Héctor Quintero Montiel/Encuentro Humanista:
Ya en el 2019 Rafael Correa había intentado derrocar al presidente Lenin Moreno convocando y apoyando manifestaciones callejeras que crearon incertidumbre, malestar e inquietud dentro de la población ecuatoriana. En similares fechas los disturbios se replicaron en Bogotá y Santiago de Chile, causando graves daños a la infraestructura de servicio a la ciudadanía.
Correa, desde el giro en 180 grados dado por el presidente Lenín Moreno luego de su elección en el 2017, y por la victoria de Lasso en el 2021, se ha trazado como objetivo primordial el regresar a gobernar Ecuador; su misión ha consistido en impedir la culminación de los períodos presidenciales de Moreno y Lasso a través del torpedeo continuo y permanente.
La meta de Correa y sus adeptos hoy es no permitirle al presidente culminar su período presidencial, la oposición presiente que, de lograrlo Lasso, se les haría cuesta arriba regresar al poder, al seguir teniendo que rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana, la cual han tratado de sobornar de forma inmoral y deshonesta; algunos han caído en el ardid, otros se han comportado estoicamente como es el caso de la fiscal general, Diana Salazar.
Desde el comienzo de su mandato Lasso ha tenido que enfrentar el creciente problema de la inseguridad, la violencia en el país, las revueltas carcelarias, el crecimiento del narcotráfico y la presencia de los carteles mexicanos. Además, las incesantes trabas del correísmo, de Pachakutik y los vaivenes del partido social cristiano han obstaculizado continuamente, a través del bloqueo legislativo, el desarrollo de las funciones gubernamentales.
La oposición acusó a Lasso del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales. Ante dichas acusaciones y actuaciones, el presidente justificó su decisión acusando a los opositores de «poner en jaque la democracia ecuatoriana» mediante una estrategia de «desestabilización», y prometió devolver «al pueblo ecuatoriano» el poder de «decidir su futuro en las próximas elecciones».
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó entonces la «muerte cruzada”, cláusula constitucional vigente con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, con el fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. A través de esta facultad el presidente Lasso puede gobernar por un plazo máximo de seis meses por decretos leyes de urgencia económica, los cuales deben ser avalados por la Corte Constitucional, mientras se realizan comicios para presidente y legisladores en 90 días.
La «muerte cruzada», consagrada en el artículo 148 de la constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial. En abril, Lasso declaró que no quería decretar dicha medida para no perder la estabilidad del país. La muerte cruzada, es una disposición constitucional y legal de aplicación inédita en la historia constitucional del país, lo cual genera una gran incertidumbre. Nuevamente la institucionalidad se pone a prueba y se ve obligada a demostrar su capacidad de contención.
En la Asamblea se tramitaron catorce juicios políticos, 1.300 pedidos de información y se obstaculizaron diversas propuestas de ley del Ejecutivo, creando circunstancias de inestabilidad administrativa que demuestran un afán y deseo de desestabilización. La crisis política ecuatoriana se ha manifestado como un conflicto de legitimidad, principalmente entre los políticos y las instituciones, reflejándose en la desconfianza que la ciudadanía tiene de sus autoridades, lo cual se ha verificado a través de diferentes encuestas que han arrojado datos de la imagen negativa que tienen los políticos, y además de publicaciones y análisis en los medios de comunicación.
Lasso tiene reducido apoyo en el Congreso, no posee un operador político de su confianza y con habilidad para concertar con las fuerzas opositoras, ha luchado con empeño para construir coaliciones con ellas, ha declarado varios estados de emergencia para, según el argumento oficial, frenar los crímenes violentos en el país y los disturbios en las cárceles entre bandas rivales, aupadas por los carteles mexicanos establecidos en el territorio nacional. Sin embargo, no ha obtenido buenos resultados. La crisis ha logrado sobrepasar al gobierno constitucional, como parte del macabro plan de terminar con la democracia ecuatoriana. Recordemos que varios elegidos en el pasado no lograron terminar sus períodos constitucionales: Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, entre otros.
En febrero de 2023 el movimiento indígena de Ecuador pidió la renuncia del presidente y se declaró en movilización permanente. Lasso, dijo que esa «paralización» fue el pretexto para un intento de juicio político en su contra, en lo que él describió como un plan de la Asamblea para «poner en jaque la democracia».
En las elecciones seccionales y el referendo constitucional celebrado ese mismo mes, el presidente Lasso no logró el resultado que esperaba. No solo la mayoría de los ciudadanos rechazaron ampliamente los cambios a la Constitución propuestos por el Gobierno —entre ellos la reducción del número de asambleístas, replantear la designación de autoridades de control del Estado y la extradición de delincuentes— sino que Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, obtuvo la victoria en varias capitales y en ciudades pequeñas. Los partidos de oposición ganaron cargos clave en las alcaldías de Quito y Guayaquil.
Correa expresó que las elecciones ahora son «la solución más integral», insistiendo en que la «conmoción interna» que citó Lasso al decretar la disolución de la Asamblea Nacional «no existe». También afirmó que su movimiento no tiene la capacidad de organizar movilizaciones y descarta la violencia en las calles debido a la impopularidad de Lasso y a que los ecuatorianos «saben que está la salida del voto popular».
Para el próximo proceso electoral habrá ocho binomios presidenciales cuyos candidatos aceptaron su postulación; una vez realizada la inscripción de las candidaturas tendrán que pasar por la verificación de requisitos y la revisión de las posibles inhabilitaciones. El Consejo Nacional Electoral analiza detenidamente, los requisitos presentados por Fernando Villavicencio y Luisa González. Se espera que próximamente se puedan aprobar las mismas.
Quienes aspiran a participar en las elecciones del 20 de agosto próximo son los siguientes: Daniel Noboa – Verónica Abad, alianza ADN, listas 4-35. Bolívar Armijos – Linda Romero, por el movimiento Amigo, lista 16. Fernando Villavicencio – Andrea González, alianza Gente Buena – Construye, lista 25. Otto Sonnenholzner – Érika Paredes, alianza Actuemos, listas 8-23. Jan Topic – Diana Jácome, alianza Juntos Triunfaremos, listas 1- 3-6. Yaku Pérez – Nory Pinela, alianza Claro Que se Puede, listas 2-17-20. Xavier Hervas – Luz Marina Vega, movimiento RETO, lista 33. Luisa González – Andrés Arauz, movimiento RC, lista 5. Se especulaba en que el número de participantes sería mayor.
En este primer mes gobernando sin lo que calificó como “bloqueo” de la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso se ha enfocado en mejorar la gestión pública, en palabras del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Y en ese contexto dos temas son los que más atención generan: el combate a la inseguridad y la preparación ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en noviembre.
La aplicación de la muerte cruzada cierra un ciclo de conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo y abre otro con la renovación de las autoridades en ambas funciones del Estado. Los electores ecuatorianos tienen la palabra, serán ellos los que decidan quienes conducirán el país por esta nueva etapa.
El Partido Social Cristiano, aliado del correísmo en el enjuiciamiento al presidente, se veía en una situación de fortalecimiento si este era destituido. Sin embargo, el socialcristianismo ha salido muy mal parado de su alianza con el correísmo. En las últimas elecciones perdió la Alcaldía de Guayaquil, su histórico bastión político, pero su retroceso es notorio en todo el país y ya no es una opción para la Presidencia. Seguramente afrontará una reducción del número de representantes en la próxima Asamblea Nacional.
Otro hecho a destacar es que los otros partidos de centro izquierda, Pachakutik e Izquierda Democrática, que parecían haber renovado sus filas en las últimas elecciones, también son víctimas de su acercamiento al correísmo. Las escisiones de sectores atraídos por la fuerza de la mayoría correísta en la Asamblea desarticularon todas sus proyecciones. Las figuras que estuvieron detrás de su éxito electoral (los candidatos presidenciales Yaku Pérez y Xavier Hervas) ya no militan en sus filas. La directiva de Pachakutik está en disputa y el movimiento sufre el asedio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización histórica de los indígenas, que quiere hacerse con su control total.
No es el caso de la Unión por la Esperanza (UNES), partido del correísmo, que ha liderado la estrategia del impeachment o proceso de destitución y sale de esta coyuntura relativamente indemne. Por un lado, sufre el efecto de la destitución de la Asamblea donde había consolidado su dominio absoluto, pero, por otro lado, emerge como la fuerza mejor posicionada para la próxima elección. La fragmentación de la oposición puede favorecerlo en las elecciones presidenciales y legislativas. Su impugnación de la muerte cruzada ha sido tibia, ya que venía preparando sus fuerzas para unas posibles elecciones.
La aplicación de la muerte cruzada en Ecuador va a demostrar si es útil como válvula de escape a las tensiones políticas entre poderes del Estado, más allá de concebirse como puro blindaje del hiperpresidencialismo. Si funciona, los países de la región tendrán una importante lección que aplicar a sus propios diseños institucionales.-
