En una carta suscrita por ocho expertos en áreas de servicios públicos, que encabeza José María de Viana, urgen a los funcionarios de los organismos multilaterales a introducir correctivos y «ser parte de la solución», pues el uso de fondos de cooperación previos se ha hecho «con escaso criterio técnico y sin transparencia administrativa» lo que ha aumentado los costos «entre dos y cinco veces» por «las malas prácticas». En el caso concreto de fondos invertidos por Unicef en Venezuela, indican que «no han sido transparentes y no permiten el control ciudadano»
El ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital, José María de Viana encabeza una carta suscrita por otros siete expertos en áreas de servicios públicos, dirigida al actual presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, y al coordinador residente de la ONU en Venezuela Gianluca Rampolla, con el fin de presentarles algunas conclusiones luego de las experiencias vividas por los venezolanos en las últimas dos decadas.
La carta responde a un reciente acuerdo firmado en días pasados entre la CAF y la ONU para auxiliar al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la carta instan a los organismos multilaterales a «adoptar las mejores prácticas administrativas reconocidas mundialmente y así ser eficaces y eficientes en el manejo de los ingentes recursos públicos que les tocará administrar».
Suscriben la carta, fechada el 9 de julio, además de de Viana, German Uzcátegui Briceño, César Aguirre Urbaneja, Manuel Guevara Baro, María Elena Corrales, Elena Vega Ribas, Norberto Bausson García y Miguel Nucete Hubner.
Recuerda el texto que en los últimos 20 años se han contabilizado inversiones por «más de 100 mil millones de dólares en el servicio eléctrico y más de 10 mil millones de dólares en agua potable, cifras equivalentes a las necesarias para desarrollar toda la infraestructura productiva de agua potable y electricidad con la que contó el país a principios del presente siglo».
Resaltan que se han hecho desde el Ejecutivo un conjunto de malas inversiones y se han registrado fallas en la concepción y ejecución de proyectos, donde se han invertido cantidades de recursos y las obras han quedado inconclusas y abandonadas, representando así una gran fuga de dinero que pudo haberse usado en cosas que realmente necesita la población.
«Todas estas malas prácticas no han sido responsabilidad exclusiva de todos los venezolanos: los principales bancos multilaterales y las agencias de cooperación de distintos países han participado en cada una de ellas», dice el texto.
Por ello, advierten que este conjunto de malas inversiones, aunada a la corresponsabilidad de instancias internacionales, tiene un impacto directo en la población más vulnerable y en lo que significa la ayuda humanitaria; haciendo énfasis en los proyectos que han llevado a cabo organismos como Unicef en Venezuela.
En el caso concreto de los recursos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, insisten en que han privado «las malas prácticas» lo que ha arrojado «resultados desalentadores» en el uso de la ayuda humanitaria. Además de que «no permiten el control ciudadano» de esas donaciones, «sus contratos son tan secretos como los grandes proyectos antes mencionados».
Subrayan que la falta de transparencia no permiten la contraloría ciudadana y que se ejecuten con normalidad y en su totalidad. En ese sentido, hacen un llamado a la CAF y a la ONU a que tomen en cuenta estas consideraciones y sean parte de la solución al problema; recordando que no es tanto lo que hagan, sino el cómo lo realizan.
El grupo de expertos destaca que en la actualidad la infraestructura en estos ámbitos se encuentra «abandonada» porque quienes manejan las instituciones encargadas carecen del conocimiento técnico para operarlas, no hacen mantenimiento oportuno ni hacen las reparaciones pertinentes y a tiempo, al igual que tampoco han podido frenar la fuga de talento que las mantenía en óptimo estado.
Sus estudios concluyen en que el hecho de que se contraten servicios sin métodos que evidencien la transparencia del proceso no da garantía la capacidad técnica en la ejecución de obras; ejemplo que se puede observar en la central hidroeléctrica de Tocoma, proyecto que todavía no ha sido terminado y que ha consumido grandes recursos financieros.
También mencionan los parques eólicos y solares en Paraguaná, estado Falcón, y la península de la Guajira, en Zulia. Se invirtió dinero y actualmente están inoperativos «por falta de calidad».
Citan «errores técnicos conceptuales» durante la ejecución de obras, lo que ha hecho que quede una infraestructura que no sirve.
Por ejemplo, el Acueducto Bolivariano en el estado Falcón, el cual fue construido a pesar de que el embalse de Matícora, donde se iba a surtir para distribuir agua, estaba lleno de sedimentos; cosa que se conocía desde antes de poner la primera piedra del proyecto que costó 500 millones de dólares.
Señalan las fallas que hay en la programación para la ejecución de obras que dejan las mismas inconclusas «donde lo que no se hizo fue lo primero que debía hacerse, dando como resultado la inutilidad de estas». Ejemplos tangibles, de acuerdo al grupo de expertos, son el Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi en el estado Nueva Esparta y el Sistema Tuy IV en el Área Metropolitana de Caracas.
En uno, no se revisó ni optimizó la estructura submarina que permite la conexión de agua dulce con tierra firme y en el otro, no se hizo una estación de bombeo ni unos 70 kilómetros de tubería para aprovechar mejor los recursos.
Tampoco se hizo un análisis de costo-beneficio para hacer las inversiones pertinentes en agua y electricidad, sino que más bien se dio preferencia a comprar o implementar infraestructuras que poco benefician a la población, como por ejemplo los tres satélites que se lanzaron al espacio sin que esto tuviera un impacto en las telecomunicaciones.
|Julio 15, 2022
