La Comisión Electoral bailando en la cuerda floja

 Egildo Luján Navas:

En la compleja y difícil  situación sociopolítica venezolana, hay tres corrientes involucradas con intereses y propósitos distintos.  La primera es la  calificada en el orden nacional e internacional como integrante de un régimen dictatorial forajido, y relacionado con países hegemónicos en acciones y comportamiento. Es la expresión que, además, se manifiesta como parte de organizaciones subversivas con operaciones ligadas a una amplia gama de delitos, y que, en conjunto, se ha apropiado del país con pretensiones de permanencia.

La segunda es aquella integrada por diversas  organizaciones políticas (Partidos políticos) supuestamente democráticos, y que,  en su mayoría, han caído en un profundo desprestigio por haberse constituido en una especie de FRANQUICIAS favorecedoras de los intereses personales de sus integrantes o militantes.

El tercer componente lo conforma la gran mayoría de la población civil, y que aparece estimado en un conglomerado de más de un 80%  que, a su vez, figura integrado por una gran variedad de organizaciones civiles, gremios y ciudadanos. Y  que, por múltiples y obvias razones, rechaza tanto al régimen como a esos partidos políticos franquiciado, además de sus integrantes. ¿Motivo?:  por haber sido señalados e involucrados  en diversos escándalos y casos de corrupción en algunos situaciones;  incluso, algunos de ellos han sido identificados  con sentencias judiciales en curso por corrupción y/o delitos públicos cometidos.

Ante esta complicada y prolongada situación, en el transcurrir de los pasados 23 años, ha habido una innumerable cantidad de intentos ciudadanos para rescatar la democracia y la paz en el país. Lo han hecho con marchas, paros, choques violentos, huelgas de hambre, diálogos internos y externos. Y hoy, (ingenuamente) en atención a la Constitución vigente tantas veces violada por el régimen, se plantea  ir a una elección presidencial en el año 2024, sujetos al control de unos controvertidos organismos públicos, a saber:  el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos sumisos y supeditados a la voluntad del régimen. Mejor dicho, a lo que se traduce como componente de un sistema y de equipos de votación altamente cuestionados a nivel local, como  en muchas partes del mundo. Inclusive, se da el caso de que,  solamente en Venezuela, tales entes han sido utilizados en 33 procesos electorales objetados y calificados de fraudulentos.

Hoy, por enésima vez, se integra una coalición de partidos en términos unitarios, inicialmente denominada 4-G, y ya hoy reducida a 3-G, por serias discrepancias entre ellos al haber defenestrado equivocada e inconstitucionalmente al Presidente Interino Ingeniero Juan Guaidó, integrante del partido Voluntad Popular.

La aparente intención de dicho grupo sería el de ir a unas elecciones presidenciales con un candidato unitario del 3-G, y dirigido  a competir con otros representantes  de partidos disidentes. Sería, presuntamente, con  supuestos allegados al régimen, y que, coloquialmente, se les identifica como los «Alacranes». Se trataría de una contienda en la que también competiría el candidato Nicolás Maduro. Lo cierto es que, con tal fin, la 3-G ya nombró una Comisión Electoral para, previamente, ir a unas a elecciones primarias y escoger a un candidato único que competiría en las presidenciales contra una multiplicidad de candidatos que pretenden debilitar o dividir la mayoritaria cantidad de votos de la oposición. Con ello, lo que se procuraría es  darle  una mayor oportunidad al minoritario,  pero homogéneo candidato, del régimen.

Sin entrar en el espinoso tema de cómo y quién regirá esas elecciones, además de que si será  con o sin la participación del CNE, o con base en un sistema digital o manual, y si se acometerá con o sin máquinas, ni acerca de hacia cuáles se orientarían realmente  las posibilidades de triunfo, hay un hecho cuya utilidad no se puede ignorar o subestimar. Y se trata de que es  pertinente y oportuno hacerle algunas recomendaciones adicionales a la Comisión Electoral, y que, en otras ocasiones, fueron formuladas por  «Formato del Futuro».

A propósito del hecho, de lo que se trata es de:

1- Anticipadamente a la fecha del evento electoral, se debe iniciar un ciclo de debates públicos entre los candidatos. De lo que se trata, es de que permitan conocer y apreciar las cualidades, experiencias, conocimientos y capacidades, de cada uno de los candidatos.

2- Presentar un Plan de Gobierno «UNICO» CON EL COMPROMISO DE SER CUMPLIDO POR EL GANADOR. Debe ser aprobado por todos, además de  firmado, y contar con la colaboración de todos los comprometidos ( PACTO NACIONAL DE INTEGRACION), y que  garanticen el restablecimiento del orden, como del rescate del país moral y cívicamente, además del modelo de organización, metodología, propuestas económicas y de producción, justicia y progreso.

3- Luego de estabilizarse la situación del país, como de haberse encausado por la vía del progreso la estabilidad económica y la laboral, habría que  acordar el compromiso de ir a un proceso Constituyente. El objetivo es adecuar y modernizar todos los aspectos de la descentralización, como de la integración regional, estructural y modernización operativa. Y de  garantizar e institucionalizar el concepto del ciudadano soberano, y, de igual manera,  que el hecho se traduzca  en el gran logro de permitir un desarrollo integral y justo de todas las regiones del país.-