Las peculiares razones de Gabilondo para investigar abusos única y exclusivamente en la Iglesia

Se podrían investigar todos los abusos a menores en España, como hace, por ejemplo, el Parlamento alemán en su país, pero se investigarán sólo los de la Iglesia Católica porque, dice Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, a ella (y parece que sólo a ella, no se sabe por qué) «se le puede exigir una ejemplaridad extraordinaria». Además, dijo que no se puede investigar «todo el mundo, todo el universo», porque conoce «muchos casos de paralización por elevación» y considera que investigar sólo a la Iglesia Católica es «una propuesta realista y viable».

Sin embargo, otros países (Alemania, Nueva Zelanda, Inglaterra) sí han creado equipos de investigación que cubran todo tipo de ámbitos y no están «paralizados por elevación».

El caso de España es único e insólito: es el único país que se interesa exclusivamente por los abusos a menores que se cometen en la Iglesia Católica.

Ángel Gabilondo hace poco era el candidato socialista a gobernar la región de Madrid, y antes fue Ministro de Educación en España de 2009 a 2011. ¿Qué hizo el Ministerio entonces, o después, para estudiar, prevenir o combatir los abusos a alumnos en escuelas de todo tipo?

Desde hace algo más de un año es el Defensor del Pueblo. Una votación del Congreso -con los votos en contra sólo de Vox- le encomendó hace tres meses que investigue los abusos sexuales a menores, pero exclusivamente en entornos de la Iglesia Católica. Al Congreso no le interesa investigar los abusos a menores en entornos de otras religiones, deportivos, escolares, criminales o asociativos. Sólo le interesan los casos católicos, aunque hay indicios de que son estadísticamente irrelevantes frente al total.

Gráfico de la investigación de la Fundación Anar sobre los agresores sexuales en España entre 2008 y 2019, según  la muestra que recogieron. El informe realizado por la Fundación ANAR sobre el abuso sexual a menores de edad en España entre enero de 2008 y mayo de 2019, dado a conocer en marzo de 2021, muestra que tan sólo el 0,2% de los abusos contra menores en ese periodo -casos que ANAR recopila- tuvo como agresor a un sacerdote o religioso. Pero al Congreso y al Defensor le interesa sólo esa diminuta parte del problema.

Gabilondo no tenía ninguna obligación de aceptar el encargo (el Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato del Congreso), pero lo aceptó. Asegura que no es por sectarismo, sino porque se siente «un servidor público». Gabilondo es libre de ordenar una investigación en todo tipo de ámbitos, no sólo los católicos. Pero se niega a hacerlo.

Gabilondo presenta su proyecto ante los diputados

Este lunes Gabilondo acudió al Congreso, a una reunión con diputados de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a explicar que sí, se limitará a investigar sólo los abusos en la Iglesia Católica.

A ello dedicará 3 personas (dos administrativos, un coordinador) y 7 entrevistadores que hablarán con víctimas. Se asesorará con 20 expertos, incluyendo algunos de los que ya trabajan con la Iglesia. El resultado será un informe con datos y recomendaciones para los diputados, que se hará público y se entregará al Congreso. ¡Él mismo admitió que quizá una de las recomendaciones sea investigar abusos en otros entornos!

Ante las acusaciones de que se trata de una persecución contra la Iglesia, respondió: «Si hay que fijarse en lo que ha sucedido en la Iglesia no es por un afán persecutorio de una institución, sino por un reconocimiento de una institución, a la que precisamente se le pude pedir una ejemplaridad extraordinaria en lo que tiene que ver con el cuidado de las conciencias, del espíritu, de las vidas, de los cuerpos de los más jóvenes».

Los diputados que piden investigar todos los ámbitos

«¿Se imagina usted que decidimos investigar los abusos en el deporte… pero exclusivamente los de la Federación Nacional de Judo? ¿Por qué lo circunscribimos solo a la Iglesia?», le planteó el diputado de Vox por Valencia, Julio Utrilla.

Ángel Gabilondo presenta ante algunos diputados su plan para investigar los abusos a menores en la Iglesia Católica, y sólo en la Iglesia Católica.

Antes, su compañero Pablo Calvo, diputado de Vox por León, expuso una serie de argumentos tomados del recurso de amparo presentado el pasado viernes por E-Cristians y One of Us ante el Tribunal Constitucional, recurso al que Gabilondo se refirió brevemente y con aspecto molesto.

El diputado Calvo dijo: «Muchos nos tememos que se está haciendo una campaña de desprestigio contra la Iglesia con la ayuda de medios de comunicación empeñados en asociar a los católicos con la pederastia y la creación de esta comisión no es más que un eslabón en la cadena de criminalización. Se esconden las víctimas de los entornos que dependen de la administración, y de espectáculos, clubes deportivos, juveniles… Y una investigación así aportará resultados distorsionados, como hacer invisibles a las niñas», advirtió.

(Mientras los abusos a menores en la sociedad en general se cometen sobre todo contra niñas, en los entornos de Iglesia se cometen en más del 80% contra niños, sobre todo si se incluyen víctimas de internados de los años 50, 60 o 70 y seminarios).

Calvo pidió investigar «todos los casos, en todos los ámbitos, como hace el Bundestag alemán en su investigación que empezó en 2015 y aún continua». La mención al Bundestag alemán es relevante (es el país con la investigación más amplia) porque demuestra que un país puede investigar todos los casos y ámbitos, si dedica recursos y esfuerzo.

El diputado de Vox por León añadió que «juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde al poder judicial, no al legislativo. Ya sé que a la izquierda esto de la división de poderes le resulta muy difícil. Una comisión para perseguir a una etnia o religión está fuera de la Constitución. Este acuerdo discrimina a todos los católicos, lo que vulnera el artículo 14 de la Constitución, y el artículo 9.3 que impide a los poderes públicos las decisiones arbitrarias y sin motivos suficientes».

Como la portavoz de Unidas Podemos en la sala, diputada por Córdoba, había criticado a la Iglesia de inacción, Calvo le recordó que «la Iglesia española ya tiene establecida una comisión en cada diócesis y ha encargado una auditoría interna a un despacho de abogados de Madrid que prepara un informe. Es algo que ya se ha hecho en otros lugares, como Francia, o el encargado por el arzobispado de Múnich. Recemos por los que han sufrido abusos, recemos también por las almas de los abusadores, y si se empeñan en no trabajar por su reparación en todos los ámbitos, pronto tendremos que rezar también por ustedes».

Podemos pide «decisiones políticas» y menciona el secreto de confesión

Martina Velarde, diputada de Unidas Podemos, de Córdoba, declaró: «No nos extraña que los obispos no quieran participar. Esto no es un tema de católicos o no, los católicos deberían ser los primeros interesados. Nuestra propuesta nace de lo que han informado los medios de comunicación. En Francia se detectaron más de 200.000 casos, que se dice rápido. Y aquí la Iglesia Católica española se ha negado a colaborar».

En realidad, la investigación francesa (como explicamos aquí en ReL) logró contactar con 1.630 víctimas concretas. Los supuestos «doscientos mil» casos (desde los años 50) son una hipótesis o proyección estadística. El mismo estudio considera que sólo un 6% de abusos a menores tenían alguna relación con la Iglesia, y mucho menos desde los 90. Y Francia tiene rasgos peculiares: por ejemplo, hasta 2021 el país ni siquiera tenía edad legal de consentimiento sexual).

Martina Velarde aprovechó para criticar a los obispos en general y al suyo en particular y multiplicar las cifras de abusos. «Muchos responsables de la Iglesia se escandalizan de que haya educación sexual en las escuelas, cuando esa educación sexual sirve para que los niños sepan detectar cuándo son víctimas de abusos. El obispo de mi provincia, de Córdoba, llama aquelarre químico a que los niños nazcan in vitro, y habla de la familia solo como la unión de un hombre y una mujer. Eso le escandaliza, y no miles, y miles, y miles de abusos sexuales. No podemos permitirnos que sigan existiendo tanta opacidad y vulneración de derechos de la infancia en el s.XXI».

Después de alabar la nueva «ley Rhodes» de protección de la infancia anunció que cuando el Defensor del Pueblo presente su informe final habrá «decisiones políticas». Y planteó: «¿Se debe revisar el secreto de confesión, o endurecer el control en esa cuestión?» También comentó: «En Irlanda hubo una investigación con un juez con potestad para llamar a declarar, pero aquí no somos jueces y no puede haber sentencia, pero ¿hay algún mecanismo del Defensor del Pueblo para que haya reparación efectiva de las víctimas?»

(Hay que recordar que en Irlanda se investigaron correccionales y entidades de tutela de menores que gestionaban entidades religiosas -no todas católicas-, algunas civiles, y siempre bajo encargo del Estado y las administraciones, cuya supervisión fue nefasta. Además, la mayoría de los abusos investigados eran palizas y maltratos, no sexuales. El Estado irlandés pidió perdón por su dejadez e ineficacia. También las entidades católicas.).

Al final de la sesión, la diputada de Podemos insistió en sus cifras asegurándole a los de Vox que «no son hechos aislados, sino cientos de miles de víctimas de abusos en todo el mundo. Son años de total impunidad, ocultados, que no se han traído a las instituciones». Pero lo mismo puede decirse del resto de abusos a menores «en todo el mundo» que no se investigan, incluyendo escuelas públicas, centros deportivos, etc…

Los otros diputados: PP, PSOE, PdeCat

Sergi Miquel, del PdCat, explicó que la formación independentista catalana apostó «por la vía del Defensor del Pueblo, y no una Comisión parlamentaria, para mejorar la privacidad de las víctimas. Lamentamos la postura poco afortunada de la Iglesia Católica de no implicarse como creemos que debería hacerlo».

Celso Delgado, diputado del PP por Orense, recordó que «el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta encomienda, si bien antes planteó una enmienda que intentaba que la investigación no se restringiese sólo a la Iglesia Católica». Declaró a Gabilondo que «vamos a dejarle trabajar», «reiteramos nuestra confianza y necesidad en que la Defensoría es un órgano válido para investigar estas cosas». Recordó que también la Iglesia investiga con el bufete de abogados Cremades y agradeció ver que uno de los expertos asesores pertenece al proyecto Repara de la diócesis de Madrid. Preguntó el papel de dos fiscales entre los asesores y qué pasará si acuden a la investigación víctimas de otros entornos, no católicos.

Y aseguró el diputado del PP: «Esto no es una investigación judicial ni puede ser una causa general contra la Iglesia Católica, como ha dicho en varias ocasiones y como creo que nadie de nosotros desea».

Juan Cuatrecases, diputado del PSOE por La Rioja, también alabó la «ley Rhodes» como una ley pionera en protección de la infancia. Habló contra «la negación, el silencio y la impunidad», «piedras que parte de las congregaciones y jerarquías eclesiásticas utilizaron y siguen utilizando de un modo vil contra los daños, secuelas e integridad de las víctimas». Citó a Hans Zollner, jesuita y uno de los expertos en abusos en la Iglesia: «la realidad es que tenemos que ofrecer una reparación justa, aunque la justicia nunca será completa». Y citó a otro clérigo investigador de abusos, Jordi Bertomeu: «Reconocer que hemos fallado es el inicio de la solución a este problema».

Luego citó a Leonor, una niña ya adulta, que dijo: «las niñas y niños agredidos por la Iglesia Católica somos parte de la memoria histórica de este país, que intenta ser silenciada y negada. Negación por parte de quienes siguen negando la gravedad y los porcentajes». Aseguró además que, a raíz de esta investigación, habrá un «paraguas de prevención y protección, con medidas que repercutirán en otros ámbitos».

Pero, cabe preguntarse, ¿tiene utilidad un estudio que detectará sobre todo abusos homosexuales en internados y noviciados de los años 60 para dar ideas sobre cómo proteger a los niños (y más aún a las niñas) de 2023, un mundo muy distinto, de internet en el móvil, grooming, sexting, niños en redes sociales, familias rotas e hipersexualización?

Gabilondo: no es persecución, es reconocimiento

Gabilondo admitió que algunos ven peligro de que «esto se convierta en un juicio a la Iglesia, sí o no, si es necesario someterla a algún tipo de prueba de estrés. Yo no estoy en esa cosa, ni creo que tampoco el Congreso. Es un asunto de la salud social y de nuestras instituciones», dijo.

«Desde el respeto a la Iglesia puede pedírsele una ejemplaridad extraordinaria respecto a estos asuntos, en las relaciones con los que están en más indefensión», añadió. «Si hay que fijarse en lo que ha sucedido en la Iglesia no es por un afán persecutorio de una institución, sino por un reconocimiento de una institución, a la que precisamente se le pude pedir una ejemplaridad extraordinaria».

E insistió: «No me sorprende que la representación popular reunida entienda que hay que empezar por mirar a aquella que ha de ser una referencia. Ya veremos si me equivoco, pero la Iglesia misma creo que tiene conciencia de que tiene que afrontar este asunto de verdad, porque en ello se juega mucho».

Gabilondo quiso luego puntualizar que aunque la Conferencia Episcopal no quiere participar como tal en su investigación, eso no significa que otras entidades de Iglesia no colaboren. Por ejemplo, dijo, «la Confer, la Confederación de Religiosos, con creo que 500 congregaciones, muchos de ellas de enseñanza, donde presuntamente han ocurrido muchos de los casos», en un comunicado del 17 de junio expresó su «voluntad de colaborar».

«Se pronuncian cristianos de base, que ven esto con buenos ojos. Y muchos cristianos, que están en nuestra comisión, que a nadie se le ha pedido el carnet de ser o dejar de ser católico para estar en la comisión, dispuestos a abordar desde su experiencia. Si está Repara [el programa para víctimas que patrocina el obispado de Madrid], algún obispo habrá dado el visto bueno para que eso pueda suceder. No demos por supuesto que la Iglesia no va a colaborar. Pero de una u otra manera me han llevado a la orilla del río para decirme que no iban a participar [se refiere a la Conferencia Episcopal]. La respuesta ha sido no, a muy última hora».

Entre los expertos asesores están, efectivamente, Miguel García-Baró, coordinador del Proyecto Repara; Paula Merelo, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia y profesora de ESO (aunque el Parlamento pide investigar sólo los abusos a menores). También participará la investigadora del Instituto Vasco de Criminología y experta en victimología, Gema Varona, o los investigadores Josep Maria Tamarit o Noemí Pereda.

La lista completa de asesores se puede consultar aquí.

Por parte de la institución participarán el propio Defensor del Pueblo, la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril (antigua diputada del PP, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA en 1998) y la adjunta segunda, Patricia Bárcena (fue una impulsora de CEAR, Comisión de Ayuda al Refugiado).

No hay coerción, sólo puede haber convicción

Sobre la falta de capacidad de coerción del Defensor del Pueblo para investigar lo que no sean entidades administrativas, respondió: «Yo no suelo trabajar con medios de coerción. Hay una cosa llamada el Concordato. Es un acuerdo entre dos Estados, el español y el Vaticano, acuerdo internacional, que incluye que no se pueden abrir los archivos de la Iglesia. Eso es algo con lo que vamos a topar. Así que debemos recurrir a la implicación y la convicción. Nos han dicho que la Iglesia nos dará información. Otros, que solo de casos que pidamos».

Sobre la reparación a las víctimas señaló: «hay muchas formas de reparación, y muy distintas. Vamos a ver cuáles serán pertinentes para proponer». Eso sí, su informe es un encargo público y las reparaciones que proponga, avisó, serán públicas.

Añadió que «hay toda una escuela de la reparación, mucha gente en muchos proyectos de reparación, en el seno de la Iglesia hay muchos mecanismos para la reparación. Pero esta institución es publica y tendrá repercusión pública, no será solo particular, salvo casos de respeto a intimidad».

El recurso de amparo al Constitucional

Gabilondo hizo una alusión no muy vertebrada al recurso de amparo por discriminación contra los católicos que E-Cristians y One of Us elevaron el viernes al Constitucional (en realidad, se denuncia al Parlamento, que encarga la investigación, no al Defensor).

«Quiero pensar que la Iglesia colaborará. No deben pensar igual quienes han llevado este asunto al Tribunal Constitucional», mencionó Gabilondo, con gesto, al parecer, molesto.

«Es más, comprendo que haya un debate sobre si hubiera sido más ajustado investigar todo tipo de víctimas. Así se expresan, y así lo ha expresado el grupo Vox. Ha dado argumentos que más o menos son los presentados recientemente en el escrito de amparo al Tribunal Constitucional donde se habla… Bueno, desde luego la Iglesia no es un grupo étnico y no se hace ningún tipo de persecución étnica a la Iglesia. Sí, es muy probable que sea necesario investigar los abusos en mayor dimensión. Es probable que lo pongamos incluso en unas conclusiones. Sí, porque tenemos información de que en el ámbito familiar, el deportivo, institucionales, donde hay confianza y poder, hay situaciones de dominio, abuso, y abuso sexual. Y conozco muchos casos de paralización por elevación. Dicen: ‘vamos a investigar este caso’. ‘No, mejor todo el mundo, todo el universo’… y mientras tanto, ese caso no se investiga. En este momento hay una propuesta realista y viable que hemos de hacer».

A esta argumentación se le puede responde, simplemente, que Alemania, Nueva Zelanda e Inglaterra sí investigan los abusos en todos los ámbitos, algo que muestra que hacerlo es «realistas y viables».

Y continuó así Gabilondo. «¿Y si viene alguien que no es abusado en la Iglesia, sino de otro ámbito, qué vamos a decirle: ‘se ha equivocado usted de ventanilla’? Pues le vamos a acoger, orientar, orientarle sobre si debe ir a Fiscalía. Hay quejas de que no tenemos competencias para atender, pero señalamos en qué dirección ir. Ahora centrémonos en la encomienda recibida. Ustedes [los diputados] me hicieron la encomienda a mí, yo no se la pedí. Debatieron, votaron, ya decidieron. Yo soy un Alto Comisionado de las Cortes Generales, ¡somos las Cortes Generales!. Y una vez hemos decidido, asumimos las consecuencias. ¿Que podía hacerse para todos [los casos, no sólo los católicos]? Quizá. Pero he entendido que hay razones para exigir a la Iglesia una actitud singularmente valiosa de ejemplaridad. Y no es afán de perseguir a nadie».

¿Qué puede investigar el Defensor del Pueblo?

La ley española dice que el Defensor del Pueblo existe para investigar administraciones, no ciudadanos ni entidades privadas. Pero Gabilondo quiso justificar que realice otras funciones.

«Somos más que lo que dice la Ley del Defensor del Pueblo. No sólo supervisamos la administración, sino que además somos la Institución Nacional de Derechos Humanos. Naciones Unidas decidió que fuera el Defensor del Pueblo. Y me veo en la obligación de defender los derechos de niños, adolescentes, y no hago una cosa rarísima al aceptar esta encomienda. Dicen que debería haberlo rechazado. Me parece que se puede y debe trabajar con las competencias que tenemos. Hemos tenido otras encomiendas, tuvimos una sobre víctimas de ETA, hicimos un informe, se entregó a las Cortes. Cuando tengan el informe pueden reabrir el debate y plantear si pueden universalizar el asunto. De ustedes sale, y a ustedes volverá. Con consideraciones y propuestas».

Añadió que el Defensor del pueblo «recibe indicaciones de todo el mundo, como se ve esta tarde. Tengo el despacho lleno de informes de todo tipo de asociaciones. Son material de trabajo pero no mandato imperativo. Nadie nos hace mandato imperativo».

Explicó que la presencia de dos fiscales en la lista de asesores es para que puedan orientar y que hacen de enlace (al parecer, con cierta regularidad) con esta institución.

¿Cuánto tiempo durará la investigación? No puso límite, aunque señaló que el personal contratado tiene contrato por un año, renovable, y que la legislatura acaba en un año y medio.

«Depende de la cantidad de gente que acuda a declarar. Los irlandeses pensaban que en año y medio lo resolvían. Y no les faltaron recursos, parece que tuvieron muchísimos. Otros dijeron: a los doce meses, entregamos lo que hayamos sido capaces de hacer. Pero es un poco violento no escuchar a las víctimas y asociaciones que quieran presentarse. Puede pasar que en un año y medio acabe la legislatura. El mandato puede ir más allá».

Apuntó que en los primeros días de julio su equipo empezará a trabajar oficialmente y anunciará los buzones y teléfonos de contacto para víctimas o denunciantes. Dará cuenta al Congreso compareciendo con reuniones a través de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo. «No hemos hecho un presupuesto. Según se vaya gastando de un remanente, iremos dando cuenta y ustedes, las mesas del Congreso y Senado, lo irán aprobando«.

Detalló que en realidad no hay muchas asociaciones de víctimas de la Iglesia como tal. «Yo las convoco a todas. Y ya veremos lo que dice el consejo asesor. Yo tengo que asesorarme con el consejo asesor».

Negó hacer la investigación exclusiva para entornos católicos por «sectarismo», sino porque se siente un «servidor público», por servir «al Parlamento, que me ha hecho una encomienda, sin necesidad de desprestigiar a nadie». E insistió: «Sí comparto que la Iglesia Católica debe ser la primera interesada en que esto se haga bien y se haga seriamente. Se beneficia a la sociedad y la institución si se distingue, separa y se repara al que ha sido dañado».

Sobre la investigación del bufete Cremades por encargo de la Iglesia, dijo: «Cada uno hará su camino. Pero me parece que no está mal que una institución pública se ocupe de estos asuntos».

Y a la petición de que investigue todos los abusos por iniciativa propia, respondió: «Nosotros [el Defensor] no podemos hacer de oficio todo lo que se nos ocurra. Hemos hecho 112 actuaciones de oficio desde que estoy en el cargo. Pero sabemos que si el asunto está judicializado no podemos intervenir. El caso de Valencia [de menores tutelados por la Generalitat abusados] lo examinamos por una petición del Grupo Popular en el Congreso, pero no somos un juzgado ni tercera cámara, la Justicia nos dijo que esperáramos. Y hay un protocolo de colaboración: no actuamos si está actuando el Síndico de la Comunidad Autónoma».

El Defensor sí emprendió otra investigación de casos de menores en centros tutelados por Administraciones en toda España, «una investigación en curso». Y ya hizo unas consultas sobre abusos en centros tutelados en Mallorca antes. «Y está en curso, abierto».

Vídeo con el encuentro completo aquí; lo más interesante es: la intervención de Martina Velarde (Podemos), en 50:25; Pablo Calvo (Vox), en 1:06:00; respuestas de Gabilondo en 1:47:00; respuestas de Julio Utrilla (Vox) en 2:19:30.

Pablo J. Ginés

21 junio 2022