La Iglesia peruana se vuelca en la defensa de la democracia y sus instituciones

La Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y los equipos de Pastoral Social Nacional, al inicio del mes patrio, uniéndonos al comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (26.06.2024), asumiendo nuestro compromiso profético de anuncio y denuncia; como cristianos responsables con la realidad, acogemos el clamor de la gente, compartido en el último encuentro de Pastoral Social nacional: “Ya no podemos llamar al Perú un país democrático, donde se respeta la dignidad de las personas”.

Nos indignan las grandes sombras que cubren a nuestra querida patria por los intereses particulares de grupos y personas que buscando su propio beneficio destruyen la democracia y las instituciones, vulneran los derechos humanos, la dignidad humana y de nuestra nación, y desconocen el Estado de Derecho, como lo demuestran diversas acciones:

El afianzamiento de una cultura de la ilegalidad, como la han llamado nuestros obispos, evidenciada en la captura de algunos de los órganos constitucionales autónomos del país, los intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia y así controlar el sistema de administración de justicia y los organismos electorales; la ley que prohíbe la participación política de los movimientos regionales y la eliminación de las elecciones primarias, de la paridad y la alternancia en las listas electorales, lo que mantendría los mismos intereses enquistados en todos los poderes del Estado y sus altos niveles de corrupción e incluso vínculos con el crimen organizado.

Esta cultura también se evidencia en leyes aprobadas por el congreso que favorecen la amnistía de militares y policías que han cometido crímenes de lesa humanidad

Esta cultura también se evidencia en leyes aprobadas por el congreso que favorecen la amnistía de militares y policías que han cometido crímenes de lesa humanidad, indultos ilegales de sentenciados por esos mismos crímenes; la ley que favorece al crimen organizado; normas que facilitan las economías ilegales y su formalización y la deforestación de nuestra Amazonia en favor de intereses económicos que agudizarán el cambio climático, los conflictos sociales, los asesinatos de defensores/as que defienden sus territorios y nuestra casa común, buscando la desaparición de los pueblos indígenas, a quienes consideran un obstáculo para un supuesto “desarrollo”.

Asimismo, la promoción de la modificación de la ley del APCI, vinculada a la supervisión y fiscalización de la cooperación internacional, que busca controlar, amordazar y evitar opiniones, denuncias y acciones críticas a los poderes del Estado que han sido cooptados por la corrupción.

El gran desinterés de las autoridades y la clase política en atender los grandes problemas que vive el país, se evidencia en las declaraciones de los ministros de educación y de la mujer respecto de las violaciones de niñas del pueblo Awajún a las que tildaron de “prácticas culturales”.

Además, la incongruencia entre el incremento de la pobreza al 29% en el Perú, frente al anuncio del INEI de crecimiento de más del 5% de la economía en el país, evidencian la gran brecha social que se sigue ampliando. Todo ello coronado por el recientemente conocido anuncio de la suspensión del proceso de incorporación del Perú en la OCDE, a causa de la aprobación por el congreso de la ley que modifica la colaboración eficaz, lo que fue ocultado por el actual gobierno.

Frente a esas sombras, surgen algunas luces que nos dan esperanzas en que siempre es posible, desde nuestro espacio particular, hacer algo para lograr cambios en una realidad tan compleja como la que vivimos en el Perú, así tenemos:

La destitución de la Fiscal de la Nación a cargo de la Junta Nacional de Justicia; el llamado del Ministerio Público a la población en general a la defensa de la democracia; la sentencia contra militares por violaciones sexuales a víctimas de los casos Manta y Vilca, luego de 30 años, con la defensa legal de organismos de derechos humanos; los miembros del Ministerio Público y Poder Judicial que actúan con independencia del poder político al momento de emitir sus fallos; la sentencia de la Corte IDH que hace justicia a las personas afectadas por metales tóxicos por las emisiones del Complejo Metalúrgico de La Oroya reconociendo la responsabilidad del Estado.

Una gran luz para la defensa de los territorios de las comunidades campesinas y nativas en riesgo por los intereses económicos legales e ilegales que las afectan, es el respaldo que el Papa Francisco brindó a la Comunidad de Catacaos en Piura: “Yo sé lo que les pasa a ustedes, defiendan la tierra, no se la dejen robar”.

También son luces de esperanza, la denuncia penal contra los Ministros de Educación y de la Mujer por tildar de prácticas culturales las violaciones de niñas Awajún y el pronunciamiento de Mons. Alfredo Vizcarra, obispo de Jaén, al respecto; la presentación del proyecto de ley de debida diligencia para que las empresas cumplan estándares internacionales de derechos humanos y ambientales en sus operaciones; y, los pronunciamientos realizados por instancias internacionales, como el de las 16 embajadas de países cooperantes con el Perú, que cuestionan al Estado por las modificaciones a la Ley APCI sobre la supervisión y fiscalización de la cooperación internacional, y el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mostró su preocupación por las normas dictadas por el congreso que implican un retroceso de la democracia en el país.

Alfredo Vizcarra, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, en Perú CEP