En julio los casos relacionados con violaciones al derecho a la libertad de expresión aumentaron nuevamente, se intensificó el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación, obstaculizando su labor y deber de informar a la ciudadanía y perjudicando a la población. Espacio Público registró 15 casos y 28 violaciones, con periodistas y medios de comunicación como las principales víctimas.
46 % de las violaciones a la libertad de expresión en el mes estuvieron relacionados con actos de censura (13). Registramos 6 hechos de restricción administrativa, 4 de hostigamiento verbal, 4 de intimidación y un hostigamiento judicial.
Espacio Público documentó en julio 20 víctimas y 19 victimarios de violaciones a la libertad de expresión. Siete de las víctimas fueron medios de comunicación, además de seis periodistas/reporteros, un camarógrafo/técnico y en seis oportunidades se vulneró el derecho de la ciudadanía en general.
Nueve instituciones del Estado estuvieron involucradas como victimarios en violaciones a la libertad de expresión, junto con cinco cuerpos de seguridad y cinco funcionarios. Julio es el mes con más casos registrados en el último cuatrimestre; al menos 53 % de éstos se relacionaron con internet, vulnerando el derecho a informarse de personas en varias regiones del país.
La censura estatal no dio tregua en Cojedes
Solamente en Cojedes se produjo el 20 % de los casos documentados en julio. El mes inició con la salida del aire y el decomiso de equipos por parte de Conatel de la emisora Candela 92.5 FM el primero de julio.
Al iniciar el procedimiento el personal de Conatel no contaba con orden de allanamiento. Participaron también funcionarios del Ministerio Público, el Cicpc, el Sebin y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las autoridades atribuyeron el cierre a un presunto “uso ilegal del espectro radioeléctrico”.
El 15 de julio funcionarios de Conatel y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron las emisoras radiales Moda 105.1 FM, NEX 100.1 FM y HITS 92.5 FM por no contar con permisos para estar al aire. El 29 de julio se produjo el cierre de una cuarta emisora, Impacto 91.7 FM por no tener “el documento de habilitación y/o concesión” para la explotación del espectro radioeléctrico.
El periodista y dueño de esa emisora, Carlos Hernández, criticó que no está claro el criterio de selección de emisoras que cierran porque, a pesar de que han hecho las solicitudes y entregado los documentos correspondientes, casi todas están sin habilitación formal por falta de respuesta de Conatel.
El uso del espacio radioeléctrico está regulado por Conatel; sin embargo, durante más de cuatro años se han registrado retrasos e irregularidades en los procesos de actualización de permisos y credenciales, lo que se ha transformado en una excusa para el cierre de emisoras aún cuando han iniciado trámites de renovación de permisos.
De acuerdo con el último mapeo de Espacio Público, en Cojedes había al menos 30 medios activos y 24 de ellos eran de naturaleza privada. Entre los medios cerrados recientemente por Conatel, la fuente principal era entretenimiento, aunque otros como Impacto 91.7 FM trataban temas locales y regionales.
Estos cierres y el decomiso de equipos implican una restricción del derecho a la libertad de expresión a través de medidas desproporcionadas en contra de los medios de comunicación. Los entes del Estado deben velar por garantizar la circulación plural y diversa de información, la salida del aire por falta de documentos es excesiva y viola el derecho a buscar, recibir y difundir información de la ciudadanía y de trabajadores de los medios.
Hostigamiento a medios y periodistas como norma
Al menos seis periodistas/reporteros fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión y obstáculos a su deber de informar, principalmente por instituciones y funcionarios del Estado. El 19 de julio, funcionarios del Teleférico de Mérida impidieron que el periodista Darvinson Rojas grabara parte de la fachada de esa instalación para complementar su pauta periodística.
El 27 de julio, el periodista Gabriel Bastidas fue hostigado verbalmente en redes sociales por la diputada del Consejo Legislativo del estado Táchira, Sofía Palencia, por no estar de acuerdo con una nota de su autoría en el portal Monitoreamos y, además, expuso públicamente su número telefónico.
Ese mismo día, funcionarios de la Policía del estado Portuguesa intimidaron y hostigaron a la periodista Nayari González al intentar cubrir el cierre de unos locales comerciales en Acarigua-Araure. Los efectivos la obligaron a borrar el material audiovisual y le exigieron credenciales para ejercer su labor.
En el mes de julio también se produjo la detención arbitraria del dirigente sindical y trabajador humanitario Gabriel Blanco en su residencia en la parroquia Coche de Caracas. El 9 de julio, el Tribunal Cuarto con competencia en terrorismo ratificó la privativa de libertad de Blanco, el sindicalista Emilio Negrín y los activistas Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortez. Fueron imputados por presuntos delitos de asociación para delinquir y conspiración.
Estos impedimentos de cobertura se traducen en menos noticias circulando, lo que genera desinformación e imposibilita a las personas a tomar decisiones realmente informadas sobre temas de interés.
Internet
Las fallas de internet tampoco cesaron en el séptimo mes del año. El seis de julio, un incidente afectó la conectividad en la región occidental del país, con Mérida y Táchira como los estados más afectados, y a nivel nacional los valores llegaron a 89 %.
El 12 de julio a las 3:50 p. m. se produjo una caída de internet en el oriente del país que afectó, principalmente, a los estados Sucre y Anzoátegui y se prolongó hasta las 6:00 p. m. del 13 de julio.
El 27 de julio las redes de la empresa estatal Cantv presentaron varias fallas y, en principio, llevaron la conectividad a nivel nacional a 56 % de sus valores normales, con mayor ahínco en Delta Amacuro, Apure y Guárico. Ese día ocurrieron al menos dos fallas más. Al día siguiente, el Observatorio de Internet detectó otra falla de Cantv con mayor incidencia en el oriente del país.-
