Alfredo Infante, S.J.:
Según la encuesta PsicoData [1], el principal estresor psicoemocional para el venezolano es el deterioro socioeconómico. Éste también constituye la causal de expulsión más importante, en los últimos años, de los más de 8 millones de migrantes venezolanos que se encuentran diseminados en los distintos países de América Latina y el Caribe, y que ahora -ante la inestabilidad política, deterioro económico y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región- suben hacia el norte tras el «American Dream», buscando salvar la propia vida y la de sus familias.
Y es que la inflación y, peor aún, la hiperinflación, son análogas a una enfermedad autoinmune que destruye el organismo de quien la padece, porque al acabar con las mínimas posibilidades de acceso a alimentación y bienes básicos niega los derechos humanos fundamentales, condición indispensable para una vida digna.
En el contexto de recesión económica que hemos vivido desde 2013 -con indicadores constantes de inflación y, la mayor parte del tiempo, de hiperinflación- los distintos estratos sociales del país, muy especialmente la clase media y los sectores populares, se han visto sometidos a un proceso acelerado de empobrecimiento brutal, inédito en la historia nacional. En este escenario ha surgido una nueva élite socioeconómica que, enchufada al poder, se ha beneficiado de la situación en un contexto de desigualdad escandalosa.
Como respuesta ante semejante drama, las familias venezolanas han sido obligadas a vender sus bienes para sobrevivir ante lo prolongado de la crisis. Sin embargo, después de 10 años de estrés y desolación, al día de hoy la mayoría se encuentra sin la musculatura económica para afrontar la emergencia humanitaria sistémica, que sigue profundizándose y expulsando a un importante porcentaje de nuestra población, que huye de la situación en búsqueda de condiciones de vida digna y acceso a los derechos fundamentales.
La realidad actual es más grave que en 2016 -año en que se evidenció la emergencia humanitaria compleja que venía gestándose subterfugiamente y que provocó una oleada masiva de emigración- porque, para entonces, Venezuela se hizo visible de manera impactante, moviendo el interés y la solidaridad de muchos particulares y de los sistemas y agencias de cooperación internacional, que se abocaron a responder al drama humanitario, pese a las limitaciones que impuso el Gobierno nacional para que esta solidaridad fluyera. De igual manera, para ese momento hubo una importante inversión de recursos en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, receptores de esa primera ola migratoria forzada venezolana.
Pero hay que tomar en cuenta que, cuando una emergencia humanitaria se prolonga en el tiempo, en la cooperación internacional surge el «síndrome de la fatiga», que no es otra cosa que una especie de resignación e impotencia ante determinada crisis, que obliga a revisar el impacto de la cooperación en la superación de la misma. Hoy, en los ámbitos de las agencias internacionales ya se habla de la «fatiga Venezuela» y, como consecuencia, comienzan a retirarse las ayudas hacia nuestro país y, también, hacia las naciones de tránsito y destino de la migración venezolana. A esto se suma que la llamada cooperación internacional está siendo demandada a atender las consecuencias humanitarias de la guerra Rusia-Ucrania y, ante lo limitado de los fondos, los recortes en la inversión hacia Venezuela y los países receptores de migrantes son sustantivas.
Está desinversion nos coloca en un escenario de alta vulnerabilidad en el que, tal como advirtió la nutricionista y asesora de Cáritas Venezuela, Susana Raffalli [2], se elevarán los niveles de mal nutrición, desnutrición y muerte por hambre, lo que, consecuentemente, se expresará en un aumento en el flujo migratorio.
Las cifras de organismos oficiales de países de la región así lo confirman. Según publicó en un tuit la venezolana Carolina Jiménez, presidenta de la ONG de DD.HH. Wola, datos recientes del Gobierno de Panamá sobre la movilidad a través de la selva del Darién indican que, en abril, las
«personas de #Venezuela son otra vez mayoría (63 % de total de migrantes). 25,340 migrantes de [
] arriesgaron sus vidas. De enero 2022 a abril 2023: 205,917 venezolanas/os transitaron el Darién. La migración del desamparo no se detiene» [3].
Ante este escenario de emergencia humanitaria compleja que tiende a profundizarse; ante la fatiga humanitaria de las agencias de cooperación respecto a Venezuela, que se expresa en el retiro o reducción de recursos para la asistencia, más que nunca urge trabajar por erradicar las causas estructurales (económicas-políticas) que provocan esta situación porque, si no las atendemos, nos pueden llevar a una catástrofe humanitaria y a la intensificación de los flujos migratorios en condiciones de alta vulnerabilidad.
«Maldito quien viole los derechos al emigrante» (Deuteronomio, 27).
