Manos Unidas denuncia la «violenta normalidad» en América Latina
16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz.
«Desde Manos Unidas estamos en contacto permanente con nuestros socios en el Chocó para monitorear la situación de las comunidades –explica Santolaya– y fortalecer el rol de las organizaciones locales en la defensa de los derechos humanos y la paz»
En un contexto tan fraccionado y polarizado, la intervención de Manos Unidas en Colombia se centra en las comunidades y los grupos más vulnerables
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), «la paz no solo es la ausencia de conflictos», sino que consiste en «aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida». Con este espíritu, la ONU declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz.
Desde Manos Unidas nos sumamos a las acciones de sensibilización en este día a través de la denuncia de la grave situación de violencia que soportan las comunidades indígenas y campesinas de Colombia; una violencia que ha llegado a afectar directamente a las comunidades y socios locales con los que trabajamos.
Ever Ortega y Luz Marina Arteaga
Composición fotográfica
En pocos meses hemos recibido dos terribles noticias de nuestros socios locales: en los primeros días del año encontraban el cuerpo sin vida de Luz Marina Arteaga, miembro de la Corporación Claretiana NPB –organización socia de Manos Unidas en la región del Casanare–, y hace pocos días ocurría lo mismo con Ever Ortega, colaborador del Servicio Jesuita de Refugiados.
La «violenta normalidad» en América Latina
Lamentablemente, estos asesinatos –realizados presumiblemente como «castigo» a Luz Marina y Ever por su labor junto a las comunidades y en defensa de los derechos humanos– han venido conformando una «violenta normalidad» que se extiende a lo largo de toda América Latina y que afecta sobre todo a aquellas regiones disputadas por actores con intereses en el agronegocio, las industrias extractivas y el narcotráfico.
Tal y como hemos venido haciendo recientemente al denunciar la violencia contra las poblaciones indígenas en Perú (aquí, aquíy aquí), en esta ocasión insistimos en alertar sobre la crisis humanitaria desatada en Colombia a raíz de una violencia que, según Carmen Santolaya, responsable de Proyectos de Manos Unidas en Colombia, se relaciona con tres grandes factores:
- La falta de compromiso y la débil implementación del proceso de paz ante el conflicto armado interno.
- La explotación de los territorios por parte de un modelo económico extractivista que se beneficia de la violencia para amedrentar o controlar a los pobladores.
- El incremento de la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, de la que el «paro armado» decretado el 5 de mayo por el «Clan del Golfo» sería el último episodio de una «guerra» que sigue cobrándose víctimas en Colombia.
Aunque los ataques –en forma de amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos– se suceden a lo largo del todo el país, nos referimos a continuación a tres regiones en las que trabaja Manos Unidas.
«Que la defensa de los derechos humanos de las comunidades no cueste la vida»
Con este lema arranca el comunicado firmado, entre otras organizaciones, por el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) en Colombia, tras el reciente asesinato de Ever Ortega en el municipio de Norosí, en el Sur del departamento Bolívar. Ever era colaborador del SJR, líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Elena. Para el SJR, el liderazgo del joven se destacó por «su sencillez, carisma y disposición al servicio dinamizando procesos en favor de su comunidad».
A través de iniciativas apoyadas por Manos Unidas, Ever y otros jóvenes trataban de cumplir su sueño de arraigo y permanencia en el territorio a pesar de todas las dificultades. Se formaron en derechos humanos, en agroecología y economía solidaria, y junto a otros campesinos fortalecieron sus redes y sus medios de vida a través de viveros, cultivos sostenibles y cría de animales.
«Este territorio está en medio del paro armado –explica el SJR– y sus pobladores están padeciendo zozobra y miedo». «Sienten cómo se van quedando solos» y «sin un Estado que les proteja». Por esta razón, el SJR apela al Estado colombiano para «avanzar en la implementación del Acuerdo final de Paz, asumiendo con responsabilidad su obligación de proteger los liderazgos y la integridad de quienes habitan en territorios históricamente golpeados por la violencia».
El «paro armado» golpea al Chocó
La región del Chocó ha sido una de las regiones más afectadas por el «paro armado» impuesto por el Clan del Golfo, como ha denunciado el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, que ha alertado del cierre de los transportes y del obligado confinamiento que, bajo amenazas de muerte, ha sufrido la población.
Diálogo entre el ejército colombiano y activistas sociales
Foto: NPB
Tal y como se denuncia en un comunicado firmado por organizaciones colombianas e internacionales como Manos Unidas, el Chocó sufre «una compleja crisis humanitaria y de derechos humanos que, de acuerdo con el informe de las Misiones Humanitarias, se deteriora cada día más». En este sentido, las organizaciones piden «poner límites a la confrontación armada mientras se avanza en una negociación política que ponga fin al conflicto armado interno».
Muertes y desplazamientos en el Casanare
En el departamento del Casanare, la Corporación Claretiana NPB desarrolla con apoyo de Manos Unidas un programa de soberanía alimentaria junto a los pueblos indígenas del Resguardo de Caño Mochuelo, una zona de conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un grupo guerrillero disidente de las FARC-EP.
La Corporación Claretiana, que ha sufrido recientemente el asesinato de uno de sus miembros, Luz Marina Arteaga, hace un llamamiento a «desescalar el conflicto y que se respeten los convenios internacionales de derechos humanos».
Según Jaime León, director de la Corporación, «en lo que va de 2022 los asesinatos suman ya cerca de 150 solo en el Arauca», a lo que se suman «las personas desaparecidas, el desplazamiento masivo y el silencio institucional». «Las familias migran ante el temor de ser asesinadas –continúa León– y, quienes deciden quedarse, terminan atrapadas, confinadas y sufriendo el desabastecimiento».
¿Cómo trabaja Manos Unidas por la paz en Colombia?
En un contexto tan fraccionado y polarizado, la intervención de Manos Unidas en Colombia se centra en las comunidades y los grupos más vulnerables. De forma paralela, «impulsamos procesos productivos y de generación de ingresos para que la población pueda permanecer en sus comunidades de forma autónoma y que pueda disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales que ahora se encuentran en constante amenaza», afirma Santolaya.
Formación comunitaria en Colombia.
NPB
«Fortalecemos a las organizaciones civiles para que puedan defender su territorio ante los diferentes grupos armados y ante aquellos actores con intereses de mercantilización del territorio con graves efectos de expulsión de los pueblos originarios: indígenas, afros, campesinos», explica Carmen Santolaya, responsable de Proyectos de Manos Unidas en Colombia.
| Manos Unidas/RD
