Los juicios políticos de Managua: pantomima judicial y venganza contra los opositores del Gobierno

Josefina ‘Pinita’ Gurdián tiene náuseas después de la quimioterapia, pero lo que más le afecta esta tarde de 3 de marzo no son las complicaciones del cáncer que padece: es que a su nieta, la presa política Tamara Dávila, la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le lee una condena de culpabilidad por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en total hermetismo en la prisión de El Chipote, en Managua. La joven acaba de ser condenada a ocho años de prisión.

Pinita, su abuela, es una mujer reconocida en Nicaragua: ha sido una reputada chef que instaló en Managua la franquicia Panadería Margarita, un nombre que lleva una de sus hijas, Ana Margarita Vijil, también presa política del régimen sandinista. Tamara y Ana Margarita son dos activistas opositoras que fueron capturadas por el régimen sandinista hace más de nueve meses. El inicio y desarrollo de sus juicios políticos, en enero de este año, coincidieron con el agravamiento del cáncer de ‘Pinita’, que sufre además la zozobra de saber que sus familiares han pasado aislamiento y torturas en la misma cárcel donde han sido juzgadas y condenadas.

Los juicios de ambas activistas, al igual que el de una cuarentena de opositores capturados sin orden judicial por la policía en altas horas de la noche a partir de junio de 2021, cuando Ortega inició una cacería para perpetuarse en el poder, han estado plagados de irregularidades y anomalías. El preludio de estos juicios políticos ha sido la tortura que han sufrido los reos, a tal punto que el general en retiro Hugo Torres falleció el pasado 12 de febrero producto de la falta de atención médica en la mazmorra sandinista.

La primera razón del agravamiento de su situación, dice Pinita, es saber que su hija y su nieta “están en la cárcel totalmente aisladas e incomunicadas”. Cuenta que Tamara es la que más sufre el aislamiento y que duerme sobre una plancha de concreto sin derecho siquiera a una frazada. “Solo cinco visitas que nos han permitido verlas, abrazarlas y conversar por un breve espacio”.

Ella no pudo asistir a una de esas escasas visitas, bajo la vigilancia constante de la policía, porque tuvo una recaída y tuvo que ser intubada. Estuvo a punto de morir y se le avivó su mayor temor: “La segunda causa de mi sufrimiento en mi caso es no saber en qué etapa está mi cáncer y no quiero morir, estoy haciendo todo lo posible para vivir y ver a mi hija y mi nieta libres”. Pinita no sabe en qué etapa está su enfermedad, explica, porque el 2 de septiembre pasado fue despojada de su pasaporte junto con el de su hija y el de su hijo que la acompañaban a Costa Rica para realizarse un PET CT Scan, una tomografía basada en medicina nuclear que no hay forma de hacer en Nicaragua. “El único examen que existe para saber mi estado”, dice.

Que le hayan quitado el pasaporte es una represalia más del régimen Ortega-Murillo contra su familia, ya que la matriarca de las Vijil ha denunciado todo el tiempo las irregularidades de los juicios. Para empezar, los procesos debieron ser orales y públicos según el Código Procesal Penal, pero se han realizado todos a puertas cerradas en el Chipote, que es la sede de la Dirección de Auxilio Judicial.-