Ángel Oropeza:
En la actualidad, los sistemas políticos se definen y clasifican no sólo por su origen, sino, fundamentalmente, por una dimensión clave para diferenciar democracias de regímenes tiránicos que se denomina legitimidad de desempeño.
De acuerdo con la Carta Interamericana Democrática, legitimidad de desempeño se refiere al cumplimiento, por parte de los Gobiernos, de los elementos esenciales contenidos en los artículos 3 y 4 de dicha Carta: “Son elementos esenciales de la democracia, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
De esta manera, el mundo moderno reconoce y establece taxativamente el respeto estricto a los derechos humanos como el primer criterio para evaluar, como legítimo o no, cualquier Gobierno o práctica política. No son las etiquetas prefabricadas que cualquier régimen se adjudique a sí mismo, y mucho menos su ubicación en un continuo de ubicación ideológica. No. El criterio definitorio principal para ser considerado legítimo es el tratamiento concreto a personas concretas. Lo humano es el criterio. Y eso los cristianos lo entendemos muy bien, porque es consustancial con nuestra fe y con la dignidad de hijos de Dios de las personas.
La Constitución venezolana se inscribe en esta visión moderna y es por ello que establece, desde su Preámbulo, no sólo el respeto y defensa del derecho a la vida como objetivo superior, sino que además desarrolla un amplio articulado en materia de derechos humanos, uno de los cuales, el artículo 46, obliga a que «ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». En este sentido, la tortura y la violación de los derechos humanos no es sólo una trasgresión y un desacato a lo que ordena la Constitución nacional, sino que es además –y esto es lo importante- en un factor de deslegitimación política.
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró, entre 2013 y 2023, un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de las cuales 1.652 sufrieron tortura. Y el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA presentó, el pasado 3 de mayo, su tercer informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, el cual arrojó que 83 % de los casos de tortura en Venezuela no han sido investigados por los organismos oficiales.
El informe Luz verde para crímenes de lesa humanidad, análisis sobre la ausencia de esfuerzos internos para la rendición de cuentas en Venezuela expone que el Estado venezolano no ha investigado ni ha enjuiciado a ningún responsable de nivel medio o alto, por crímenes de lesa humanidad como violación y otras formas de violencia sexual, persecución, detención arbitraria, torturas y asesinatos, cometidos en Venezuela desde 2014 hasta este 2024.
En cualquier Gobierno pueden existir delincuentes entre las filas de la burocracia represiva o de los organismos de seguridad. El problema grave es cuando la tortura y la violación a los derechos humanos se convierten en una práctica de Estado. Ello no sólo descalifica moralmente al régimen y a sus funcionarios, sino que constituye un peligroso, pero inequívoco, factor de deslegitimación política. Un Gobierno que recurre de manera sistemática y permanente a la tortura y a los delitos contra los derechos humanos automáticamente deja de ser moralmente legítimo.
Las personas inteligentes observan conductas, no etiquetas. Una de las diferencias entre personas de mentalidad política primitiva y otras de razonamiento moderno es que las primeras se quedan discutiendo sobre los formulismos tipológicos o la autodefinición ideológica de sus gobernantes, mientras las segundas observan su desempeño concreto.
Estas últimas se fijan y deciden en función de las acciones del Gobierno de turno, mientras las primeras no pueden superar la adicción infantil por los discursos y la palabrería oficialista. Por ello, si un Gobierno tortura como política de Estado, no importan ni sus autoetiquetas ni sus justificaciones: ya perdió el sustento moral sobre el cual descansa su legitimidad.
Más allá de las diferencias de credo político, lo que nos une como raza humana es la primacía de la persona y el sagrado respeto por sus derechos, no importa de quien se trate. Ese es el criterio que en lo individual diferencia a una persona de un animal y el que, en lo político, define si un régimen es o no moralmente justificable.-
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*Ángel Oropeza es psicólogo, doctor en Ciencia Política, profesor titular de la UCAB y la USB, y miembro del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
Imagen: El Nacional
