Adultos mayores en pie de lucha por sus derechos

Alfredo Infante, SJ, del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:

«Por pensiones de vida, el 9 pa’ la calle» es la consigna que unirá al movimiento de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, a lo largo y ancho de la geografía nacional, este 9 de marzo de 2022. El comité de Derechos Humanos para la defensa de este importante sector de la sociedad espera -con el apoyo y la solidaridad de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación- tomar en las distintas ciudades del país las sedes principales del Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales (IVSS), organismo responsable de dar respuesta a esta demanda. [1]

Edgar Silva, dirigente y vocero de este comité, contactó a Signos de los Tiempos para plantear que «venimos exigiendo desde hace años un trato digno y un salario justo que nos permita acceder a la canasta básica, y, así, valernos por nuestra propia cuenta y no morir de hambre ni estar dependiendo de otros y, mucho menos, mendigando los derechos que por justicia nos corresponden».

Resaltó Silva que «nos hemos dirigido en reiteradas oportunidades, al igual que otras organizaciones hermanas, a las autoridades del Ejecutivo Nacional responsables de las precarias condiciones de vida que padecen nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, así como también a la Defensoría del Pueblo, institución del Estado venezolano que, por mandato, debe acompañar y respaldar nuestras luchas por el acceso a los derechos humanos y ponerse del lado de la ciudadanía para incidir en activar los mecanismos e instituciones del Estado que garanticen los DD.HH. de la población. Pero, después de muchos años de lucha, no hemos recibido ningún tipo de respuesta y estamos en absoluto desamparo».

En este momento, para los organizadores de la protesta -voceros de más de 5 millones de adultos mayores, pensionados, jubilados y discapacitados- la demanda principal es «el aumento de la pensión, homologada al costo de la canasta básica familiar, tal como lo establece el artículo 91 de la Carta Magna«. Denuncian que «desde 2013 se percibe una asignación insuficiente, impuesta por el Gobierno, cuyo monto no ha tomado en cuenta la hiperinflación y se ha mantenido, desde octubre de 2021, en 7 bolívares mensuales, equivalentes a 1,5 dólares, cuando la Canasta Alimentaria cerró en enero de 2022 en 448 dólares y la Canasta Básica Familiar en 900 dólares, según datos del CENDAS-FVM».  

Recordemos que el indicador de ingreso salarial a nivel internacional para medir la pobreza extrema es de 1.5 dólares por día, equivalentes a 45 dólares por mes, lo que indica que la población de los adultos mayores, que sirvió por tantos años al país, se encuentra excluida y en situación de precariedad.

Édgar Silva nos comentó que «la lucha también es en solidaridad por los 15 mil pensionados que han tenido que emigrar de esta emergencia humanitaria que vivimos, buscando protección internacional, y que no reciben desde hace 6 años la pensión, hecho que viola los convenios internacionales que rigen esta materia, la Constitución Nacional y la Ley de los Seguros Sociales».

Otros voceros del Comité que nos contactaron insistieron en que «el régimen venezolano, mediante esta inhumana política salarial, condena a este sector de adultos mayores y personas con discapacidad a padecer un estado de pobreza extrema y un proceso de exterminio por privación de alimentos y medicinas, hecho que, a nuestro parecer, pudiera constituir delito de lesa humanidad, calificado así por el Estatuto de Roma de acuerdo al literal b del artículo 7, en un contexto agravado por la Emergencia Humanitaria Compleja que padece la Nación, la pandemia de Covid-19 y por la hiperinflación galopante, que ha destrozado el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones y las jubilaciones» .

Para los líderes de este movimiento de adultos mayores, pensionados, jubilados y discapacitados, lo que está sucediendo con esta población se pudiera considerar como «delito de exterminio» y «debe ser competencia de la Corte Penal Internacional». Por ello, insisten en hacer un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, “para que, de oficio, abra una investigación sobre las denuncias de adultos mayores fallecidos por inanición y por falta de medicamentos, bien conocidas públicamente, visibilizadas a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, como ha sido, por ejemplo, el caso de los hermanos Silvia y Rafael Sandoval, de 72 y 73 años, encontrados muertos por el cuerpo de bomberos, en su apartamento ubicado en Puente Hierro, Santa Rosalía, Caracas, el 30 de octubre de 2020″.

Justo cuando terminábamos esta nota, el Gobierno anunció un aumento de salario mínimo, por lo que contactamos a los voceros de las protestas. Ésta fue su respuesta: «Este 3 de marzo, en un congreso del PSUV que no contó con la presencia de los verdaderos trabajadores sino con quienes se hacen llamar ‘sindicalistas’ y han aceptado la política de hambre y miseria a la que se ha condenado a los ciudadanos, Nicolás Maduro estableció un nuevo incremento salarial que sitúa el salario base en Bs. 126 y el cestaticket en Bs. 45. El anuncio del aumento es miserable. ¡La protesta va el 9 de marzo! El anuncio de la elevación del salario mínimo y las pensiones a 126 bolívares o 28 dólares no cambia la decisión de los pensionados y jubilados venezolanos de protestar ante todas las oficinas regionales del Seguro Social. Porque para que dicho ajuste sea constitucional, debe cumplir con el artículo 91 de la Constitución, que ordena al Gobierno homologar el salario mínimo y las pensiones al costo de la Canasta Básica Familiar, cuyo monto en enero es de 896 dólares o 4.121 bolívares. Todavía nos debe 3.995 bolívares o 868 dólares mensuales. ¡No ha cambiado nada! ¡La protesta del 9 de marzo se mantiene!».

Desde Signos de los Tiempos nos solidarizamos con las luchas de los adultos mayores, a la luz del Concilio Plenario Venezolano (2000-2006), máxima instancia inspiradora de la misión de la Iglesia en nuestro país, que como línea rectora nos dice que «los cristianos estamos llamados a adoptar permanentemente una actitud profética de denuncia contra los abusos y violaciones de esos derechos, dando así testimonio concreto del Evangelio de Jesucristo en la realidad histórico-cultural-actual» (CPV #113), de modo que podamos «concretar la solidaridad cristiana y defender y promover la paz y los derechos humanos ante las frecuentes violaciones de los mismos» (CPV Desafío 3. La contribución de la Iglesia a la nueva sociedad) y, como el salmista, bendecimos estos esfuerzos «porque el Señor es justo y ama la justicia» (Sal 11,7).

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