Académicos cuestionan validez de la ley de pensiones

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó la reciente aprobación de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista por su “cuestionable validez” y los “inconvenientes” e “implicaciones para la población”.

En un comunicado, la institución explicó que el déficit financiero que atraviesa la seguridad social del país está muy lejos de cumplir sus objetivos constitucionales. Consideró que la solución a este problema no está en crear cargas adicionales contrarias al sistema tributario y al régimen laboral.

La academia subrayó que mientras no se estabilice la economía no será posible recuperar la seguridad social.

“El Ejecutivo Nacional mantiene inalterado desde hace tres años consecutivos el importe del salario mínimo y en su lugar introdujo el uso de bonos denominados en dólares y pagaderos en bolívares. Esta práctica es inconstitucional y la metodología ineficaz para preservar el poder adquisitivo del salario”, denunció.

Entre las críticas a la ley, la institución mencionó que es discriminatoria porque grava exclusivamente al sector privado, delega indebidamente al presidente de la República la fijación de la alícuota según el tipo de actividad económica y no toma en cuenta los casos de empleadores que han empleado políticas internas en materia de jubilaciones por vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia.

“La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhorta al Poder Público Nacional a mantener un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria, para recuperar, por una parte, la función del salario y, por la otra, lograr la anhelada armonización tributaria que forzosamente ha de pasar por procurar racionalidad entre las excesivas cargas impuestas al sector productivo del país”, dijo la academia en el último punto de su comunicado.

El 9 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial número 6806 la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

La ley pretende elevar los recursos que perciben los pensionados del país y obliga a la empresa privada a pagar el equivalente de hasta 15% del total de salarios y bonos que devengan sus empleados.

Hasta ahora el patrono de empresa pública o privada realizaba aportes de seguridad social destinados a las pensiones.

Pero la nueva ley impone a estas empresas pagar una contribución adicional cada mes.-

El Nacional