Venezuela

Informe de Un Mundo Sin Mordaza registró al menos 98 violaciones de DD HH en el contexto electoral

Durante la elección presidencial se registraron 29 casos y 30 denuncias por violaciones a la libertad de expresión. Asimismo hubo diferentes víctimas: 32 periodistas, 7 medios de comunicación, 6 ciudadanos, 2 reporteros gráficos y 1 camarógrafo

La ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), con apoyo de Refugiados Sin Fronteras y la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo, presentó un informe sobre garantías electorales antes y durante el proceso electoral del 28 de julio.

Allí destacan como parte del proceso las “numerosas irregularidades, inhabilitaciones políticas injustificadas, violaciones al cronograma electoral, privaciones arbitrarias de libertad, entre otras cosas que violaron las garantías electorales de los venezolanos como las fallas inesperadas de las mesas electorales, que no fueron significativas ya que se pudieron obtener las actas de escrutinio de la gran mayoría de los centros de votación”.

El análisis abarca aspectos de confianza, legitimidad y aceptación de los resultados tanto a nivel nacional como internacional.

Irregularidades en el RE

Con respecto a la jornada de Registro Electoral, destaca los pocos puntos habilitados (315 en todo el país), cuando en 2018 hubo 531 puntos (25 días) y 1.300 en 2012 (ocho meses).

A ello se suma los puntos itinerantes no informados o aquellos clandestinos que habilitaron en casas lugares privados solo para miembros de UBCH.

“Al menos 21 centros fueron trasladados durante la inscripción sin notificación previa. La poca cantidad de centros de votación conllevó a una distribución poco equitativa de puntos y las fallas en el servicio eléctrico que dificultaron la inscripción en todo el país. Para el cierre del proceso de inscripción el 17 de abril se habrían inscrito 604.964 nuevos electores, mientras 847.999 cambiaron su residencia en el país”.

En cuanto al Registro Electoral en el extranjero destaca como irregularidad la exigencia de vigencia del pasaporte, lo cual viola el contenido de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Esto limitó la inscripción de solamente 508 venezolanos y 6.020 que cambiaron su centro de votación al país en el que residen, actualizando a 69.189 electores en el exterior.

Ya en la jornada del 28 de julio, una vez instaladas las mesas electorales, los reportes indican que se evidenció que en el 13% de las mesas a nivel nacional existía el fenómeno del voto asistido de forma incorrecta por parte de los funcionarios que se encontraban. En el 25% de las mesas se interrumpieron al menos una vez por fallas en las máquinas.

Primer boletín y reconocimiento de resultados

Otra irregularidad que distintas ONG han denunciado tiene que ver con el anuncio del primer boletín y el reconocimiento de los resultados.

“La madrugada del 29 de julio, Elvis Amoroso anunció los resultados de las elecciones sin la publicación de actas de cada una de las mesas dando a Nicolás Maduro como presidente electo con el 51% de los votos, dejando a Edmundo González con 44.2%, estableciendo que el resultado estaba basado en el 80% de las actas. Esa misma madrugada, María Corina Machado anunció que Edmundo González tendría el 70% de los votos con 40% de las actas, estableciendo que abriría un portal con el contenido de estas actas en tiempo real”.

El argumento para la no publicación de actas fue un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte, el cual fue desmentido por autoridades de dicha nación.

“Asimismo, conforme a alegatos del responsable de los aspectos técnicos y blindaje de seguridad del CNE, se evidencia que el hackeo no era posible por el sistema de las máquinas”.

El ministro del Interior de Macedonia del Norte, Andonovski, aclaró que no quiere ser parte de las “batallas políticas internas del régimen autoritario” y señaló que “la presencia de direcciones IP provenientes de su país no constituye una evidencia evidente, ya que dichas direcciones pueden ser utilizadas a través de redes Virtual Private Network (VPN) o ser parte de una botnet controlada remotamente por ciberdelincuentes”.

Por otra parte, el responsable de los aspectos técnicos y blindaje de seguridad del CNE para la elección presidencial, Carlos Hernández, durante el proceso de auditoría a la infraestructura tecnológica electoral y producción de máquinas de votación, informó que la red de la Cantv estaría aislada para evitar acceso externo a los servidores.

Violaciones a los derechos humanos

Las violaciones de derechos humanos se registraron antes, durante y después del 28 de julio.

“Para el momento de la campaña electoral se registraron 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, siendo la campaña con más números de denuncias contra 25 en elecciones anteriores, conformadas por nueve denuncias en el 2006, 10 denuncias en el 2012, tres denuncias en el 2013 y tres en el 2018”.

El informe agrega que de 112 casos de violaciones y 267 denuncias de violaciones registradas en el año 2024, se constituyen 29 casos y 98 denuncias vinculadas con el contexto electoral. Estos casos y denuncias se dividen en: 35 por intimidación, 21 por hostigamiento verbal, 14 por hostigamiento judicial, 11 agresiones, 9 censuras, 6 restricciones administrativas y 2 amenazas.

Asimismo, durante la elección presidencial se registraron 29 casos y 30 denuncias por violaciones a la libertad de expresión, siendo 26 de intimidación, 2 por censura, 1 por agresión y 1 por ataque. Asimismo hubo diferentes víctimas en el contexto del comicio electoral, siendo: 32 periodistas, 7 medios de comunicación, 6 ciudadanos, 2 reporteros gráficos y 1 camarógrafo.

De acuerdo con las cifras de Espacio Público, de reportes propios, de los 112 casos de violaciones y 267 denuncias de violaciones registradas en el 2024, se constituyen 29 casos y 98 denuncias vinculadas netamente al contexto electoral, siendo dividido en: Intimidación (35), Hostigamiento verbal (21), Hostigamiento judicial (14), Agresiones (11), Censura (9), Restricción administrativa (6) y Amenazas (2).

A estos hechos de violación de libertad de expresión se le suman el bloqueo a 27 páginas webs, dominios de medios de comunicación, bloqueo de apps como WhatsApp y plataformas de entretenimiento como Disney + y Max.

Destacan igualmente la intimidación y despido sin previo aviso y de manera ilegal de más de 40 trabajadores de Venezolana de Televisión, canal del estado, por simplemente darle “like” a publicaciones de María Corina Machado o por escribir la palabra “fraude” en sus estados de WhatsApp.

En el contexto de las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República explicó que está práctica ha sido un mecanismo del régimen para monopolizar el poder político del país, lo que se evidencia desde el año 2002 con la inhabilitación de más de 1.400 ciudadanos para ejercer cargos públicos, a pesar de que en los acuerdos de Barbados, firmados entre la oposición y el gobierno, se acordó tomar acciones para cesar dichas inhabilitaciones que tenían años.

Herramientas para la persecución de ciudadanos

El régimen creó una ventana especial en la aplicación VenApp, que fue la aplicación que Nicolás Maduro utilizó para la movilización de su campaña electoral para perseguir y acusar venezolanos opositores en el contexto electoral.

Esta herramienta fue usada para que los colectivos y habitantes de las comunidades, simpatizantes con el régimen de Maduro, marcaran las casas de las personas denunciadas y también las que participaron en protestas por no estar conformes con los resultados de las elecciones. Otra herramienta fue la anulación de pasaportes.

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y persecuciones en el marco de la jornada electoral del 28 de julio.

Antes del inicio de campaña, al 3 de julio habría 287 presos políticos en Venezuela, 145 condenados y 142 sin condena.

En el contexto de la campaña electoral, entre el 4 y 25 de julio, se reportaron al menos 101 personas detenidas.

Asimismo, el Foro Penal, hasta el 9 de septiembre, reportó que las fuerzas policiales habrían detenido a 1.808 personas, siendo 1.673 sólo desde el 29 de julio de 2024, de las cuales 60 son adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad, 157 militares y 226 mujeres, siendo únicamente 149 condenados, mientras que 1.644 se encuentran sin obtener condena y garantizarse su debido proceso.

Además de las detenciones, producto de las fuertes represiones por las fuerzas policiales y los colectivos del Estado, el Monitor de Víctimas ha reportado 24 fallecidos hasta el 21 de agosto, donde los estados con mayores fallecidos fueron: 8 en el Distrito Capital, 7 en el estado Aragua, 2 en el estado Miranda y 2 en el estado Zulia. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hospitales reportó 94 heridos en el marco de las protestas para la noche del 1 de agosto, siendo 4 menores de edad.

Por otra parte, la persecución de los ciudadanos venezolanos por manifestar su apoyo a María Corina Machado y el reconocimiento a Edmundo González como presidente, así como el rechazo al régimen de Nicolás Maduro, se ha incrementado desproporcionadamente, lo que se evidencia en la comparativa con las manifestaciones en Venezuela en el 2014, pues en este año hubo alrededor de 3 mil arrestos en cinco meses, mientras que en 2024 ha habido más de 1.000 detenciones en cuatro días.

El informe concluye que las garantías electorales fueron insuficientes para asegurar un proceso electoral justo y libre en Venezuela. Se recomienda una reforma electoral integral que incluya la protección de los derechos civiles y políticos, la independencia del poder electoral y la observación internacional imparcial. Este resumen ejecutivo proporciona una visión general de los puntos más críticos del informe, enfatizando la necesidad de mejoras sustanciales en el sistema electoral venezolano para restaurar la confianza y legitimidad democrática.-

(Prensa Sin Mordaza)

Correo del Caroní/ 4 Oct, 2024

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