Nicaragua ha desterrado o impedido ingresar al país a 170 sacerdotes y 76 monjas
Sigue la tensión entre el régimen de Ortega y la iglesia católica
El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha desterrado, expulsado o impedido ingresar al país a 170 sacerdotes -entre ellos tres obispos de la Conferencia Episcopal- así como a 76 monjas, informó este lunes la oenegé Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
Las relaciones del Gobierno del presidente Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes
El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha desterrado, expulsado o impedido ingresar al país a 170 sacerdotes -entre ellos tres obispos de la Conferencia Episcopal- así como a 76 monjas, informó este lunes la oenegé Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
«Al cierre del 2023, se estimó que al menos 76 monjas y 170 sacerdotes habían sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua», indicó Raza e Igualdad en un informe.
Entre esos religiosos se encuentran 12 sacerdotes que el régimen encarceló y posteriormente desterró al Vaticano en agosto pasado, y los 19 sacerdotes y seminaristas excarcelados y desterrados en enero de 2024, anotó.
El 14 de enero pasado, el Gobierno de Nicaragua informó de que acordó con la Santa Sede el «envío» al Vaticano de los obispos nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.
Álvarez y Mora se sumaron al obispo auxiliar de Managua, desnacionalizado y exiliado, Silvio Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, como los tres jerarcas de la Conferencia Episcopal impedidos de regresar a su país.
La lista de religiosos excarcelados y expulsados al Vaticano, divulgada por el Gobierno de Managua, la encabeza el obispo Álvarez, condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria. Le sigue el obispo Isidoro Mora, detenido desde el pasado 20 de diciembre en medio de una ola de arrestos de religiosos católicos.
Redada sin precedentes en diciembre
La lista oficial incluye 15 sacerdotes, de los cuales 10 pertenecen a la Arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo, que dirige el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, también detenidos entre diciembre y enero pasado.
Los curas liberados y enviados al Vaticano son Pablo Villafranca, Carlos Avilés, Héctor Treminio y Silvio Fonseca, canciller, vicario general, tesorero, y vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis de Managua y director del Instituto Juan Pablo II, respectivamente. También los sacerdotes Miguel Mántica, Raúl Zamora, Ismael Serrano, Mykel Monterrey, Gerardo José Rodríguez, y Jhader Hernández, todos de la Arquidiócesis de Managua.
Los otros cinco sacerdotes son Óscar Escoto, Jader Guido y Fernando Calero, de la diócesis de Matagalpa; Marco Díaz Prado, de la diócesis de León y Chinandega (noroeste), y José Gustavo Sandino Ochoa, de la diócesis de Jinotega (norte). Además, los seminaristas Alester Sáenz Centeno y Tonny Palacio Sequeira, de acuerdo con la lista.
Raza e Igualdad observó que «en las últimas tres semanas de diciembre (de 2023), el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó una redada sin precedentes en la que detuvo arbitrariamente a al menos 18 miembros de la Iglesia católica», incluido al obispo Mora.
La «preocupación» del Papa
La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurrió dos semanas después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su «preocupación» por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que «se busque siempre el camino del diálogo» para superar los problemas.
Las relaciones del Gobierno del presidente Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes.-
| RD/EFE
