Denuncian ante la embajada de Estados Unidos violaciones de DDHH en San Cristóbal
No quedarán impunes los actos de persecución, acoso y destrucción cometidos por funcionarios de la alcaldía de la capital tachirense
Para que sea incluido en el Informe Anual del Departamento de Estado de EE.UU., CICIVEN, Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, dirige al embajador Francisco Palmieri, representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, un informe sobre la violación de derechos humanos cometida por altos funcionarios de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, Estado Táchira, por persecución a comerciantes en esa ciudad y destrucción de sus locales comerciales, así como por acoso y persecución al defensor de las víctimas y defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y Director General de CICIVEN, Walter Márquez.
La información la dio a conocer el vicepresidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, CICIVEN, abogado Paciano Padrón, quien informó que entre los denunciados se encuentran el alcalde Silfredo Zambrano; el director general, Juan Rodolfo Martínez, el síndico procurador municipal Mario Izarra y otros funcionarios.
El vicepresidente de CICIVEN recordó que, durante el año 2023, el alcalde Silfredo Zambrano y altos funcionarios, ordenaron la destrucción de dos restaurantes dentro del Hospital Central, permisados desde el año 2004, a pesar de que estaban prescritas las acciones, y a finales de 2022 destruyeron un restaurante en el terminal de pasajeros Teófilo Cárdenas.
Recordó Padrón que ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Cristóbal, la Directora de Ingeniería Municipal y el Síndico Municipal, confesaron que ellos no habían expedido la resolución para demoler esos locales, lo que confirma que se violó el debido proceso.
“Además -explicó el vicepresidente de CICIVEN- poseemos una recopilación hemerográfica y documental de los hechos. Los atropellos se han extendido a comerciantes informales, a funcionarios de la propia Alcaldía, a expendedores de licores, pequeños comerciantes y a vendedores de repuestos automotrices, siendo uno de los casos más dolorosos el de la dueña de una bodega, ubicada en Barrio Sucre de la capital tachirense, quien murió como consecuencia de un mal procedimiento de funcionarios fiscales de la Alcaldía. Es una violación sistemática de los derechos humanos”.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, concluyó Padrón; CICIVEN, además de dirigirse en esta oportunidad al Departamento de Estado, a través del embajador de EE.UU., tramita ante la justicia internacional estos crímenes de lesa humanidad.-
