Consideraciones sobre el Parque Nacional Yapacana a 10 meses de las operaciones contra los ilícitos ambientales
La situación de los grupos irregulares en el parque nacional Yapacana, representa un punto de inflexión
Al cumplirse 10 meses de la Operación Autana, diseñada por la FANB para combatir los ilícitos ambientales en el Yapacana y otras zonas de Amazonas, y debido a los últimos hechos ocurridos en ese parque nacional, GRIAM continúa proponiendo la conformación de una comisión de observadores, integrada por organizaciones de la sociedad civil y Estado venezolano.
GRIAM, al igual que la mayoría de las organizaciones sociales y ambientales dedicadas al trabajo en la región Amazónica, desde hace varios años ha solicitado por distintos medios, la intervención del Estado venezolano en el parque nacional Yapacana, por tratarse de una zona donde confluyen una serie de delitos contra las personas y el medio ambiente, especialmente contra los pueblos indígenas y sus medios de vida, vinculados a sus territorios; además, por tratarse de una zona donde confluyen al menos tres grupos irregulares provenientes Colombia y Brasil, dedicados a la extracción de minerales, control territorial y monopolio de la violencia.
La situación de estos tres grupos irregulares en el parque nacional Yapacana, representa un punto de inflexión donde el Estado venezolano debe tomar control de manera urgente sobre esta zona de interés social y biodiverso para el país y para la humanidad.
Si bien GRIAM, al igual que otras organizaciones, han solicitado desde al menos dos décadas la intervención del parque nacional Yapacana, para sanearlo de las graves afectaciones ambientales, y en momentos donde el Estado venezolano lleva 10 meses de actividades de combate a los ilícitos ambientales, desalojo de mineros, destrucción de materiales estratégicos y estructuras ilegales, es importante que los procedimientos de la Operación Autana, se lleve a cabo en el marco del respeto y garantías constitucionales y legales, especialmente las referidas a los derechos humanos.
GRIAM, desde el inicio de las referidas operaciones contra los ilícitos ambientales en el Yapacana, ha recomendado pública y oficialmente, que paralelamente a estos procedimientos, se deben desarrollar y ejecutar de manera permanente (no temporal) políticas públicas integrales de atención social a las comunidades indígenas del municipio Atabapo -y Amazonas en general-, entre otras medidas, para garantizar el no retorno de estas poblaciones o personas, a las actividades mineras en las zonas protegidas ambientalmente.
La situación del parque nacional Yapacana, es un asunto que debe ser asimido desde diferentes enfoques sociales y a través de diálogos con las comunidades indígenas.
A 10 meses de las actividades contra los ilícitos ambientales en el parque nacional Yapacana, GRIAM continúa recomendando lo siguiente:
1- Proceso de diálogo entre autoridades del Estado venezolano y las autoridades legítimas tradicionales de las comunidades indígenas de la zona -y de Amazonas en general-.
2- Diseño y ejecución de políticas públicas de atención social a las comunidades del municipio Atabapo y otras zonas de Amazonas, especialmente en materia de salud, medios de vida y alternativas económicas.
3- Conformación de una comisión observadores, integrada por autoridades del Estado venezolano, organizaciones de la sociedad civil y autoridades legítimas tradicionales de los pueblos indígenas de Amazonas.
4- Desalojo total e inmediato de personas extrañas vinculadas a estructuras ilegales con influencia en los territorios indígenas aledaños al parque nacional Yapacana, especialmente a extranjeros.
GRIAM reitera su compromiso fundacional con los derechos indígenas, los territorios y protección ambiental de la Amazonía.
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