Lupa por la Vida ante la difamación
El padre Infante subrayó algunas precisiones: "Nuestro informe no es una campaña contra ningún gobernador, es una campaña a favor de la vida"
Dos meses después de la rueda de prensa, el viernes 13 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Penal del estado Carabobo emitió una boleta de citación a los ciudadanos Marino Alvarado -abogado y coordinador de Exigibilidad de Provea- y al jesuita Alfredo Infante -coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla- por «la comisión del delito de difamación agravada y continuada» contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Dicha notificación fue recibida por Alvarado e Infante el lunes 16 del presente mes.
La noticia pronto corrió por las redes e impactó a la sociedad civil organizada y a la Iglesia. No se hizo esperar la solidaridad privada y pública, tanto nacional como internacional.
Con la finalidad de ofrecer la perspectiva de los imputados, de aclarar dudas y precisar asuntos, se llamó a rueda de prensa el jueves 19 de mayo. El encuentro estuvo presidido por el padre Infante y el señor Alvarado; Joel García, abogado defensor; el sacerdote Manuel Aristorena, en representación de la Compañía de Jesús, ante la ausencia en el país del provincial Rafael Garrido; el padre Manuel Zapata, director del Centro Gumilla, y representantes de organizaciones de víctimas como Alfavic, Orfavic y Madres Poderosas, además de miembros de la sociedad civil organizada. También estuvo presente el pastor Leovanys Fragoso, por la Iglesia evangélica.
Ante la inquietud de muchos por el estado de ánimo de los imputados, el padre Alfredo Infante, quien fungió de vocero principal, aclaró: «Quiero que sepan que tanto el señor Marino Alvarado y yo, padre Alfredo Infante, estamos afrontando este momento en paz, con fortaleza y con mucho diálogo y trabajo en equipo».
De igual modo, ante la experiencia de solidaridad y acompañamiento, resaltó: “Agradecemos enormemente la cercanía y solidaridad de muchas personas y organizaciones, que tanto pública como privadamente han mostrado su cercanía para con nosotros y nuestras organizaciones. Muy especialmente quiero agradecer a los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, quienes desde distintos puntos de la geografía nacional, con sus palabras, oraciones y mensajes de aliento, nos han dado un espaldarazo, el más importante para nosotros por nuestra misión en defensa del derecho a la vida”.
También aprovechó la oportunidad para aclarar la misión de Lupa por la Vida: “El programa Lupa por la Vida es una alianza entre el Centro Gumilla y Provea y tiene como misión monitorear las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estamos del lado de las víctimas y sus familiares, esa es nuestra parcialidad. No pretendemos otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho en nuestro país, para que haya Verdad, Justicia, reparación, para la no repetición”.
Seguidamente, el padre Infante subrayó algunas precisiones: “Nuestro informe no es una campaña contra ningún gobernador, es una campaña a favor de la vida. Nuestro informe es nacional, no está focalizado en el estado Carabobo. Es un informe nacional, georeferencial, donde se evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En este marco, se evidencia que entre las policías regionales, la policía del estado Carabobo fue la más letal con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales; por primera vez se superan los indicadores del estado Zulia, que tradicionalmente ha sido el más letal. Pueden entrar y revisar la página web de Lupa por la Vida”.
Continúo insistiendo que se deben investigar las presuntas ejecuciones en todo el país y cortar el círculo letal de la impunidad: “Hemos insistido que se debe hacer una investigación para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, haya justicia y reparación y se detenga el círculo de impunidad. Pedimos investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, no solo en el estado Carabobo, sino en todo el país, es un hecho extendido. Revisen nuestros mapas en nuestra web. Los familiares de las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia”.
También precisó el vocero que pedir investigación es un deber ciudadano: “Estamos convencidos que pedir investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano amparado por la Constitución. No es un delito. La investigación no debe ser solo para identificar a los ejecutores de los hechos, sino también a la cadena de mando. En el caso de las gobernaciones, según la Ley de Policía, los gobernadores son el último eslabón. Una investigación imparcial contribuiría a la salud de la institución y, ayudaría al acceso a la justicia para los familiares de las víctimas. Al hablar de presunción, no se está haciendo un juicio, se está planteando la necesidad de una investigación como camino para acceder a la verdad. Es necesario identificar si hubo o no ejecución y si tal ejecución fue un hecho aislado o es parte de una política de Estado».
El sacerdote y activista advirtió que las elevadas cifras de ejecuciones extrajudiciales son un indicador de que es urgente una reforma policial: “En LxV hemos venido insistiendo en que hay que hacer una reforma policial efectiva e integral, que tome en cuenta, también, la formación y calidad de vida de los policías. La misión de la policía es cuidar la vida, no matarla”.
Remarcó que está instalado un modelo represivo de seguridad que afecta principalmente a los habitantes de las comunidades pobres: “Valoramos la colaboración de cualquier gobernación que decida detener los ciclos de impunidad y la criminalización de los sectores populares, pues, casi el 100 por ciento de las víctimas son jóvenes, varones, de sectores populares. En Venezuela está instalado un imaginario que criminaliza a los jóvenes de nuestros barrios; pareciera que para los planes de seguridad del Estado, ser joven, varón, de origen popular es equivalente a ser delincuente. Esto es injusto”.
Insistió el padre Infante que lo que les mueve es la defensa del derecho a la vida y ser portavoces de las víctimas; por ello, precisó: “Quiero dejar claro que no tenemos nada personal contra el gobernador Lacava, lo único que hemos hecho ha sido visibilizar los resultados de nuestro monitoreo. En mi caso particular, como hombre de fe, me mueve la reverencia por la vida y el sagrado mandamiento ‘No matar’ y mientras existan estas amenazas contra la vida, la Iglesia mantendrá su voz y acción a favor de las víctimas y a favor de restablecer el Estado de derecho”.
Finalmente, el jesuita dirigió un mensaje al gobernador de Carabobo: “Le preciso nuevamente el mensaje inicial, nuestro informe no es contra su persona, es a favor de la vida. Recomendamos que en vez de tomar medidas contra quienes buscan defender la vida, presione a la fiscalía para que abra una investigación sobre los presuntas ejecuciones extrajudiciales. Si así lo hiciera, estaría sentando un precedente importante en materia de DD.HH. en nuestro país. ‘Bienaventurado los que tienen hambre y sed de Justicia porque serán saciados’ (Mt 5,6)”, concluyó.
—-
[1] El informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, publicado en marzo por Lupa por la Vida, está disponible haciendo clic aquí: https://lupaporlavida.org/
13 al 19 de mayo de 2022/ N° 144
