¿Puede refrendarse popularmente un pacto de justicia transicional en Venezuela?

El perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia

San Juan Pablo II

días pasados, el presidente Gustavo Petro propuso que el 28 de julio, junto con la elección presidencial, se realice una consulta o referendo para asegurar los derechos políticos de quienes pierdan en esas elecciones.

Esta es una sugerencia que merece ser considerada, pues atiende a un tema sobre el cual poco se ha tratado en Venezuela recientemente: los acuerdos políticos necesarios para reducir la desconfianza frente a una transición. Esos acuerdos no son solo oficialismo-oposición, aclaro. Lo prolongado de la crisis de Venezuela requiere acuerdos integrales, incluso, dentro de lo que suele considerarse como oposición.

¿Cómo suceden las transiciones democráticas?

No existe ninguna fórmula para avanzar en transiciones democráticas. Cada transición es única y, rara vez, quienes participan en ella saben que está en curso una transición.

Sin embargo, hay un elemento que, de una u otra manera, siempre está presente, y que alude a las negociaciones o acuerdos políticos, especialmente, entre el gobierno autoritario que sale y el nuevo gobierno que se instala. Esto no significa, por supuesto, que basta con extrapolar acuerdos políticos exitosos para lograr la transición, pues de nuevo, cada caso es único. Pero lo cierto es que las probabilidades de una transición pueden incrementar en la medida en que existan acuerdos creíbles que aseguren derechos políticos a todas las partes.

En términos sencillos, estos acuerdos reducen la incertidumbre que toda transición genera, especialmente, en la élite desplazada. Si esa élite cree que luego de la transición será perseguida, las probabilidades de que ceda el poder serán menores. Además, estos acuerdos pueden favorecer la reconciliación y, con ello, ayudar a la sociedad a avanzar hacia la consolidación de la democracia.

La reconciliación y la justicia transicional en Venezuela 

Durante los eventos de 2017 solía dar charlas en espacios públicos para explicar aspectos centrales de la democracia constitucional. Las charlas generaban mucho entusiasmo, hasta cuando llegaba a la parte de la justicia transicional. Allí la cara de los asistentes cambiaba y, con frecuencia, me replicaban que todos los que habían violado la Constitución tenían que ir presos. 

La justicia transicional es un tema poco tratado en Venezuela, considerando lo prolongado y complejo de la crisis. Quizás desde la oposición se consideró que este tema era poco popular -recuerden la cara de los asistentes a mi charla- y que era mejor mostrar una línea dura. Ni un paso atrás. Hay, sí, importantes esfuerzos desde la sociedad civil. Pero este no es, ni con mucho un tema central en la Venezuela de hoy.

No sabemos cuándo y cómo se va a dar la transición en Venezuela. Además, como expliqué, tenemos que quitarnos la ilusión de que la transición de Venezuela es como la de Chile, pues cada caso es único (y la situación de Venezuela poco tiene que ver con la de Chile, por cierto). Pero lo que sí sabemos es que, sin un pacto político creíble de convivencia y justicia transicional, los costos de esa transición serán mucho mayores.

«Pacto de convivencia no es un pacto de olvido o punto final. Pacto de convivencia es aquel que, desde la verdad, la memoria y la justicia, asegura derechos políticos para todos»

El error de 2019

No solo el tema de la justicia transicional es poco tratado en Venezuela. Además, intentos anteriores no han generado confianza. Un buen ejemplo es el Estatuto de Transición, de 2019. En ese Estatuto se mencionó la importancia de la justicia transicional y, tanto más importante, se aludió al gobierno de unidad nacional (el segundo paso del mantra de 2019). Pero este marco jurídico quedó al margen en una narrativa que consideró que el cambio político era irreversible. Yo, que estaba en el ojo del huracán, sabía que no había nada irreversible.

Esto hizo que la idea del gobierno de unidad mutara al gobierno de la MUD, o sea, de quienes se consideraban ya ganadores. Pero como expliqué en un diálogo con el profesor Lowenthal, cuando trabajé en el borrador del estatuto, tenía en mente una instancia de co-gobierno similar al caso de Sudáfrica.

De hecho, en 2020 el Gobierno de Estados Unidos avaló esa propuesta, demostrando que la “máxima presión”, de cuyo fracaso tanto se habla, más bien duró muy poco. A pesar de la importancia de esta propuesta, sobre la cual escribimos, ella generó muy poco interés.

«Es imposible pensar en una transición sin cohabitación, como es imposible pensar en un escenario en el cual todos van a ir presos«

Deus ex machina (las sanciones)

2019 también nos dejó otra gran confusión: la de que alguien va a promover la transición.

Un buen amigo dice que el rasgo distintivo del lenguaje latinoamericano es la voz pasiva, pues las cosas pasan sin que nadie sea responsable. La transición se va a dar, podía leerse en los chats de 2019. Alguien (deus ex machina) se encargaría de ello.

Las sanciones representan, quizás, el mejor signo de esa distorsión. Los venezolanos discuten sobre sanciones con una pasión tal que cualquiera creería que la decisión depende de ellos. Unos exigen reimponer las sanciones, y otros firman cartas pidiendo continuar con la “flexibilización”. Unos y otros creen que las sanciones van a producir algún cambio.

Pues no. Las transiciones no se hacen. Alguien hace las transiciones. Y ese alguien incluye a varios actores, pero, como mínimo, incluye a los venezolanos. En lugar de ladrarle a la luna, más útil es enfocarse en aquello que los venezolanos pueden controlar más, como los pactos de convivencia.

La encrucijada de 2024

Según los analistas que usted lea, y el momento del día en el que lea el análisis, verá cómo la transición política ya empezó en Venezuela, o cómo Maduro se quedará seis años (y contando). En la mañana se nos dice que la oposición no tiene plan, y en la tarde se elogia lo acertado de su estrategia. Este velerismo solo contribuye a generar más ruido.

La verdad es que nadie sabe qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que cualquier posibilidad de una transición podrá ser mayor si se vence la desconfianza política generalizada.

Esta desconfianza no solo es horizontal, o sea, entre el oficialismo y la oposición. Para hacer las cosas más complejas, la desconfianza es vertical: el oficialismo desconfía del oficialismo y la oposición desconfía de la oposición. La desconfianza eleva los costos de transacción y, por ende, hace la transición más compleja.

Un pacto político de convivencia podría ayudar a reducir esa desconfianza, en un plano horizontal y vertical. Por ello, he hablado del sistema de justicia transicional, para aludir a la necesidad de crear un marco político que cubra todos los aspectos de la reconciliación nacional, en especial, desde la centralidad de las víctimas. Pacto de convivencia no es un pacto de olvido o punto final. Pacto de convivencia es aquel que, desde la verdad, la memoria y la justicia, asegura derechos políticos para todos, y genera incentivos para instancias de co-gobierno enfocadas en atender la emergencia humanitaria y la reinstitucionalización del país.

En especial, este sistema no solo se agota en lo político. También es fundamental abarcar el aspecto económico y al sector privado. La “liberalización” de facto adoptada en 2018 ha abierto nuevos espacios para el sector económico privado. Los pactos de convivencia, por ello, también deben abarcar la reinstitucionalización económica de acuerdo con el sistema de economía social de mercado.

La propuesta de Petro 

La propuesta de Petro, me parece, apunta hacia ese objetivo. Las elecciones del 28 de julio han estado al borde del abismo, pero sin dar el último paso al frente. Que a fines de abril la oposición pueda tener candidato unitario es un resultado que desafía las estadísticas. Pero eso no es suficiente.

Uno de los grandes temores del 28 es que, para muchos, ese día puede ser el inicio del fin. La élite gobernante teme que, de perder, será perseguida. Los otros miembros del oficialismo tienen temor a que, de ganar esa élite, ellos también serán perseguidos. Un sector de la oposición teme que, si gana otra coalición opositora, ellas serán perseguidos y desplazados. En un juego de suma cero todos son perdedores o, mejor, todos se creen perdedores.

Para elevar la confianza política, hace falta un acuerdo que sea creíble. El Estatuto de 2019 contenía una buena propuesta de justicia transicional, pero no fue creíble. La propuesta del Gobierno de Estados Unidos de 2020 fue, en muchos sentidos, rompedora, pero no generó confianza.

¿Cómo elevar esa credibilidad?

Un referendo podría elevar la credibilidad de un pacto de convivencia, en la medida en que éste contará con apoyo popular e internacional. Visto lo complejo del colapso venezolano, es imposible que todos y cada uno de los actores políticos se sientan representados en ese pacto, pero sí podría generarse en una situación en la cual la confianza se incremente de manera generalizada, y en la cual nadie se sienta excluido.

Basta recordar la polémica que generó la propuesta de Almagro sobre la cohabitación, para comprender la necesidad de ese pacto. Es imposible pensar en una transición sin cohabitación, como es imposible pensar en un escenario en el cual todos van a ir presos. Cohabitación habrá. El reto es lograr una cohabitación en la cual la democracia sea la única regla del juego. Y un pacto de convivencia refrendado popularmente podría servir para ello.

¿Cómo implementar la propuesta?

Hay muchas formas de implementar esta propuesta, como, por ejemplo, a través de un referendo consultivo (artículo 71 constitucional). Otra opción, que en lo personal me gusta más, es una enmienda avalada popularmente (artículo 341).

En todo caso, el contenido mínimo tendría que ser el siguiente:

• Cogobierno. La elección debería dar paso a una instancia de cogobierno centrada en atender la emergencia humanitaria compleja, reinstitucionalizar el país y retomar su inserción en las naciones democráticas. Para aclarar: no hablo de compartir el gobierno entre la oposición, sino entre oposición y oficialismo.

• Plan humanitario. Quizás lo único positivo de la emergencia humanitaria y fragilidad estatal, es que las opciones para la recuperación son bastante limitadas pues, en situaciones de emergencia, suele haber solo una salida. La instancia de cogobierno tiene que basarse en un programa político humanitario de amplio consenso.

• Período presidencial limitado. Como en política todo el que respira aspira, el período presidencial que inicie en enero de 2025 debería ser menor a seis años. Pensemos en un período especial de dos años, en el cual la instancia de cogobierno se encargará del plan humanitario. Estabilizado el país, se celebrarán -ahora sí- elecciones libres.

• Justicia transicional. Lo más complejo es diseñar un sistema de justicia en el cual los responsables de violaciones a derechos humanos y otros delitos en contra de la democracia rindan cuenta de sus acciones, asuman su responsabilidad, pero mantengan sus derechos políticos. Ni la impunidad, ni la venganza sirven a una transición. Por ello, en el centro de este sistema deben estar las víctimas, cuya dignidad debe ser restablecida, incluso, patrimonialmente. Este sistema puede incluso funcionar frente a la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional bajo el principio de complementariedad.

Diseñar jurídicamente estos pasos es ciertamente complejo. En lo personal, tengo cerca de 10 años dándole vueltas al asunto, y he concluido que, jurídicamente, sí es posible diseñar un pacto de convivencia y justicia transicional que funcione en el papel. Lo más difícil es lograr el apoyo político plural a este pacto, de cara al evento pautado para el 28 de julio. Mientras antes comience a trabajarse en esto, mejor.-

PUBLICADA EN LA GRAN ALDEA: https://lagranaldea.com/2024/04/29/puede-refrendarse-un-pacto-de-justicia-transicional-en-venezuela/