Roberto Fermín Bertossi (desde Argentina):
Profundizando el gravísimo quiebre republicano iniciado recientemente por el Congreso de la Nación al resistir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo concerniente a la conformación del Consejo de la Magistratura, ahora el titular del Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández (abogado y profesor de derecho en la UBA) irresponsablemente acompañado por los mismos 14 gobernadores que apuran la creación de ocho nuevas universidades nacionales (cinco en la provincia de Buenos Aires: Cañuelas, El Delta, Ezeiza, Pilar y Saladillo); acaban de desautorizar y desairar a todas las facultades y universidades de derecho argentinas en una inédita insurrección, al no acatar, con todo sofisma y flagrancia, el fallo inapelable de la Corte Suprema de Justicia que restituye parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires sin afectar en lo más mínimo la intangibilidad de las correspondientes a todas las provincias argentinas.
Paradójicamente, con relación a los gobernadores sediciosos, entre las provincias más beneficiadas encontramos a va., Chaco (recibe casi 5% de la coparticipación y genera 2% del producto), Formosa (aporta 1% y recibe 3%) y Tucumán (2% y 3%, en cada caso), etc.
Básicamente, cada universidad –publica o privada- en cuanto tal, es una institución educativa superior destinada a la enseñanza y aprendizaje (aquella que proporciona conocimientos especializados en cada rama del saber), conformada por varias facultades para otorgar los grados académicos correspondientes.
Consecuentemente, a nosotros, los abogados y notarios egresados de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, nos enseñaron que las sentencias de la Corte Suprema no son inapelables ni ininterpretables por ser infalibles, sino porque son definitivas. Si no hubiera fallos tales, se incurriría en denegación de justicia.
La universidad y sus facultades de derecho deben servir a toda la sociedad (Unamuno). Su objetivo ha de ser incorporar a los saberes académicos, la doctrina y el derecho, auscultando sobre la carne viva de la sociedad y su realidad institucional, los problemas socioeconómicos; intentando hermanar rigor y prontitud en el diagnóstico de las nuevas situaciones, vivificando en definitiva a la cultura universitaria a través de un contacto permanente con las cuestiones más candentes y las inquietudes de mayor actualidad (Coparticipación, federalismo, autonomía municipal, educación y libertad de cátedra, inflación, pobreza, indigencia, trabajo, medio ambiente, servicios públicos, etc.)
Si queremos defender una sociedad más justa, más equitativa, más vivible, las universidades genuinas y neutrales resultan una de las energías y herramientas posibles más significativas para favorecer y facilitar un parejo desarrollo humano, ilustrando ética, ecuánime y equitativamente las estructuras sociales y económicas.
Una activa ocupación, afinidad e inquietud común hacia el conjunto de los problemas sociales e institucionales, debe ser asumido y trascendido con saberes probados, solvencia pedagógica, neutralidad ideológica y responsabilidad social académica, mediante indubitables y calificados beneficios proactivos de las enseñanzas universitarias, con la fecunda cosecha de sus semillas.
Por último, solamente de tal manera todas nuestras universidades y altas casas de estudios comenzarán a sentir en sus entrañas la justificación lograda de servir a la sociedad, a las instituciones y a su República.
Asertivamente, desde nuestra atalaya universitaria, recién cuando cada Universidad y cada Facultad renueven su testimonio testimoniado de sí misma, habremos escuchado a Miguel de Unamuno: «La Universidad no es nada si no es útil a la sociedad, y esta se negaría a sí misma si no entiende y ayuda a la Universidad. La Universidad debe educar, enseñar e investigar, para ser beneficiosa a la sociedad».
Roberto Fermín Bertossi
Experto en cooperativismo de la Coneau
