La política de los apagones de internet aplicadas por algunos gobiernos son graves violaciones a los Derechos Humanos
Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los DDHH, reveló que en los últimos seis años se han producido al menos 931 apagones de internet dirigidos desde los gobiernos, unas acciones que consideraron violatorias de los DDHH. La ONU insta a las empresas a compartir rápidamente información sobre las interrupciones y asegurarse de que toman todas las medidas legales posibles para evitar los cierres que se les ha pedido que implemente
Como ataques graves en contra de los derechos humanos, así catalogó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los apagones de internet ordenados desde los gobiernos para afectar directamente a la ciudadanía.
En un informe publicado este jueves 23 de junio por el organismo dirigido por Michelle Bachelet, que hasta agosto estará al frente de esta oficina, se analizan las interrupciones intencionadas del acceso a internet y otras comunicaciones efectuadas por los gobiernos, así como sus causas y consecuencias.
«Con demasiada frecuencia se ralentizan o bloquean los principales canales de comunicación o redes de comunicación enteras» destaca el escrito.
Además, señala que con estas decisiones restrictivas «privan a miles o millones de personas del único medio que tienen para ponerse en contacto con sus seres queridos, realizar su trabajo o participar en debates y decisiones políticas».
Entre el 2016 y el 2021 se identificaron 931 apagones de internet en 74 países, varios de ellos ocurrieron en simultáneo y durante un tiempo prolongado.
Durante la presentación de este informe Peggy Hicks experta de la Oficina de DDHH de la ONU, dijo que los cortes al servicio de internet «son poderosos marcadores de problemas de derechos humanos».
«Se ha constatado que las interrupciones intencionales de los servicios de internet ocurren más en periodos electorales, lo que impide que los ciudadanos accedan a información independiente», destacó.
El informe revela cómo en países como China los gobiernos además de recurrir a un bloqueo de conectividad, prohíben el acceso a importantes plataformas comunicacionales y de interacción social, como lo son WhatsApp, Twitter o Telegram.
A esto se le suma la confirmación de que los gobiernos suelen evadir sus responsabilidades cuando son acusados de cometer estas prácticas. Es así como de los 55 países países en los que diversas organizaciones se atrevieron a denunciar estos bloqueos, ningún gobierno o jefe de Estado admitió tener algo que ver.
El informe insta a los Estados a abstenerse de imponer cierres, maximizar el acceso a Internet y eliminar los múltiples obstáculos que se interponen en el camino de la comunicación. El informe también insta a las empresas a compartir rápidamente información sobre las interrupciones y asegurarse de que toman todas las medidas legales posibles para evitar los cierres que se les ha pedido que implementen, cita la nota de prensa de la ONU.
Los países que reconocen haber cortado el acceso a internet alegan motivos de seguridad pública, defensa contra ataques racistas o lucha contra la desinformación, pero la ONU considera que en realidad se provoca el efecto contrario porque «se fomenta la confusión y aumenta el riesgo de división y conflicto”.
Para la economía de los países, los efectos también resultan seriamente perjudiciales ya que aumentan los costes para el empleo, la educación, la salud y la participación política.
«Los apagones de Internet también conllevan importantes costos económicos para todos los sectores, interrumpiendo, por ejemplo, las transacciones financieras, el comercio y la industria. Los impactos económicos provocados por los cierres se sienten durante largos períodos de tiempo, lo que exacerba en gran medida las desigualdades sociales y económicas preexistentes (…) Los cierres profundizan efectivamente las brechas digitales entre y dentro de los países», advierte el informe.-
EFE
