Cooperativa láctea argentina tiene solución

Roberto Fermín Bertossi es hijo de chacareros y su familia siempre estuvo ligada a SanCor, la cooperativa láctea que alguna vez fue la nave insignia de la lechería argentina. Pero sobre todo, este abogado graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se ha especializado en derecho cooperativo, al punto de crear la primera cátedra específica.

“Hemos seguido y desmenuzado de cerca este caso que tanto duele al auténtico y genuino Cooperativismo” dice al enviarnos esta nota de opinión sobre la situación actual de SanCor, que vuelve a padecer por estos días las consecuencias de un extenso enfrentamiento entre la línea gerencial de la cooperativa y el sindicato de la industria láctea Atilra, con participación -por acción u omisión- del propio gobierno.

Este es el artículo de opinión de Bertossi:

En medio de una aguda crisis argentina, nuevamente este Gobierno evalúa algunas medidas para “ayudar” a Sancor, negando la dura realidad de jubilados, docentes o médicos residentes, con toda irracionalidad e inequidad, escondiendo a la postre especulaciones políticas electorales de baja estofa ante una inflación, pobreza e indigencia que agobian, afligen, empobrecen y denigran a los argentinos en su conjunto.

Efectivamente, el 2 de noviembre de 2022 -día de los muertos-, el ministro Sergio Massa convocó a una reunión en la cual se evaluaron alternativas para oxigenar a la otrora líder empresa láctea nacional, pero sin ir al fondo del deficitario dilema empresario-sindical. Exigir el pago de una deuda millonaria en dólares a Venezuela y la gestión del refinanciamiento por evasiones impositivas ante AFIP u otras, fueron los aspectos en cuestión, meros placebos que en modo alguno alcanzan para rescatar a la empresa del abismo insondable que este mismo gobierno nacional (INAES), la propia Cooperativa y el sindicato del rubro, con sus ineficiencias, abusos y omisiones; irresponsable e impunemente habrían sumido a la misma.

Disponiendo legalmente de tantos recursos cooperativos auténticos, como la permanente facultad para incrementar su capital genuinamente, la emisión de obligaciones negociables, asociarse con personas de otro carácter jurídico y/o de conformar cooperativas de exportación; todo lo concerniente a un nunca concretado fideicomiso ´salvador´ (¿estatal o mixto?), no es salida ni cooperativa ni sustentable en términos legales.

Conforme la propia naturaleza cooperativa, son inadmisibles inversores nacionales o internacionales imbuidos naturalmente de todo mercantilismo; verdadero antónimo del espíritu cooperativo del No intermediario, del No lucro. Mucho menos, la intromisión del sector financiero estatal, que real y técnicamente se encontraría insolvente conforme su propia carta orgánica.

Ergo, si los propios asociados, únicos propietarios de SanCor, no confían en su cooperativa al negarse a recapitalizarla de su propio bolsillo, ¿por qué habrían de hacerlo ajenos a la misma, o el propio Estado?

Sancor no puede superar una crisis que ya en 2016 le generó pérdidas por poco menos de 2.500 millones de pesos. Así entonces, y mal que nos pese, se fortalece la hipótesis legal de formalizar su propia quiebra cuando adicionalmente, según nuestro derecho cooperativo vigente, no existe ninguna posibilidad legal de transformar a Sancor en sociedad comercial ni asociación civil, como tampoco la de vender parcial ni totalmente la misma a terceros, (arts. 6, 24 y cc., Decreto-ley 20.337/73 – Cooperativas).

Así pués, y como oportunamente señalamos, el descalabro de Sancor es mucho mayor y peor que superar en términos y categoría cooperativa la última e irremontable crisis quinquenal -dirigencial, asociativa, productiva, económica, financiera y sindical- que ha desguazado a una empresa solidaria dejándola en las ascuas del tiro del final.

La cooperativa Sancor se fue desmembrando y derrumbando por pésimas administraciones, burocracias, actos notoriamente extraños a su objeto estatutario y al cooperativismo en sí mismo; mediatizaciones participativas, falta de garantías suficientes y canales cooperativos seguros en su politizadamente aupada vinculación con Venezuela, etcétera. Todo ello sin perjuicio de flagrantes y reiteradas omisiones e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, (INAES), como de presuntas corrupciones y enriquecimientos ilícitos de consejeros, gerentes, síndicos, auditores, asesores, sindicalistas, etcétera; quiénes debieran de ser investigados en caso de declaración judicial de bancarrota, cuando serían citados aquellos que en los últimos decenios conformaron sus consejos de administración, sus sindicaturas, etcétera.

¿Acaso también quedarían involucrados los directivos de la Mutual Sancor, los de Sancor seguros, de Sancor salud, con origen en la misma ciudad santafesina de Sunchales e idéntica denominación social, a la postre, progenie alcanzable por una extensión de la quiebra en un eventual proceso concursal definitivo de la cooperativa láctea matriz?

A todo esto, nos provoca toda suspicacia e indignación que INAES nunca jamás declaró irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos de SanCor Cul. (balances, informes de síndicos, de auditores, del Banco Central, de Afip, de Anses, etc.)  que con alta frecuencia periódica le fueran sometidos en los últimos 20 años, en tanto fueran contrarios a la ley, el estatuto, reglamento, etcétera.

Tal eventual declaración de irregularidad, precautoriamente pudo importar el requerimiento de prudentes y atinadas medidas legalmente previstas, esto es, solicitar entonces, oportunamente, la intervención judicial de la Cooperativa, sin perjuicio de analizar e impulsar en su caso, la recuperación de la empresa Sancor por su propio personal, engrosando, enriqueciendo y re categorizando genuinamente el mentado movimiento de empresas recuperadas, paradójicamente, impulsado y sostenido política y clientelarmente, con todo denuedo, por este gobierno nacional y popular; incluso hoy con una unidad especial de vinculación en el mismísimo INAES.-