Venezuela

No hay voluntad política ni instituciones para frenar ecocidio en Carora

Petición de auxilio de la gente del municipio Torres

 

En la institucionalidad del país no hay eco para detener el atropello ambiental que se está cometiendo en Carora, municipio Torres del estado Lara.

A propósito del Día Mundial de la Tierra, celebrado el pasado viernes 22 de abril, la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional, hizo el señalamiento ante la petición de auxilio o socorro de la gente del municipio Torres.

Ellos solicitan la ayuda de la Asamblea Nacional y autoridades municipales porque están deforestando un bosque seco protegido por un tribunal agrario.

Denuncian que en el sector “La Habrita” había alrededor de 980 árboles de los cuales han talado más de 500 para comercializar carbón vegetal.

Los ecocidas, plenamente identificados por la comunidad, están haciendo un desastre en las parroquias “Camacaro” (Río Tocuyo), “Reyes Vargas” (Parapara) “Espinoza de los Monteros” (Arenales), y “Castañeda”, de Atarigua.

El diputado larense Macario González, miembro de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, ha denunciado además la explotación de sílice en esa región y empresas productoras de carbón activado que afectan los acuíferos y la capa vegetal, incluso en el Parque Nacional “Saroche”.

La parlamentaria Hernández ya estuvo de gira por el estado Lara con el Bloque Parlamentario Larense y admitió conocer la gravedad de lo que está pasando aquí tanto con la explotación de carbón vegetal como de sílice.

Mencionó que en los últimos años, estando como presidenta de la comisión permanente de ambiente, recursos naturales y cambio climático, recibieron la denuncia de un grupo de ciudadanos que pertenecen a un sector denominado cerro “el Plan” en Carora, donde indicaban que se estaban otorgando permisos para la explotación de sílice desde la punta de la loma hacia abajo, indicando que esto iba a traer consecuencias en cuanto al tema del agua en toda la zona.

“Acompañada de un grupo de diputados del estado Lara, nos trasladamos en esa oportunidad, en el 2018, hasta Carora, y apreciamos que el cerro en cuestión conforma una cordillera con otros que protegen el embalse de los “Quediches”, uno de los más importantes del estado Lara”, que hacen una cordillera que provoca el clima necesario para que las lluvias caigan en el dique”.

Sabiendo los problemas de agua que tiene el estado, explicó, el atentar mínimamente contra la vida del embalse nos llamaba poderosamente la atención.

“Fuimos con expertos a la empresa a la que se le había dado la concesión, revisando todos los documentos de impacto ambiental, y los expertos nos indicaron que si bien es un sílice de calidad impresionante, el mismo hace que las aguas del cerro “El Plan”, y de la zona, sean de alta pureza”.

También indicaron los expertos, continuó, que la explotación tal cual como estaba concebida desde la punta del cerro hacia abajo, iba a destruir las corrientes de agua internas del mismo, y que las explotaciones de sílice en el mundo no se producen en montañas de esa forma sino que buscan hacerlo en lugares planos, precisamente para proteger el recurso húmedo que corre siempre muy de la mano de este mineral.

La comisión concluyó, dijo, que esos permisos no podían prosperar porque debían entregarse favoreciendo otro tipo de actividad por parte de los propietarios de la hacienda que tiene la concesión; sin embargo esto fue desatendido, y hoy por hoy ya esa explotación comenzó afectando de manera muy evidente.

Aseguró que han desaparecido muchos de los árboles y disminuido el nivel de agua, cuestión que por supuesto afectará la cantidad de lluvia que vaya a caer luego sobre el embalse.

En la misma oportunidad que hicimos aquella inspección, conocimos de parte de algunos funcionarios públicos, cuyos nombres debemos resguardar, que en los parques nacionales del estado Lara se estaba produciendo un fenómeno de quema de grandes árboles para la producción de carbón vegetal, pero con el agravante de que era extraído en camiones de la Guardia Nacional y la milicia, con la gravedad de que podría estarse trasladando camuflajeados estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Del Estado Lara es donde más hemos recibido denuncias de corte ambiental y afectación de sus parques naturales, añadió. “Es increíble que teniendo Lara una problemática a nivel de comunidades en cuanto al agua, de las que ha tenido mayor atención en las protestas, también sea el Estado donde se ha afectado de una manera muy importante el ambiente, tanto en las concesiones de protección de minerales que ahora practican las gobernaciones, como por la falta de activación de las comunidades para defender lo que son los recursos naturales de los cuales viven”.

Es insólito -subrayó- que aún no se haya encontrado ni voluntad política ni instituciones para detener ese atropello.

Dos denuncias graves a la CPI

La diputada María Gabriela Hernández advirtió que la comisión del ambiente que preside, llevará en los próximos meses a la Fiscalía 2 denuncias graves, una relativa al uso de mercurio en aguas y suelos en todo lo que es la protección del arco minero del Orinoco, y la otra relativa a la acción y omisión de la industria petrolera de PDVSA en la responsabilidad que tienen sobre un derrame petrolero que sucede en “El Morichal”, que rodea a Maturín.

Estas 2 denuncias, dijo, se van a realizar ante las Fiscalía Ambiental Nacional, pero con la intención de trasladarlas hasta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Aclaró que los delitos ambientales no son de lesa humanidad, pero que ciertamente no entran como tal, hasta que se compruebe que el hecho, en este caso del Estado, está ocasionando el exterminio de una comunidad.

“Entonces, en el caso del arco minero, cuando el material estratégico mercurio es usado en las aguas, a conciencia de que es veneno, se está cometiendo exterminio de la población que las consume”.

Y en el caso de “El Morichal” que rodea a Maturín en el estado Monagas, señaló que la tubería nuevamente manó petróleo sobre aguas de ecosistemas frágiles que son las que consumen sus habitantes.

Aseguró que la empresa PDVSA conocía que esta instalación debía ser bloqueada extraído su crudo, y no lo hizo porque está en desuso, pero fue advertido en el 2017.

“Al volver a colapsar, y habiéndose incendiado unas 2 semanas después que nosotros le hicimos la denuncia, ha provocado una gran crisis en esa zona que podría acabar con un recurso natural de primer orden.”

Entonces estas cosas las queremos afinar bien, prosigue, no solamente ante la Fiscalía Nacional Ambiental, sino ante la Corte Penal Internacional.

Contaminado el Lago de Maracaibo

El Lago de Maracaibo hoy por hoy es uno de los lagos de agua dulce más importantes de la América, pero se encuentra absolutamente contaminado de petróleo. “Se navega sobre petróleo”.

Esta tétrica denuncia la hace la Diputada aduciendo que toda la infraestructura petrolera de tuberías que se instaló en el fondo del Lago está hoy destruida, emanando continuamente crudo a las aguas, haciendo una afectación importantísima sobre toda esta comunidad.

Luego añade al Lago de Valencia, que también por acción del hombre se desviaron cauces del río hacia ese gran depósito natural de agua que ha colapsado.

“Además irresponsablemente se concedieron permisos y otros construyeron sin consentimiento en las inmediaciones del Lago, llevando un problema de salud pública y de infraestructura muy importante en los estados de Aragua y Carabobo”.

Luego mencionó las refinerías de “El Palito” y “El Cardón”, y las que están en costas que constantemente también, al igual que el caso de Maracaibo, son infraestructuras ya bastante deterioradas, no han recibido mantenimiento, han colapsado, y están con mucha frecuencia emanando toxicidad tanto al ambiente como a las aguas de nuestras costas, recordando con dolor aquel derrame en “El Palito”, que afectó a “La Tortuga”, uno de los parques más hermosos de nuestro país.

Continuando con la fatalidad en nuestro país, citó la acumulación de coque en la refinería de Cardón, que es el residuo de la purga petrolera, un material que vuela muy rápido, se traslada con el viento, es de alta contaminación, y aspirado por cualquier ser vivo produce alteración genética, conlleva al cáncer y a pérdida de fetos etc.

A las anteriores calamidades se suma el venteo en el estado Monagas, que es la quema de gas a la atmósfera, ese que se inyecta para hacer presión y salga el petróleo.

Aclara la Parlamentaria que la industria petrolera normalmente regula esa quema a niveles mínimos, pero que desde hace muchísimos años la deflagración está descontrolada, y es uno de los fenómenos que más produce gases de efecto invernadero en nuestro país.

“Y por último, no menos insolente, tenemos la política minera del Estado. Y fíjense que hablo de ella y no solamente en el alto del Orinoco, porque ciertamente es un vasto territorio de 111 mil kilómetros cuadrados que está siendo devastado por esa actividad.

Lamenta que allí se produzcan una serie de fenómenos sociales vergonzosos como la esclavitud moderna, la extinción de pueblos aborígenes, etc.

Pero la política del Estado va más allá del acto minero dañando parques nacionales donde hay tala y quema para la obtención del carbón, además de permisos que ha estado otorgando el gobierno con asociación de los Estados para explotación de minerales diversos que están destruyendo cauces de ríos que perturban embalses de agua, como es el caso de Lara con los Quediches.

Con esos puntos de impacto ambiental, asegura, hemos llamado la atención del mundo y las Naciones Unidas expuestos por la Asamblea Nacional y recogidos ahora en un informe de ciencias físicas, matemáticas y ambientales que reflejan cómo desde el Estado Venezolano, se ha llevado a cabo una política de afectación ambiental para la obtención de minerales y rápidas riquezas de nuestro país, sin tomar en cuenta la fragilidad de estos ecosistemas, que al fin de cuentas protegen la vida en Venezuela y la posibilidad de nosotros recuperar formas de economía sostenible para salir de la crisis en que nos encontramos.

Un camino que perdimos

La Diputada María Gabriela Hernández cierra melancólica el ciclo de terror narrado: “Si bien te he descrito un panorama bonito, quiero decir que Venezuela tiene la experiencia de haber sido uno de los primeros países en construir una sólida institucionalidad ambiental”.

Y fuimos ejemplo para el resto de la América, es decir, tenemos la experiencia para, en pasos agigantados, recuperar la ruta que perdimos en estos 23 años de dictadura, pero además remontar rápidamente el camino que ya vienen andando muchos países en relación a la sostenibilidad, a la disminución de los gases de efecto invernadero y a la adaptación de los pueblos.

Es algo, suspira, que los venezolanos hemos hecho, que sabemos hacer y sólo nos faltaría la pata del Estado libre y democrático para poder hacerlo.

“Por eso es tan fundamental que la lucha democrática se concrete prontamente a través de unas elecciones presidenciales donde podamos ir construyendo nuestro tendido social, nuestro atributo básico dentro de un estado democrático, y en particular la que “me atañe”, que es la institucionalidad ambiental en nuestro país; una ley de cambio climático importante también, porque es el mandato del tratado de París, y es donde están montados todos los países para frenar el calentamiento y poder decir que la vida en nuestro planeta puede continuar siendo viable si acometemos las acciones”.

Pues esta Ley, apunta, ya en Venezuela, con nuestra vasta legislación ambiental, tenemos mucho camino andado. Tenemos una ley de riesgo socio ambiental que recoge todos los principios de adaptación y reparación de ecosistemas, y una ley de ambiente que protege nuestros parques nacionales, que son las áreas bajo régimen de protección especial.

Legislación tenemos, dice con orgullo, lo que no tenemos es un Estado con instituciones de justicia, con instituciones administrativas que hagan que esas leyes se cumplan por parte de los ciudadanos como de las empresas del Estado o particulares.

“Entonces, vital para que nosotros podamos usar de manera racional y sostenible nuestros recursos para una institucionalidad  ambiental sólida, y  perfectamente usarlo todo en áreas de protección especial, en bosques, en parques nacionales para ser un país sumidero de gases de efecto invernadero, recuperando lo que hemos estado perdiendo durante estos 23 años”.

¿Cree que todas esas calamidades denunciadas que contribuyen al hundimiento del país, encuentren respuesta, solución y castigo para ver luz al final del túnel?

Tengo una profunda e inquebrantable fe en Dios, y por tanto en la humanidad. Sé que somos capaces de enmendar, de crear, de rectificar.

“El esfuerzo que se despliega desde las Naciones Unidas para atender la crisis climática, la cantidad de acuerdos, de exigencias, de políticas, es parte de esa demostración”.

Estoy segura que recuperada en Venezuela la democracia, seremos capaces de levantar una sólida institucionalidad ambiental, seremos capaces con ayuda y apoyo técnico de restaurar gran parte de atrás, y ecosistemas afectados por la devastación que se ha provocado en la dictadura.

“Hoy debemos empinarnos, sacudirnos la desesperanza, enfocarnos en restablecer la democracia y paso a paso restaurar el orden y el ambiente, hacer del segundo nuestro principal recurso para diseñar un desarrollo sostenible, superar la dependencia petrolera y la pobreza vergonzosa en la que se sumió nuestra nación. –

El Impulso

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