CIDH pide al Estado reparar daños ocasionados al pueblo yanomami tras asesinatos en Amazonas
Oenegés han alertado de maniobras gubernamentales para “enfriar el caso” del asesinato de cuatro indígenas en Parima B a mano de militares, como el traslado arbitrario de testigos clave. Temen que haya impunidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige al Estado venezolano investigar, juzgar y sancionar desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente aceptado, a los responsables de los asesinatos de cuatro indígenas yanomami en Parima B, sur de Amazonas, ocurridos el 20 de marzo.
La instancia perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el hecho y reiteró que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva.
“La investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”, manifestó la CIDH en un comunicado emitido la tarde de este viernes 8 de abril.
El órgano recomendó al Estado, en aras de incorporar un enfoque intercultural a la administración de justicia, coordinar y cooperar con autoridades de justicia indígena yanomami. De esa manera reconocería la jurisdicción especial indígena como expresión de su derecho a la libre determinación.
Además recordó al Estado que la presencia de fuerzas militares en territorios indígenas debe estar previamente acordada por la comunidad a través de sus instituciones representativas. “Por tanto, las medidas adoptadas para la protección de los pueblos indígenas deben reconocer sus derechos a sus culturas, tierras, territorios, recursos naturales y libre determinación”, versó el comunicado.
La CIDH reconoció que el proyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y la diseminación de la minería ilegal que trajo consigo, envolvió a la región amazónica venezolana en un ciclo de violencia que afecta de forma específica a las comunidades indígenas, muchas de ellas, en aislamiento voluntario.
El 17 de julio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a miembros de los pueblos indígenas yanomami y yekwana. Pues consideró que estos pueblos estaban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el marco de la pandemia por COVID-19, y la violencia por la ocupación militar y minera en la zona.
Desde el 20 de marzo, día en que una discusión entre militares e indígenas dejó un saldo de cuatro indígenas asesinados a manos de militares, y otras cinco personas heridas, distintas organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación imparcial de los hechos y justicia para las víctimas.
Las investigaciones no terminan de arrancar pese a que ya hay fiscales del Ministerio Público designados para ello. El pasado 3 de abril, el coordinador nacional de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, reportó que, sin defensa legal presente y desacatando medidas de protección del Ministerio Público, funcionarios del Estado trasladaron a testigos clave de lo ocurrido en Parima B fuera de Amazonas. Amnistía Internacional exigió garantizar la integridad de estos testigos, uno de ellos, menor de edad.
FundaRedes teme que las maniobras del gobierno silencien masacre de Parima B en Amazonas. José Mejías, coordinador de la ONG alertó que funcionarios del gobierno intentan negociar con los yanomamis para “enfriar el caso”.-
@mlclisanchez/Correo del Caroní
