Latinoamérica exige al régimen de Ortega el fin de la represión en Nicaragua
Insta a restablecer "la institucionalidad democrática, el pleno Estado de Derecho y las libertades fundamentales"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reabran el diálogo con la sociedad civil y restauren la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales para superar la crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano desde 2018
Desde abril de 2018, el país centroamericano atraviesa una crisis política y social, acentuada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, mientras que su esposa, Rosario Murillo, fue confirmada como vicepresidenta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Gobierno nicaragüense que preside Daniel Ortega que promueva el diálogo con la sociedad civil para superar la crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano desde abril de 2018.
En su Informe Anual sobre Nicaragua, de 40 páginas, la CIDH llama a Ortega a tomar las medidas necesarias para restablecer «la institucionalidad democrática, el pleno Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión«. Es necesario», afirma el Informe, «crear las condiciones que ayuden a construir la confianza de la población, mediante el cese de la represión», la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos seis años, la puesta en marcha de juicios que promuevan la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y el fin de la impunidad para quienes han violado los derechos humanos.
Nicaragua, afirma la CIDH, ha «cometido actos de represión estatal que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, privación de libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada».
La Comisión también pide a las autoridades nicaragüenses que revoquen todos los decretos relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, sin garantizar el debido proceso, y que devuelvan las estructuras y propiedades confiscadas a sus miembros. En los últimos días, el gobierno de Managua canceló la personalidad jurídica de otras 15 asociaciones que operaban como organizaciones sin ánimo de lucro, lo que eleva a más de 3.600 el número de ONG prohibidas desde diciembre de 2018.
Por ello, exige el cese inmediato de la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas y la intimidación contra diversos actores de la sociedad civil, como periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, opositores políticos y miembros de comunidades religiosas y de la Iglesia católica.
En este contexto de crisis, el Papa Francisco ha pedido reiteradamente oraciones por la Iglesia en Nicaragua, esperando que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades.
Desde abril de 2018, el país centroamericano atraviesa una crisis política y social, acentuada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, mientras que su esposa, Rosario Murillo, fue confirmada como vicepresidenta. Desde el inicio de las protestas hace seis años, la respuesta represiva del Estado -subraya la CIDH- ha provocado la muerte de al menos 355 personas, heridas a más de 2.000 y detenciones arbitrarias a más de 2.000.-
