El destino de Colombia y el gobierno de Petro

Julio César Moreno León:

La victoria de Gustavo Petro lleva al poder a la izquierda radical marxista colombiana en reñida elección que retrata la profunda división en el país vecino.

El antiguo guerrillero integrante del grupo armado M-19, que el 6 de noviembre de 1985 asaltó el Palacio de Justicia con un saldo de 101 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, es electo presidente después de haber sido derrotado en las elecciones de 2010 y en las del 2018.

En la segunda vuelta de esta campaña, el electorado colombiano se divide en dos bloques irreductibles. Un sector advierte el peligro en que se encuentra la democracia ante la candidatura del llamado Pacto Histórico. Mientras, el otro sector se pronuncia por un cambio radical del sistema político, denuncia que se prepara un atentado para matar a Petro, señala que hay peligro de fraude y que si esto ocurre responderán con violencia en las calles.

Ante estas amenazas, el presidente Duque ordena un gigantesco operativo de seguridad en los días cercanos a la elección, que incluye la detención de grupos violentos que participaron en disturbios ocurridos el año 2021 en respuesta a la frustrada reforma tributaria anunciada por el gobierno.

En medio de esta agresiva campaña, el comando Petro no se detiene ante barreras éticas o legales.  Así lo demuestra la revista Semana cuando publica la grabación de reuniones de ese comando, en las que se planifican campañas de desprestigio y destrucción moral de los candidatos Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, quienes compitieron en la primera vuelta electoral.

En estos audios y videos se detallan las acciones a realizar destinadas a vincular a Federico Gutiérrez con el narcotráfico, a fabricar historias denigrantes que le resten apoyo en las mujeres, y presentarlo como una marioneta del presidente Duque, con el fin de destruir su imagen pública.

Y se aborda también en esas grabaciones el problema que representa para la campaña del Pacto Histórico las visitas de Fernando Petro, hermano del candidato, y de otros dirigentes de la campaña, a la cárcel de “La Picota”. En estas reuniones se le ofrece a un grupo presos “extraditables” vinculados a los cárteles de la droga impedir las extradiciones a Estados Unidos a cambio del apoyo de esas bandas criminales.

Federico Gutiérrez acude a la Corte Suprema de Justicia para denunciar estos hechos que atribuye “al comando de Petro y a su banda criminal”. Acusa a quienes coordinan los contenidos ilegales e injuriosos de esa campaña, y en especial al senador Roy Barreras, quien aparece en algunos de los videos dando instrucciones, al lado de Petro, para la implementación de los planes de destrucción de sus adversarios.

A las puertas de la Corte Suprema, Federico Gutiérrez afirma, “lo que conocemos ahora en los medios demuestra lo que denunciamos en su momento. Se debe tener en consideración que la política tenga estándares de valores, de ética y de principios y estas personas han hecho todo lo contrario.

Si así son en campaña, solo imagíneselos gobernando».

Gustavo Petro es el presidente colombiano que, electo en el ambiente de mayor polarización política, exhibe la más precaria ventaja sobre el candidato perdedor. Logra el 50.44 % de los votos contra el 47,3% de Rodolfo Hernández. Estos resultados expresan la grave división de la sociedad colombiana ante la etapa de cambios profundos prometidos por el nuevo gobierno.

Si hacemos un breve recuento de las últimas cinco elecciones presidenciales de nuestro hermano país, vemos cómo Álvaro Uribe es electo en el 2002, para su primera presidencia, con el 54 % frente al 32% del Liberal Horacio Serpa, y en 2006 es reelecto con el 62,51 % de los sufragios, derrotando a Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo, quien obtiene el 22,02 %.

En 2010 Juan Manuel Santos gana con el 69,56 % frente al 27,44 % de Antanas Mockus; en 2014 se reelige logrando el 50.99 %n ante el 45% de Oscar Iván Zuluaga. Y en 2018 Iván Duque triunfa con el 54.3% contra el 41.7 % de Petro.

Uribe logró los más importantes éxitos políticos y militares en su lucha frente a la subversión; Santos impuso su  diálogo con la guerrilla y pudo hacer aprobar los acuerdos de La Habana. Y Duque soportó los efectos económicos y políticos que produjeron la pandemia y los intentos desestabilizadores de la extrema izquierda y el Foro de Sao Paulo.

Al margen de la valoración que hagamos de esos gobiernos, lo importante es destacar que sus gestiones se realizaron con una base sólida de respaldo ciudadano y sin representar amenaza alguna para el orden democrático, el sistema político y económico, el pluralismo y las libertades individuales.

Ahora, consciente de las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad de un gobierno que nace con las reservas y temores de medio país, Petro convoca a la “unidad nacional” con el apoyo de las bancadas parlamentarias del Partido Liberal y del Partido Conservador. De esa manera estos partidos luego de haberse opuesto a Petro en la campaña electoral, se convierten en partidos de gobierno.  Sólo el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe ratifica su condición de grupo parlamentario de oposición.

Sin embargo, esta maroma política que resuelve inicialmente el problema de la aprobación de las leyes necesarias para la implementación del programa de gobierno, produce un efecto negativo en los votantes de esos partidos, que se sienten traicionados por sus dirigentes a cambio de puestos y prebendas. Por ello Omar Yépez, presidente del Partido Conservador, presenta su renuncia al cargo en desacuerdo con la posición de sus parlamentarios.

3- Finalmente, tratando de adivinar cuál será el desenlace de un gobierno que aún no comienza nos preguntamos cómo logrará el nuevo presidente armonizar su supuesta política de unidad nacional con los cambios radicales que ha prometido en su campaña y en su plan de gobierno.

Entre los cambios más polémicos está la reforma de la Policía Nacional, adscrita desde 1953 al Ministerio de la Defensa. Se proyecta el pase de ese cuerpo armado a un nuevo ministerio bautizado con el nombre de Ministerio de la Paz y la Convivencia. Para el nuevo gobierno se trata de un cambio importante destinado a “humanizar” la tarea policial. Para los adversarios del proyecto el objetivo es politizarla y convertirla en un instrumento de control y represión. Lo cierto es que la policía colombiana es considerada una de las más profesionales y eficientes del mundo.

Y como parte de las recomendaciones de la llamada “Comisión de la Verdad” se proyectan medidas relacionadas con las funciones de las Fuerzas Armadas que reducen su tamaño y redimensionan su objetivo. Ambos proyectos están basados en la idea de que la policía y los militares han sido los organismos de represión de las clases dominantes, y según recientes declaraciones de Petro al diario El País de España, “han sido conducidas a perpetrar actos dantescos contra los derechos humanos”.

Por su parte Francisco de Roux, el jesuita presidente de la Comisión de la Verdad, uno de los mentores de la izquierda comunista colombiana, con su visión sesgada del conflicto armado se pronunció en ese polémico informe en contra del ejército, al que equipara con la FARC y el ELN en la responsabilidad de violaciones de los derechos humanos. Y llegó a decir “un ejército así debe ser disuelto”.

Otros temas de igual o más importancia nos anuncian posibles conflictos que esperan al presidente Petro y a los sectores democráticos que se le oponen. El narcotráfico y el cultivo de la coca basado en “un nuevo paradigma” es uno de ellos. Por lo pronto, es claro que se prohibirá la dispersión aérea con glifosato que ha sido implementada por Iván Duque, y que actores del gobierno a instalarse, como la vicepresidenta Francia Márquez se hann manifestado a favor de regular las drogas, ante lo que considera el fracaso en las políticas realizadas históricamente.

Y es decisión tomada la suspensión de los acuerdos de extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos.  Las violentas protestas de Petro por la extradición de alias “Otoniel” el otrora poderoso jefe del cártel de golfo fue un anuncio de su oposición a las extradiciones.

La reforma tributaria y la política frente al sector privado de la economía serán otros temas que pondrán a prueba el acuerdo nacional suscrito con los partidos tradicionales. En todo caso destacamos las declaraciones de Petro dadas al diario El País de España en las que manifestó que “las reformas se hacen el primer año o no se hacen”. Veremos si es posible.