La explosión: ingobernabilidad como crisis de Estado

Francisco Javier Vargas Galindo, desde Chile: 

La pérdida de conducción política pone en evidencia las fracturas estructurales del Estado y su régimen político. El gobierno no sólo pierde capacidad de conducción y control político. También lleva a la institucionalidad estatal a una situación de extrema fragilidad. No ha logrado estructurar un propósito político trascendente; no ha podido darle un adecuado trámite a las tensiones y conflictos políticos e institucionales; y no ha conseguido gestionar la agenda de gobierno manteniendo claras las prioridades. El gobierno no se erige en factor de cohesión social y, en cambio, sí se deja arrastrar por la polarización en la que está inscrito como uno de los confrontados de una disputa, en la que cada quien está en un bando. Las tensiones y conflictos políticos e institucionales, que copan la agenda pública, comienzan a hacer parte de las angustias cotidianas. Sin un líder a la vista, miles de alternativas se proyectan buscando imponerse sobre las demás. El horizonte hacia el que la sociedad y el Estado deben transitar se pierde por completo. Los elementos fundamentales de la unidad nacional se disuelven en la ausencia de una sólida alternativa institucional y pública.

¿Cuáles son los intereses del Estado y la nación que hay que preservar? ¿Cómo lo van a hacer?. Son las dos preguntas que parecen abandonar definitivamente las mentes de gobernantes y gobernados. Los requisitos de la seguridad interior, son desplazados por los requerimientos de la «estabilidad» política. Los intereses del Estado y la nación se disuelven en los intereses del pequeño circulo que gobierna y hace todo para mantenerse. El clientelismo no refleja otra cosa que la maraña de lobbies a la que está quedando reducido el ejercicio de gobierno. Militares, políticos, congresistas, jueces, periodistas, empresarios, ministros, directores generales, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales se han convertido, por la fuerza de las circunstancias, en pequeños lobbistas que luchan por el poder que emerge de la repartición del presupuesto y la burocracia. Pero aquí nadie gana. Como dice Castoriadis «cada uno de los lobbies es capaz de bloquear cualquier política contraria a sus intereses reales o imaginarios; ninguno de ellos tiene una política general y si la tuviera no tiene capacidad para imponerla». En estas condiciones el presidente es un monarca encadenado. Cada lobbista se encarga de recordar los compromisos que debe cumplir para poder gobernar.

La crisis de gobernabilidad ya no consiste en una inadecuación del aparato estatal. Tampoco en una separación, a la manera gramsciana, entre dirección y coerción (Lechner, 1977). Más profundamente la crisis radica en la pérdida del lugar estructural del Estado y la sociedad. Es la crisis en la que los gobiernos se revelan incapaces para mantener un norte al Estado y a la sociedad que gobiernan.

El quiebre de los monopolios de partido único y el bipartidismo, o la irrupción de las «autodefensas» como formas substitutivas de la represión oficial, que desbordan la territorialidad e institucionalidad de las formas y códigos de cohesión, regulación, control y disciplinamiento social;

La permanente confusión y usurpación de poderes entre las ramas del poder público y la conversión y extensión del clientelismo, la corrupción y el burocratismo como «sistemas de protección social», que señalan incapacidad para recrear una juridicidad que precise la naturaleza y composición interna del sistema jerárquico de autoridad y delimite las competencias, funciones y responsabilidades en el ejercicio del poder institucionalizado (político, económico, administrativo, militar, etc.);

La profundización de la informalidad, la dolarización de las economías, la especulación y fuga de capitales, la evasión de impuestos o el incumplimiento de las normas laborales, que reportan la imposibilidad de restablecer las relaciones entre las formas y mecanismos de gestión y regulación del capital y el trabajo y los patrones de acumulación y competencia entre capitales;

La utilización recurrente de los instrumentos de «excepción», el repliegue del militarismo o la pérdida del control sobre las formas y organismos para-estatales de contención de los conflictos y luchas sociales, que pone de presente la incapacidad para mantener la producción y reproducción de los mecanismos a través de los cuales la «ilegalidad» del Estado de Derecho se transforma en la «legalidad» de los «Estados de Excepción»;

La incoherencia de las políticas y las acciones gubernamentales que, reducidas cada vez a intervenciones espasmódicas, al golpe por golpe, y contradictorias entre sí, revelan la ausencia de un proyecto global de gobierno de la sociedad y del aparato público.

Todo en un escenario en el que las fuerzas del mercado político se muestran incapaces para asignar eficientemente los recursos en el sistema. Los aparatos represivos no pueden contener los conflictos. El virtuosismo que se le imputa a los ciudadanos y a sus organizaciones brilla por su ausencia. Las reivindicaciones populares se ahogan en un «revuelto de reclamaciones corporativistas que contradicen la noción de interés general y la igualdad no cesa de ser una reivindicación platónica» (Gilly, 1992). Es el momento de total ingobernabilidad: el de la fractura del Estado.-

 24/3/2024

fjavier.vargasg@gmail.com