Miguel Henrique Otero:
No intentaré aquí explicar -hasta donde lo entiendo- una problemática de larga data -el Laudo Arbitral que está en el meollo de la posición de Venezuela se firmó en 1899, hace casi 124 años-, que es de extraordinaria complejidad, en la que se mezclan factores históricos, geopolíticos, militares, económicos, diplomáticos, provenientes de las distintas coyunturas. Ocurre con esta legítima reclamación venezolana que, mientras más tiempo se invierte en leer y escuchar a los expertos, va creciendo la sensación de que opinar al respecto es como dar un paseo en un campo minado: aquí y allá hay argumentos y contrargumentos para casi todo. Y toca reconocer que, del lado venezolano, a lo largo de innumerables actuaciones diplomáticas, la mayoría de las veces acertadas y con visión geopolítica, también se han cometido errores de carácter estratégico.
Y es sobre este asunto enrevesado, sembrado de datos y cuestiones propias del Derecho Internacional, que el régimen ha decidido hacer un referéndum sobre una cuestión que no debería ser sometida a consulta, tal como lo han repetido docenas de juristas, porque la Constitución vigente es categórica y clara al respecto: hay en ella una definición de cuál es el territorio de Venezuela, por lo tanto es absurdo, inconstitucional e improcedente -un grueso error- someter la integridad del territorio a una consulta. Además, si el artículo 14 afirma que el territorio no puede ser cedido, traspasado, arrendado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, es irresponsable consultar si debe ser o no defendido: su defensa es un deber y punto.
Se propone el régimen hacer una consulta en tres semanas -de cinco preguntas- sobre una materia especializada, y sobre la que, durante más de dos décadas de régimen chavista, se impuso un discurso, expresado por Chávez en la frase, “por encima del diferendo, aquí estamos dando ejemplo de buena vecindad (…) No podemos permitir que el diferendo nos transforme en países, como estuvimos, que viven de espaldas, incluso tildándonos muchas veces de enemigos”. Y, con el presidente de Guyana de entonces -Bharrat Jagdeo- como invitado en su programa de televisión, dirigiéndose a él, dijo: “a nosotros nos metieron en la cabeza, hace muchos años, que ustedes eran enemigos nuestros, imagínate tú. Y son hermanos, somos hermanos. Esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos hermanados”. En días recientes, en varios portales, ha sido citada la respuesta que Chávez dio a la periodista Andreína Flores -año 2011- de por qué no había planteado la defensa del territorio, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Chávez respondió: “El tema de Guyana lo manejamos nosotros como lo sabemos manejar, con un país hermano, ahí no hay ningún drama, ahí no hay ninguna crisis, no hay ninguna tragedia”.
Ese discurso no fue coyuntural, ni mucho menos. En el 2004, cuando Chávez fue a Guyana a concretar una negociación para venderle petróleo, dijo que ese era un momento histórico, porque inauguraba “una nueva era de relaciones”, “un momento de integración”, política que se oponía al “fracaso del neoliberalismo”.
Así las cosas, luego de casi 25 años de una política de apaciguamiento de la opinión pública venezolana al respecto, en la que se ha repetido la palabra ‘hermandad’ hasta la saciedad; luego de una política en la que se impuso la tesis del castrismo de que luchar por el territorio era una tentación “imperialista”; luego de abrazos y abundante y repetido palabrerío, el régimen pretende movilizar a la sociedad venezolana, pero bajo la sombra de una sospecha creciente: de que todo esto tiene como propósito soterrado crear una crisis para romper de una vez por todas el mecanismo del diálogo (sobre el que existe la presión de los mandatarios populistas, Lula, Petro y López Obrador, entre otros), intentar llevar los hechos a un punto que les permita suspender las elecciones (¿no es sonoramente falsa la declaración de Maduro de esta semana, diciendo que habrá elecciones con o sin sanciones? ¿No es una escena que, más adelante, justificará la decisión de no hacer elecciones, por razones de fuerza mayor?).
Si la pregunta sobre la fuerza de Venezuela y Guyana se restringe a lo militar, sobra decir que la superioridad numérica de la venezolana, el poderío del armamento todavía en su poder -el que no ha sido robado y traficado-, y los recursos que dispone (a pesar de las profundas distorsiones que ocurren en su seno), constituirían una ventaja aplastante sobre Guyana, si el régimen se planteara una solución desesperada y extrema como la de ocupar el territorio en reclamación, para crear, en una zona en disputa (lo cual es ilegal), el Estado Esequibo, tal como lo anuncia la quinta pregunta del referéndum. Hay que añadir: si Guyana intentase resistir la ocupación militar, el resultado sería catastrófico: muerte y devastación.
Pero si el escenario por venir mantiene un estatuto de paz, sin tiroteos ni incursiones armadas para provocar una crisis, entonces la posición de Venezuela luce muy frágil. La Comunidad del Caribe -CARICOM-, que ha sido un aliado histórico del régimen, estaría obligado a prestar su apoyo a uno de sus países fundadores: Guyana es uno de sus miembros natos. De hecho, la sede de la CARICOM ha estado en la ciudad de Georgetown, capital de Guyana.
¿Qué haría Cuba, histórico aliado de Guyana, pero también beneficiario del régimen chavista y madurista? Llamaría a la paz, al diálogo y las soluciones diplomáticas, mientras trata de obtener prebendas petroleras de Guyana. Colombia, Brasil, México, Argentina y buena parte de la comunidad latinoamericana, lo mismo: ninguno apoyaría a Venezuela, salvo la tenebrosa dictadura de los Ortega, que ha roto con toda forma de disimulo y traspasado todos los límites de la legalidad: este sería, muy probablemente, el país que suscribiría la posición del régimen.
¿Y qué decir de Estados Unidos y las naciones europeas? Pues lo obvio: llamarán a la paz y a seguir la vía de la legalidad, que es la de la Corte de Justicia Internacional, puesto que no hay otra entidad con capacidad de pronunciarse, dirimir o dar forma a una solución.
En la escena mundial, es improbable que la posición del régimen, de desconocer a la Corte de Justicia Internacional (que podría ser un primer paso para desconocer a la Corte Penal Internacional), encuentre eco o apoyo. Será el camino por el que presionarán todos aquellos que tengan algo que decir al respecto.
Por lo tanto, el camino de denunciar y atacar al tribunal es, sin duda, un error. Al contrario, Venezuela debería -en vez de un referéndum inconstitucional y absurdo-, armar un equipo de juristas, historiadores, diplomáticos, expertos en la materia fronteriza, del más alto nivel, venezolanos, del más alto nivel, que sea capaz de demostrar lo que es demostrable: que el Laudo Arbitral de 1899 fue impuesto por intereses y poderosas fuerzas, ajenas a la realidad en debate, y que esa condición, debe revisarse para alcanzar hoy un nuevo acuerdo.-
