La dictadura de Nicaragua se apoderó de un colegio católico en la madrugada del 29 de mayo y estaría a punto de expulsar del país a tres religiosas extranjeras de la Congregación que lo administra.
Según informa el medio local Mosaico, la policía del régimen tomó las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, la única secundaria del municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega.
La escuela, donde estudian unos 100 alumnos, es administrada por la Congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, fundada en 1992.
“Es un colegio pequeño, pero con mucha trayectoria y muchísimo prestigio”, comenta a Mosaico un poblador de San Sebastián de Yalí.
De acuerdo al medio nicaragüense, los policías justificaron la toma del colegio señalando que deben revisar la documentación de la escuela.
“Son aproximadamente seis monjitas, incluyendo a una anciana ciega. Ellas han sido muy buenas, muy solidarias también con los pobres del vecindario y nunca tuvieron problemas con nadie, pues han sido muy de Dios”, señala el poblador.
Tres de las monjas, que son extranjeras, podrían ser expulsadas en los próximos días.
Martha Patricia Molina, abogada e investigadora nicaragüense que vive en el exilio, indicó a ACI Prensa este 31 de mayo que la toma del colegio sería el paso previo para la expropiación por parte de la dictadura.
“En los próximos días podremos ver ya la orden hacia la Procuraduría General de la República para que confisque”, advirtió.
“Para la dictadura que siempre actúa arbitrariamente no es necesario un documento en donde se establezca la confiscación, porque todas las acciones que ellos realizan, ya de por sí para ellos son ley”, lamentó la autora del informe “Nicaragua, ¿Una Iglesia perseguida?”.
El documento da cuenta de al menos 529 ataques cometidos por la dictadura contra los católicos en los últimos cinco años.
Entre otras agresiones, el texto denuncia el encarcelamiento injusto de Mons. Rolando Álvarez, desde el mes de febrero. También informa de 32 religiosas expulsadas del país, siete edificios de la Iglesia confiscados por el régimen y diversos medios de comunicación cerrados.-
