Obispos y nuevo Presidente de la república
Se requiere no tanto conservar la confianza, perdida, sino recuperarla, y sobre el sentido de la política, más que presentar resultados, es preciso restaurar la credibilidad y prestigio de la institución electoral
Mons. Ovidio Pérez Morales:
El Episcopado venezolano ha fijado su posición frente a las recientes elecciones presidenciales. La leemos en la Declaración publicada el pasado l7 de octubre, con ocasión de su XLV Asamblea Extraordinaria, convocada “para orar y reflexionar sobre la realidad social, política y eclesial del país”. Dicho mensaje es lacónico (menos de una página) y la motivación que da es porque “Ha resonado insistentemente en nuestra mente y corazón las palabras del Señor Jesucristo la verdad los hará libres” (Jn 8,31). Una verdad que, por tanto, incluye, pero no se reduce a sus dimensiones legal y política, sino que es fundamentalmente moral, es decir, del orden de la convicción basada en la razón.
En tres puntos puede resumirse la substancia de la Declaración:
- En el “proceso comicial realizado el pasado 28 de julio (…) se evidenció la voluntad de cambio del pueblo venezolano”.
- “(…) queremos reiterar el llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que, conforme a lo establecido en La Constitución y las leyes publique en forma detallada los resultados del proceso”.
- “La presentación de los resultados es un paso esencial para conservar la confianza de los ciudadanos en el voto y recuperar el verdadero sentido de la política. Sólo así podremos avanzar juntos hacia la construcción de una Venezuela democrática y en paz”.
Estos puntos reclaman un par de precisiones. La primera: el llamado al CNE, necesario, es con todo, insuficiente, porque el poder se ha encargado de despojarlo de sus atribuciones legales. La segunda: se requiere no tanto conservar la confianza, perdida, sino recuperarla, y sobre el sentido de la política, más que presentar resultados, es preciso restaurar la credibilidad y prestigio de la institución electoral.
Luego de esta firme toma de posición respecto del proceso comicial, los Obispos manifestamos una denuncia formal: “Rechazamos de manera categórica la represión de las manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos humanos ocurridas después de las elecciones. Exigimos la liberación de los detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad”.
El Episcopado define así el sentido de toda conducción legítima del país, en base a fundadas urgencias nacionales, a imperativos morales, y también, de modo claro y manifiesto, a la decisión expresa del pueblo venezolano, en el cual, según la Constitución (CRBV 5), “reside intransferiblemente” la soberanía. En efecto, el 28 de Julio, la ciudadanía, con mayoría multitudinaria y festiva, manifestó su “voluntad de cambio” respecto de la conducción del Estado eligiendo al nuevo Presidente, que lo ha de liderar, a partir del próximo Enero.
En efecto, quienes salimos a votar el 28 de Julio pudimos advertir, con satisfacción y esperanza, cómo la gente, en nutridos grupos, formaba colas en pacífica convivencia y con una actitud espontánea de confianza y optimismo. Los resultados que pronto comenzaron a circular, desde los más distintos sitios del país, marcaron desde el inicio una fuerte tendencia, favorable al cambio, la que se transformó muy pronto en impresionante mayoría a lo largo y ancho del país. Contra facta non valent argumenta es un dicho latino que puede traducirse: contra los hechos no valen malabarismos conceptuales ni maniobras fraudulentas. Es lo que también a nivel internacional se ha venido convirtiendo en interpretación compartida.
Expresa también la Declaración: “Manifestamos la disposición de la Iglesia a promover iniciativas que contribuyan a la solución pacífica de las diferencias”. Aquí los Obispos reflejamos el anhelo general nacional de un reencuentro pacífico de nuestro pueblo. En lo que va de siglo (y de milenio) el país ha sufrido un encrespamiento general; desde los órganos del poder, se ha alimentado una división tipo maniqueo entre “buenos” y “malos”. Se ha tratado de imponer un fundamentalismo político-ideológico mediante un proyecto que el Episcopado ha calificado de totalitario. Dicho proyecto excluye el pluralismo democrático y la alternancia en el poder, meridianamente afirmados en la Constitución y expresivos de una genuina visión humanista y una concepción cristiana del relacionamiento social.
Con esta Declaración el Episcopado ratificó que el 28 J se inició una nueva era de esperanza para nuestra Patria.-
