Septiembre cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión acumula en lo que va de 2022. Documentamos 27 casos y un total de 68 violaciones del derecho a la libertad de expresión y más de la mitad fueron hechos de censura.
Las principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación (21). Le sigue la ciudadanía en general, víctima en al menos 11 oportunidades, y seis periodistas/reporteros.
Las instituciones del Estado fueron victimarias en 16 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión en septiembre, seguidas por los cuerpos de seguridad (4), lo que evidencia que se mantienen los patrones de censura, hostigamiento y opacidad como política propiciada desde el alto poder.
Emisoras bajo asedio
Solo en septiembre, documentamos un total de 16 emisoras radiales cerradas por órdenes de Conatel. Once de esos cierres (69 %) ocurrieron en el estado Zulia y las otras cinco emisoras que quedaron fuera del aire son del estado Sucre.
El martes 6 de septiembre, las emisoras zulianas Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM quedaron fuera del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el estado Zulia, Sheyla Urdaneta, declaró que le informaron que un representante de Conatel en la entidad llegó a las emisoras y, sin dar más detalles, impuso el cierre era por orden “del ministro”.
A los pocos días, el 14 de septiembre, presuntos funcionarios del ente regulador ordenaron sacar del aire a las emisoras Café 100.9 FM, Radio NVH 102.1 FM, Cool FM, Radio Boom 89.7 FM y Mágica FM, de Cumaná, estado Sucre. El gerente de Café 100.9 FM, William Bracamonte, dijo que una funcionaria que se identificó como Anabella González le exigió al personal cerrar la emisora “para evitar procedimientos administrativos”.
“Tenemos un año al aire y, durante ese año, hemos buscado cómo cumplir los procedimientos administrativos para hacer la introducción del proyecto en Conatel”, explicó el gerente de Café 100.9 FM. La emisora Radio Boom 89.7 FM confirmó en redes sociales que el cierre fue por órdenes de Conatel, aunque han estado “realizando los procedimientos requeridos” para operar.
El 20 de septiembre, otras dos emisoras del estado Zulia fueron cerradas por órdenes de Conatel: Suprema 93.5 FM y Jerusalén Stereo 98.5 FM, ambas de la ciudad de Cabimas. Mientras que el 22 de septiembre se supo que, presuntamente, el programa Montes alza tu voz que se transmitía en la emisora Juventud 100.5 FM de Cumanacoa, estado Sucre, fue sacado del aire por órdenes del alcalde de la localidad, Tomás Bello.
De acuerdo con la versión ofrecida por el conductor del programa, David Cumana, la medida se debió a que el espacio radial “tenía como premisa hacer visible las denuncias de la población del municipio, con respecto a los servicios públicos”, según reseñó el medio digital Prensa Alternativa. El alcalde Bello, a su vez, se desligó de la acusación en sus redes sociales.
La opacidad gubernamental impide conocer de manera formal cómo opera el Conatel en el país, quien no ofrece información pública ni actualizada sobre el estatus de las concesiones. De acuerdo con declaraciones de diversos medios, la empresa no responde los trámites en los plazos establecidos y pone en práctica otras trabas para demorar las renovaciones de concesiones u otros permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Estas acciones constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de expresión.
Criminalización de activistas y periodistas
La criminalización de la protesta pacífica y la intimidación con el objetivo de que no se informe sobre los actos de disidencia que ocurren diariamente se mantienen. El 14 de septiembre, los periodistas Pilar Guerra, de VPITV, y Alexander Olvera, de Notitarde, fueron fotografiados por un sujeto desconocido mientras cubrían una protesta de transportistas en San Carlos, estado Cojedes.
Guerra cuenta que situaciones como esa son reiteradas cada vez que van a cubrir protestas en la entidad y que no hay certeza de que sean personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, afirma que “se infiltran” en las manifestaciones para identificar y fotografiar a reporteros y personas que lideran las protestas.
En medio de la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que dos periodistas grabaran e hicieran cobertura en el lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, donde sí hubo completo acceso de los medios de ese país a lo que ocurría.
La intimidación estatal también se traslada hacia quienes denuncian los atropellos y las faltas de libertades en el país. Un ejemplo de ello ocurrió el 20 de septiembre, cuando funcionarios del Sebin intentaron ingresar a la sede de Provea para intimidar a familiares de trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente en julio, quienes iban a ofrecer una rueda de prensa en el lugar.
Los seis detenidos fueron pasados a juicio el 26 de septiembre y acusados de planificar un asalto a un cuartel en Mérida, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y participar en actos de sabotaje contra Nicolás Maduro el 5 de julio. La defensa de los trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente asegura que el proceso ha estado lleno de irregularidades como allanamientos sin orden judicial.
El 29 de septiembre, una persona no identificada agredió a los camarógrafos del canal de televisión privada Venevisión mientras cubrían una protesta de jubilados de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Un periodista que fue testigo del hecho asegura que el agresor no estaba identificado y vestía de civil, y que ninguno de los efectivos de seguridad presentes en la protesta impidió la agresión.
Fallas eléctricas agravan problemas de internet
En septiembre documentamos 13 casos relacionados con internet y acceso a páginas web, tres casos más que en agosto, y en gran parte se produjeron por problemas con la energía eléctrica:
- Los días 10 y 11 de septiembre hubo fallas de entre dos y tres horas y media que afectaron, principalmente, a los estados Táchira y Guárico, que perdieron más conectividad.
- El 13 de septiembre una falla eléctrica afectó la conexión a internet en Barinas y alcanzó a estados cercanos como Trujillo y Táchira.
- El 14 de septiembre hubo otra caída en Barinas, Trujillo y Lara. Se prolongó por más de seis horas. A la medianoche de ese día, una falla eléctrica provocó caída de conectividad en Táchira.
- Un corte de fibra óptica de la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv, redujo la conectividad a nivel nacional a 76 % de sus valores normales el 15 de septiembre.
- Las fuertes lluvias del 22 de septiembre y las fallas eléctricas de ese día redujeron la conectividad nacional a 81 % de sus valores normales. Los estados más afectados fueron Vargas, Guárico, Monagas y Barinas.
- Otra falla eléctrica afectó la conexión a internet en el estado Táchira el 26 de septiembre y su conectividad cayó a 31 %.
Mientras que el 29 de septiembre el medio digital AlbertoNews denunció que su portal web estaba siendo objeto de ataques DDoS que evitaban el acceso.
La administración del sistema eléctrico nacional está a cargo del Estado, que debe garantizar su funcionamiento para el desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía que incluyen el ejercicio de diversos derechos humanos. Internet funciona como una herramienta que facilita el buscar, recibir o difundir información, además de el ejercicio del derecho a la reunión, asociación, educación, entre otros muchos derechos.
