida para “cualquier grupo armado, llámese como se llame”, advirtió Padrino.

Pero el ELN no pareció sentirse aludido por la advertencia. En realidad, el militar venezolano no nombró explícitamente al grupo en sus declaraciones.

Tampoco contribuyó a disuadir al ELN el hecho de que Garganta, el líder guerrillero capturado en Puerto Ayacucho, fuera liberado el 20 de diciembre de 2020 después de permanecer dos años en confinamiento en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Así se extendió la mancha

Como una mancha de aceite, el perímetro de control de los grupos guerrilleros colombianos se ha ido extendiendo por todo el Estado de Amazonas hasta alcanzar su frontera septentrional. Fue un avance paulatino y sigiloso desde sus primeras posiciones, que llevó años. Mientras el ELN tomaba el eje carretero norte, que conecta Puerto Ayacucho con el Estado de Apure, las FARC, desde antes de que fueran desmovilizadas, penetraron desde el sur.

Con todo el sigilo que pudieran guardar, sin embargo, sabían que sobre el terreno iban a tropezar con las comunidades nativas. Frente a ellas, tanto el ELN como las FARC adoptaron una táctica similar que a menudo implementaron de manera coordinada: enviaban emisarios a la vanguardia para intentar acordar con los pobladores indígenas, a quienes ofrecían protección y seguridad.

La Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) presentó la copia de una invitación firmada por miembros de las FARC-EP, con fecha 14 de mayo del 2013, en la que convocaban a un encuentro con las comunidades indígenas para conversar sobre su presencia en Autana, un municipio al sur de Atures y colindante con el departamento colombiano de Vichada.

“En fecha [sic], 15/05/2013, fue cuando por primera vez se recibió una invitación afirmando ser guerrilleros de la FARC, quienes solicitaban en la reunión, la autorización en el sector Alto Sipapo, la cual fue rechazada desde su primer momento, nunca se retiraron del lugar”, rezaba el comunicado firmado por Oipus.

Fue uno de los primeros registros documentales del avance guerrillero.

Desde entonces la guerrilla colombiana ha ocupado por completo el municipio de Autana, donde controla la minería ilegal y el tráfico de drogas. El hallazgo de dos pistas clandestinas lo confirma en la actualidad: una en el caserío Baquiro, ubicado en las riberas del río Sipapo, y otra entre las comunidades de San Pedro y Caño Grulla, en las riberas del río Orinoco.

La Isla del Carmen de Ratón, una isla fluvial en el Orinoco, es la capital del municipio de Autana. Al frente, sobre la margen izquierda del río, ya en territorio colombiano, se encuentra Carlos Lata, feudo histórico del Frente 16 de las FARC y de uno de sus líderes más renombrados, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, muerto en 2007 durante un bombardeo. No solo Carlos Lata, sino todo el circundante municipio de Cumaribo del departamento Vichada se volvió coto guerrillero, al tiempo que en la región prosperaron el cultivo de la coca y el tráfico de drogas.

Aunque el conflicto interno de Colombia se dio por terminado en 2016, eso no puso fin al imperio de los guerrilleros en el Vichada. Según denuncian las organizaciones indígenas, todavía hoy desde el sector de Carlos Lata ingresa la cocaína que es custodiada por las llamadas disidencias de las FARC a través de una ruta que sigue por Isla del Carmen de Ratón y atraviesa el municipio de suroeste a noreste, remontando el río Cuao, hasta el sector conocido como Janacome, en la frontera con Manapiare, un municipio del Estado de Amazonas que a su vez colinda con el Estado de Bolívar.

Cerca de Janacome, mediante imágenes satelitales, este proyecto periodístico logró detectar una pista aérea clandestina y tres minas emergentes.

Lissa Pérez, presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare, atestiguó la llegada de los guerrilleros en 2016. Según su relato, vio los campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño del Estado de Bolívar cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del Arco Minero del Orinoco. De hecho, con su familia transitó por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El camino fue abierto y adaptado para que transiten vehículos de doble tracción”, aseguró. Cerca se encuentran los restos de una carretera inaugurada en los años setenta pero luego abandonada, que va desde San Juan de Manapiare, en el Estado de Amazonas, hasta Caicara del Orinoco. Ahora, mineros y guerrilleros usan el hilo de asfalto que quedó.

La pinza de las FARC

En agosto del 2021, al sur de Puerto Ayacucho, en el caserío de Limón de Parhueña, delegaciones piaroa se reunieron para disputar un campeonato de fútbol. El balompié es el deporte favorito de la nación piaroa. La ocasión permitió a la reportera conversar con B.C., que no vive en la localidad sino que llegó de visita desde San Pablo, no muy lejos de Puerto Ayacucho, donde habita el pueblo huöttöja, una división de los piaroa. B.C. es miembro de la Organización del Pueblo Huöttöja Unido de Cataniapo (OPUHC) y carga en su computador portátil un video que comprueba cómo un grupo de guerrilleros de las disidencias de las FARC ocupó la región en diciembre de 2020.

A su arribo, los guerrilleros solicitaron una reunión con los habitantes, que se celebró en la comunidad Las Pavas, a orillas del río Cataniapo. La grabación recoge parte de esa reunión.

“Una comandante que se identificó como Yuleinis dijo que ellos están ahí para ayudarnos a resolver los problemas que teníamos, para no consumir droga, pero la mayoría los rechazamos, algunos decían que quieren sembrar coca”, relata B.C.

Hubo una segunda reunión en la misma comunidad, pero dirigida por otro comandante, en apariencia de mayor rango, que se hacía llamar Chachi. Este les explicó que se encontraban en territorio venezolano con el objetivo de “defenderlos del imperialismo norteamericano que viene a robar sus riquezas”, así como para ejecutar proyectos comunitarios como escuelas.

A pesar del carácter pacífico de los piaroa, la resistencia que opusieron a la presencia guerrillera fue firme. Un grupo de 700 pobladores marchó contra los invasores, pero eso apenas sirvió para que los irregulares corrieran su campamento unos 22 kilómetros más allá, al sector Culebra. De acuerdo a lo que han podido conocer los indígenas, en el campamento habitan unas 100 personas y cuentan con radio transmisor, antenas, dos carros, varias motos y un pequeño expendio de licores.

B.T. señala a José Bolívar, concejal y representante indígena ante la Cámara Municipal del municipio Atures, como la autoridad que otorgó permiso explícito a los guerrilleros para permanecer en esa de la cuenca del Cataniapo. Asegura además que algunos miembros de la comunidad indígena Merey accedieron a trabajar con los forasteros.

“También pasa que aquí no hay transporte, entonces los guerrilleros pasan y ofrecen llevarte, así van convenciendo a la gente; comprando la cosecha, regalando balones”, lamenta.

Algo más al sur pero todavía en el municipio de Atures, a las comunidades de Platanillal y Rueda también llegaron los irregulares. Primero, a comprar las cosechas de yuca, plátano y piña; luego, a vivaquear; finalmente, alrededor de 2018, convocaron a ambas comunidades a una reunión para anunciar que se establecían en el territorio. Sin embargo, cuenta E.R., un docente de la zona, “permanecieron solo por dos semanas y luego se retiraron”.

No han sido solo los piaroa. El pueblo ye’kwana, antes conocido como makiritare, también se encuentra en la línea de choque con la incursión guerrillera.

En 2017, alias Ruperto, un comandante de las disidencias de las FARC, llegó junto a otros cinco combatientes a la comunidad de Puerto Unión, en territorio yekuana del Estado de Amazonas.

Un integrante de la organización indígena Kuyunu —que pidió mantener en reserva su identidad—, recuerda la reunión: “Nos dijeron que tenían un supuesto convenio con Chávez, nos mostraron un papel con una supuesta autorización de Chávez, claro, nosotros no tenemos cómo saber si era verdadera o falsa”.

Por esos días, y según los registros de la organización Kuyunu, los guerrilleros también visitaron las comunidades de Sabanita y Cacurí, ambas ubicadas también en el municipio Manapiare del norte del Estado de Amazonas.

Los insurgentes pidieron espacio para construir campamentos y utilizar una ruta que pasa por Valle Guanay y conecta a Manapiare con el Parque Nacional Caura, en el Estado de Bolívar. No debe sorprender entonces que, entre 2020 y 2021, tropas de las FARC disidentes alcanzaran por fin las orillas del río Caura y desalojaran de allí a los representantes de las bandas delictivas conocidas como sindicatos para apoderarse de las minas de oro de la zona, tal como se relató en la segunda entrega de la presente serie.

La presencia de los irregulares en el municipio Manapiare —coto histórico de los ye’kwana—, es notable entre los ríos Orinoco y Atabapo, una superautopista acuática que bordea el Parque Nacional Yapacana, donde se concentra el mayor foco de explotación de oro en Amazonas. Allí, los guerrilleros controlan el territorio e imponen su ley.

Origen de un conflicto actual

La guerrilla más antigua de Colombia, las FARC, es también el grupo subversivo colombiano con más larga presencia en el Amazonas venezolano. Cumple al menos 20 años en el territorio. Esa presencia no fue producto del azar: correspondió a una decisión estratégica todavía anterior, adoptada en la octava conferencia de la organización, que se celebró en abril de 1993 en el departamento colombiano de Guaviare. Allí, el alto mando diseñó un plan de economía de guerra para diversificar sus finanzas y un posible repliegue táctico hacia otros países, entre ellos Venezuela.

La estructura a la que oficialmente se encargó consolidar la presencia de los insurgentes en el Amazonas fue el Frente Acacio Medina, fundado en 2012 a la vera del río San Miguel, en el suroeste de ese Estado. Se le bautizó así en homenaje al Negro Acacio, ya que se organizó sobre la base del antiguo Frente 16 —parte del Bloque Oriental de las FARC— que el legendario guerrillero comandó.

Desde la creación de esta unidad, Géner García Molina (Jhon 40) ha sido su comandante. Pupilo del Negro Acacio, nieto de Roque Molina, alias El Diablo —uno de los campesinos que en los años sesenta se alzaron en armas junto a Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, para dar origen a las FARC en Marquetalia—, fue clave en el sostenimiento financiero de la guerrilla a través del tráfico de cocaína.

En 2016, en el marco de las discusiones que dieron lugar al Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Gobierno de Colombia, García Molina abandonó la mesa de negociaciones junto a Miguel Santanilla Botache (alias Gentil Duarte), Ernesto Orjuela Tovar (alias Giovanni Chuspas), y Néstor Gregorio Vera Fernández (alias Iván Mordisco). La ruptura marcó el nacimiento de las llamadas disidencias de las FARC, agrupación del archipiélago de facciones que decidieron continuar en armas.

Posteriormente, en 2019, ya firmado el acuerdo de paz y consumada la desmovilización de las tropas insurgentes, tres de sus líderes más conspicuos, Luciano Martín (o Iván Márquez), hasta entonces número dos de las FARC y quien había sido miembro del equipo negociador en La Habana, junto a Seuxis Paucias Hernández (alias Jesús Santrich) y Hernán Darío Velásquez (El Paisa), anunciaron en un video “la continuación de la lucha guerrillera” y su decisión de “regresar al monte”. Organismos de inteligencia y medios periodísticos entendieron que con “el monte”, los líderes guerrilleros aludían a Venezuela, donde podrían contar con la anuencia, si no con el apoyo, del régimen de Maduro.

Desde entonces, Jesús Santrich y El Paisa fueron asesinados en Venezuela, en circunstancias todavía no del todo aclaradas.

Pero Iván Márquez sigue activo. Apareció en videos junto a Jhon 40. Ambos se presentan como cabecillas de la Segunda Marquetalia, una de las facciones agrupadas en las disidencias de las FARC, que heredó e incluso amplió los dominios del antiguo Frente Acacio Medina, sobre todo en Venezuela.

Otro excomandante del Acacio Medina, Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, dirige un grupo dentro del rosario de bandas de las disidencias, que desde hace meses combate contra la Segunda Marquetalia a fin de hacerse de sus respectivos territorios y rentas. La disputa intestina desató hostilidades abiertas que llegaron al estado Apure e involucraron a la Fuerza Armada venezolana, cobrando decenas de vidas.

También hubo un bombardeo en Amazonas. El ataque no solo significó una comprobación irrefutable, la más reciente, de la presencia guerrillera colombiana en la Orinoquía venezolana, sino también de que, después de años de avances en sus incursiones y de acciones por lo general coordinadas, esos grupos armados traen a Venezuela sus disputas territoriales y comerciales, más que ideológicas.

(*) Esta es la tercera entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así para evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan así los nombres, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.

Créditos

Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser

Dirección de arte: Fernando Hernández

Diseño: Ana Fernández

Edición: Eliezer Budasoff

Maquetación: Alejandro Gallardo

Infografía: Nacho Catalán | Jorge Moreno

Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).

El País, España