Organizaciones alertan que 1.8 millones de personas necesitan protección ante violencia de género
Cedeño resaltó la necesidad de mejorar la gestión de los casos, el manejo clínico de la violencia sexual, y la planificación familiar, incluyendo el control prenatal y postnatal
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Diversas organizaciones que trabajan en pro de la erradicación de la violencia de género compartieron este jueves en Caracas los hallazgos de una encuesta de evaluación sobre la violencia machista contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en el país.
María Ysabel Cedeño, coordinadora del área de responsabilidad de violencia basada en género del Equipo Humanitario País, advirtió que los casos de abuso sexual, físico y psicológico, así como el femicidio y la violencia íntima de pareja, siguen siendo las formas de violencia más recurrentes en Venezuela.
Cedeño destacó que “1.800.000 millones de personas en el país están en necesidad de protección debido a la violencia basada en género”.
Asimismo alertó que las formas de violencia más recurrentes son el femicidio, violencia íntima de pareja, sexual, física y psicológica, el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y la trata con fines de explotación sexual.
Otro fenómeno alarmante es el uso de mecanismos de afrontamiento negativos, como el “sexo por sobrevivencia”, que se ha convertido en una práctica en diversas regiones de Venezuela, desde Caracas hasta Apure y Zulia, afectando tanto a comunidades fronterizas como rurales.
Matrimonios forzados y deserción escolar
Las uniones tempranas y los matrimonios forzados también se han identificado como formas recurrentes de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes, constituyendo un grave problema social.
Por otro lado, el embarazo adolescente es una de las principales causas de deserción escolar en niños, niñas y adolescentes. Además, la falta de productos para la higiene menstrual también impide que muchas niñas asistan a clases.
Las limitaciones en los servicios de respuesta multisectorial, que están mayormente concentrados en las grandes ciudades y capitales, dejan a muchas comunidades sin acceso a estos recursos esenciales.
Los servicios de salud mental y apoyo psicosocial son los más demandados, pero enfrentan grandes restricciones tanto en los programas estatales como en las organizaciones no gubernamentales.
Cedeño resaltó la necesidad de mejorar la gestión de los casos, el manejo clínico de la violencia sexual, y la planificación familiar, incluyendo el control prenatal y postnatal.
La orientación y representación legal, así como el alojamiento temporal y espacios seguros para mujeres, adolescentes y niñas, son servicios que también presentan grandes limitaciones.
Cedeño lamentó que, a pesar de estos esfuerzos, hubo una disminución en la respuesta y en el número de personas que accedieron a servicios de apoyo contra la violencia de género, así como una reducción en el financiamiento. El porcentaje de financiamiento pasó de 0.9% en 2021 a 1.9% en 2022 y luego a 1.1% en 2023.-