Daniel Ortega transformó una cobertura periodística en traición a la patria

La redacción del diario La Prensa se fue completa al exilio después de la cacería que desató el régimen por la divulgación de la expulsión de una orden de monjas. (EFE/ Jorge Torres)

Advertido de la posible expulsión del país de las monjas de la orden Las Misioneras de la Caridad, el equipo de turno del diario La Prensa se movilizó a eso de las seis de la mañana del seis de julio pasado a la residencia de las religiosas en Managua.

Las Misioneras de la Caridad es una orden creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988, durante el primer mandato presidencial de Daniel Ortega y después de una visita al país de la madre Teresa de Calcuta. La orden religiosa atendía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos. Treinta y cuatro años más tarde, el 15 de junio pasado, la orden fue cerrada por el mismo régimen de Ortega.

Apostado afuera, el equipo de La Prensa vio ese seis de julio cómo 18 monjas salieron de la residencia y subieron en un microbús, y a eso de las siete de la mañana tomaron hacia el sur, escoltadas en caravana por dos patrullas de Migración, cuatro vehículos y una motocicleta manejados por personas vestidas de civil. Los periodistas hicieron fotos, videos y transmitieron inmediatamente la noticia de que las religiosas estaban tomando rumbo hacia la frontera sur de Nicaragua.

Antes de salir de Managua, los vehículos de la caravana bloquearon el paso del automóvil donde se movilizaba el equipo de La Prensa, que desistió de la cobertura y regresó a escribir sus notas y organizar las fotografías. Nada parecía vaticinar la tormenta que se avecinaba por una cobertura periodística igual a la que hace cualquier periodista en cualquier parte del mundo.

La cobertura al Caso de las Monjitas pasará a la historia como el evento que detonó una de las mayores cacerías contra periodistas en Nicaragua.

Por la noche de ese seis de julio, dos conductores del diario estaban presos y fueron allanadas las casas de todos los miembros del equipo de cobertura y la de la administradora de la redacción que se encarga de asignar los vehículos a los periodistas. Poco después, la redacción completa de La Prensa se fue al exilio, ante la inminencia de más capturas.

En una semana se fueron 26 periodistas al exilio, afirma Abigail Hernández, directiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). En los siguientes meses esta cifra crecería hasta a 45 periodistas de distintos medios, según los registros de la misma organización.

Durante casi tres meses el régimen de Ortega no dio explicaciones legales para justificar la represión contra los periodistas, pero esta semana la Fiscalía despejó las dudas. Cuatro trabajadores de La Prensa, dos de ellos del equipo de cobertura al Caso de las Monitas, fueron acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas.

El delito de menoscabo a la integridad nacional está regulado por el artículo 410 del Código Penal, dice un abogado que pide no se mencione su nombre por seguridad. Este delito está relacionado a tratar de fraccionar o dividir a Nicaragua. En otras palabras, tratar de independizar parte del territorio nacional. Otra forma de cometer ese delito es tratar de que todo el territorio nacional o parte del territorio nacional sea sometido al poder de otro estado afectando la independencia de Nicaragua.

¿Qué relación hay entre una cobertura periodística y menoscabo a la integridad nacional?, se pregunta. Si estos fuesen juicios de verdad la Fiscalía tendría que demostrar algo imposible: que la divulgación de la expulsión de las monjitas fue una conspiración para desprender parte del territorio nacional o someter la soberanía a una potencia extranjera.

El abogado nicaragüense en el exilio, Yader Morazán, hace notar que la conspiración no es un delito, sino una fase de ejecución de un delito y que el menoscabo a la integridad nacional, también llamado traición a la patria, solo pueden ejecutarlo personas que tienen el poder político para hacerlo. Una persona, por hacer publicaciones, no va a menoscabar la integridad nacional, dice.

El artículo 30 del Código Penal nicaragüense exime de sanción a los delitos imposibles, como llama a la tentativa o la frustración cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito.

Quiere decir que aunque unas personas se propusieran realizar un acto de menoscabo no pueden ser sancionadas si no están en la capacidad material de poder llevarlo a cabo, dice Morazán. ¿Están los periodistas de La Prensa en capacidad de menoscabar la integridad nacional? La respuesta es no.

De la acusación de la Fiscalía se desprende, afirma el abogado, que están considerando que propagar una noticia que ellos consideran falsa, menoscaba de alguna manera la soberanía y la independencia porque está creando conmoción o rebelión contra las personas.

Morazán dice que la Fiscalía debe definir en la acusación contra el equipo periodístico cuál es la zozobra que está causando, cómo se mide esa zozobra que causó y por qué la información divulgada por La Prensa es falsa.

En Derecho hay dos cosas que no necesitan ser probadas: los hechos notorios y la ley misma. La expulsión de las monjas es un hecho notorio, verdadero. Las monjas salieron ese día. Ahí están (en Costa Rica), por lo tanto no puede ser una noticia falsa.

Conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional, es la acusación más usada por el régimen de Daniel Ortega para encarcelar a críticos y opositores. Solo durante esta última semana 17 personas fueron acusadas por este delito, en audiencias secretas, sin darles la posibilidad de que escojan a su propia defensa, informó en una nota pública este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Para Morazán, el Estado está fabricando acusaciones en serie. El patrón de la Fiscalía es que hace acusaciones ambiguas o generalizadas, que no señalan hechos puntuales que sean constitutivos de delito.

El CENIDH destaca en su comunicado la imposibilidad que tienen los acusados por razones políticas de defenderse. El régimen ha destruido la posibilidad de hacer uso de las garantías procesales para defender formalmente los derechos humanos, el Poder Judicial no es independiente, la Procuraduría de Derechos Humanos calla y se vuelve inexistente… Los impostores con demostraciones de fuerza siguen sembrando el miedo y el terror, dice.-

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