Opciones ante un sistema de justicia que no avanza

Equipo UVL. Sede Principal

 

El Poder Judicial, en buena parte de los países de América Latina, exhibe los menores niveles de confianza entre los poderes públicos. El estudio que realizó el Latinobarómetro[1] en el año 2020, cifró la percepción promedio de la región en 25% y en el caso puntual de Venezuela llegó al 18%,  producto del impacto que han tenido en la última década el aumento de la delincuencia, las fallas en las políticas públicas a nivel de la seguridad ciudadana y el cuello de botella en que se han convertido los Centros de Detención Preventiva (CDP).

Al darle un mayor vistazo a la región se aprecia que nuestro país no es un caso aislado a pesar que cuenta con un total de 16.778 detenidos, un 156,54% de  hacinamiento, según los datos del último informe de UVL del año 2022. Los problemas en el sistema de justicia y en especial en los CDP también son evidentes en  El Salvador y Colombia con más de 30 por ciento de la población carcelaria general en prisión preventiva. Mientras que en Guatemala, la cifra casi alcanza 50 por ciento; y en Paraguay y Perú, supera 60 por ciento. “Como resultado de ello, los detenidos preventivamente —retenidos muchas veces en las mismas instalaciones que presos convictos, aunque estén esperando ser juzgados por delitos menores— deben lidiar con pandillas y otros grupos criminales para sobrevivir”[2], lo que genera un impacto en su psiquis, su salud, su economía y su cultura.

El panorama al que nos referimos es producto de un Poder Judicial que carece de presupuestos acordes con la realidad de cada país, lo que les impide configurar un proyecto viable y efectivo a mediano y largo plazo, lo que ha generado un caldo de cultivo para la improvisación y el caos que se ha ensañado, principalmente,  con los detenidos en los CDP, que para el año 2020 representaban 44% de los 1,7 millones de presos que colman el sistema carcelario de la región.[3]

 

En ciertos países esta cifra excede la media. Por ejemplo, en Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, más de la mitad de la población re-clusa no ha sido sentenciada.  Lo que ha generado que durante las últimas dos décadas, el número de personas en situación de prisión preventiva en las Américas se incrementara en 60 por ciento,[4] lo que evidencia que los CDP no están siendo empleados como un último recurso, tal como lo estipulan los estándares internacionales, sino que se han constituido en una suerte depósito en el que permanecen los detenidos por tiempo indefinido, lo que ha impulsado a una serie de organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y a la sociedad civil a realizar estudios para encontrar correctivos que mitiguen sus fallas.

Ante los continuos colapsos del sistema de justicia y la poca efectividad de las políticas implementadas en los países de América Latina han destacado las siguientes iniciativas:

• Aplicar medidas sustitutivas como la vigilancia electrónica, ante un tribunal en fechas prestablecidas; fijar una fianza con ciertos requisitos de comportamiento hasta el juicio; presentación diaria o periódica a una institución; y/o la instalación de dispositivos de control de desplazamiento, como medidas para garantizar una penalización menos punitiva hasta la sentencia.
• Generar políticas sociales asertivas que surtan de información continua a la opinión pública en torno a los factores socio-culturales que contribuyen con la delincuencia.
• La puesta en practica de la llamada “justicia digital”, como medida para nivelar el sistema de justicia, al tiempo que se generan respuestas rápidas y trasparentes a lo largo del proceso penal.

 

 

Actuar con severidad ante la falta de información

Los grupos sociales esperan que los problemas que padecen sean remediados de forma inmediata por las instituciones que han elegido. Las fallas de seguridad ciudadana y la delincuencia no escapan a este patrón que es utilizado por los políticos y los grupos de presión para generar una reacción y evitar una toma de conciencia. La estrategia de brindar información constante entorno a la realidad de la delincuencia al ciudadano común, ha permitido que buena parte de la opinión pública internalice y comprenda las causas que motivan el acto de delinquir y sean menos reactivos a buscar soluciones diferentes a la reclusión. El objetivo es propiciar la creación de “medidas que posibilitarán, en décadas y a través de compromisos multidisciplinarios, la reducción de las desigualdades sociales y la aplicación de nuevos mecanismos, no punitivos, de justicia social”[5].

Estudios recientes en Chile han evidenciado que cuando el ciudadano cuenta con una perspectiva 360 de las personas reales cuyas vidas, bienestar y libertades están en juego, es más probable que se logre una mayor flexibilización de sus juicios y opiniones; lo que facilitará el cambio para sugerir aplicar acciones basadas en el consenso y evitar las punitivas. Se trata de repensar el delito para comprender sus causas y cómo podemos reinsertar al delincuente más que castigarlo y aislarlo.

En Venezuela numerosas organizaciones no gubernamentales, entre las que destaca Una Ventana a la Libertad, han buscado dar voz a los detenidos y sus familiares para presentar sus acciones dentro del entorno socio-cultural en que se producen; pero aún no se ha logrado que la opinión pública aprecie el acto delictivo como una consecuencia sino que se sigue reforzando la percepción del delito como una acción que debe ser castigada de forma ejemplar. Los contenidos que cautivan a las masas son los vinculados con el área de sucesos y eso impide que pueda apreciarse el problema subyacente que motiva la detención de cientos de miles en los CDP, cuando podrían gozar de algunas medidas cautelares que beneficiaran su debido proceso y una reinserción social más efectiva.

Poder de ejecución en megabites

La justicia digital busca la aplicación de soluciones tecnológicas en los tribunales con la finalidad de modernizar y optimizar los procesos, de manera que estos sean más transparentes, ágiles y confiables. Entre los países que han logrado implementar el sistema en la región destacan los casos de Chile, Perú, México y Colombia con la puesta en práctica de una reforma integral que busca ser comprehensiva, sistémica e integral.

Para lograrlo la plataforma tecnológica debe:

1. Mantener la información actualizada.
2. Permitir el procesamiento inmediato en cualquier fase del proceso legal.
3. Facilitar la toma de  la decisiones a todo nivel. Mediante un cambio  institucional que exige centrar el proceso en el individuo y no en los intereses de grupos de presión.

 

Estudios recientes han determinado que las principales condiciones que se necesitan para que el sistema de justicia vigente transite al digital son:

1. Marcos legales que permitan la digitalización de la justicia y transformen los procesos físicos (firmas a mano, sellos, o el archivamiento físico de documentos) en virtuales.
2. Claridad normativa que elimine la redundancia y se centre en la optimización.
3. Un sistema de justicia interconectado que cuente con un flujo de trabajo coordinado, en el que la capacidad de los sistemas de información y los procedimientos faciliten el intercambio y la reutilización de datos.
4. Liderazgo para asignar roles en el proyecto de digitalización, que cuente con un claro apoyo del Ejecutivo y la opinión pública.

El caso venezolano: Fuera de línea

El sistema judicial de nuestro país se ha mantenido por décadas arrastrando una serie de fallas de procedimiento y sistemas, pero no por ello se encuentra al margen de los avances a nivel legal y en la puesta en practica del ámbito digital. Uno de los principales esfuerzos por vincular la justicia con la tecnología se produjo con la puesta a punto del sistema Juris 2000[6] y  décadas posteriores se ha perfilado con una serie de Resoluciones  y Procedimientos[7], los cuales han buscado enrumbar al Poder Judicial por la senda de los bites. Pero estos esfuerzos no han llegado a materializarse por la disparidad de criterios que existe entre el poder central y las regiones, la poca interactiva entre las entidades implicadas (policía, fiscalías, juzgados, CDP y centros penitenciarios), la resistencia al cambio de los jueces, miembros del TSJ y el Ejecutivo, la corrupción,  la obsolescencia informática, las fallas de interconectividad[8], los problemas en los servicios de comunicación Cantv y el suministro eléctrico de Corpoelec.

Como se puede apreciar son muchas las dificultades que hay que sortear para comenzar a avanzar, pero en la que hay que centrar toda la atención, en el caso particular de Venezuela, es la asignación de una partida presupuestaria significativa al Poder Judicial por encima del 6% del presupuesto de la nación, la partida del año 2022 fue de 0,58%. [9]  Con los desembolsos que se otorgan año a año es inviable mantener el sistema judicial actual y mucho menos propiciar un cambio que permita lograr los niveles de celeridad, accesibilidad y productividad que demanda la sociedad.

Crear un sistema en el que la penalización no sólo sea punitiva y los CDP dejen de ser una suerte de limbo o alcabala legal en la que los detenidos permanezcan excluidos de la sociedad y del sistema penal requiere un cambio de paradigma, pero a su vez exige sincerar los presupuestos, los procesos y reconocer las piedras que se han enquistado en el camino.   

 

 

 

Recuadro 1.

Poder Judicial a un click

Justicia digital se inicia con la tramitación digital de expedientes y llega hasta la  introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales, los centros de detención preventiva y las cárceles para evitar cuellos de botella y puntos ciegos. Entre sus múltiples beneficios destacan:

1. Mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. La justicia mejora la velocidad y la calidad de la información que los jueces necesitan para tomar decisiones.
2. Mejor acceso a los servicios de justicia en línea. Esto va desde la existencia de procesos digitales sin la intervención de un juez o abogado, hasta la celebración de audiencias y juicios virtuales. Este cambio supone una reducción importante de los costos de acceso a los servicios de justicia.
3. Aumento de la transparencia. “La digitalización de todos los procesos facilita el acceso inmediato y sin trabas a los datos por las partes implicadas en un caso. Esto es una garantía adicional de imparcialidad de la Justicia, lo que permite reducir los niveles de corrupción en las diferentes instancias procesales”.[10]

 

[1] Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp

[2] https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/detencion-preventiva-prisiones-america-latina/

[3] Penal Reform International, Global Prison Trends (2018), 16, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf; Pre-trial detention: Addressing risk factors to prevent torture and ill-treatment. Second Edition, 8; Fundación Construir, Mapa Socio-Jurídico Mujeres Privadas de Libertad: Centros Penitenciarios La Paz, Cochabamba, Santa Cruz (2017), 71.

[4]Walmsley, R ., World Pre-trial/Remand Imprisonment List. Third Edition, 2.

[5] https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/como-reducir-las-tasas-de-encarcelamiento-en-america-latina/

[6] Sistema Juris 2000, el cual se aplicó en los Circuito Judiciales Laborales desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal Laboral en el año 2003, el cual significó adecuar el proceso al uso de las herramientas tecnológicas con el firme propósito de agilizar las actuaciones procesales en el enmarcado constitucional, de manera muy tímida, donde las personas tuvieron acceso a la información de su interés de manera oportuna.

[7] La resolución n.º 2016-001 del 12 de diciembre de 2016 aprobada por la Sala de Casación Penal, la cual abrió las puertas a la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de la mencionada Sala; o la resolución n.º 2018-0014  de fecha 21 de noviembre de 2018 de la Sala Plena, mediante la cual crea el Expediente Judicial Electrónico en los Tribunales con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer y Tribunales del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, con el objeto de sustituir los expedientes actuales en papel. El Procedimiento especial y único de audiencias virtuales y/o a distancia, aplicables en situaciones extraordinarias, de fuerza mayor, excepcionales y/o calamitosas.  presentado por la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero

[8] De acuerdo con Speedtest Global Index, Venezuela se encuentra en el puesto número 153 de 182 de la lista de países con mayor velocidad de Internet , con 9.15  Mbps.

[9] Estas cifras se desprenden del informe realizado por la NG Transpa en el año 2022 con base en los datos extraídos de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto 2022, las Gacetas Oficiales y la información extraoficial. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2022/01/Nuestro-Presupuesto-2022_a.pdf

[10] https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/justicia-digital/