Espacio Público: Aumentan las violaciones a la libertad de expresión en noviembre
Libertad de expresión en Venezuela está bajo ataque por entes del Estado
En noviembre de 2024, se registró un preocupante incremento en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según un reciente informe de la ONG Espacio Público. Se documentaron, al menos 21 casos que se tradujeron en 27 violaciones al derecho a la libertad de expresión solamente en dicho mes.
Los casos registrados comprenden en su mayoría, actos de intimidación, censura, hostigamientos judiciales y una amenaza, cometidos contra ciudadanos en general, medios de comunicación y periodistas.
Censura a través de redes sociales
Los datos revelan una intensificación de las acciones represivas del Estado venezolano contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. En el informe, se destaca la detención de un creador de contenido para redes sociales conocido como «David Lamichi«, por parte de Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Zulia.
El delito del que se le acusó fue «incitar el odio» a través de redes sociales y de «afectar» la «imagen del gobierno nacional«. Su detención fue informada por el mismo organismo policial en una nota de prensa, en la que aseguran sin aportar pruebas pruebas que el creador de contenidos tiene vinculación con líderes de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en Zulia.
Asedio a periodistas
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a declarar el 20 de noviembre en Caracas al activista y coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, por una presunta investigación basada en la inconstitucional ley contra el odio.
El 30 de octubre, el ministro oficialista Diosdado Cabello amenazó al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron la detención del dirigente opositor Edwin Santos a manos de agentes del Estado y que pidieron una investigación imparcial sobre su muerte, presuntamente en custodia.
Dentro del informe de la ONG, también destaca que «funcionarios de la PNB intimidaron a trabajadores de la prensa que cubrían el 27 de noviembre una vigilia de familiares de presos políticos en el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, lugar señalado por organismos internacionales como centro donde se practican tratos crueles e inhumanos».
A esto se une la lista 8 periodistas, que han sido detenidos por cuerpos de seguridad del Estado venezolano dentro del contexto poselectoral, se muestran a continuación, de izquierda a derecha: Deisy Peña, Yousner Alvarado, Roland Carreño, Ana Guaita, Paul León, José Gregorio Camero, Gabriel González y Luis López
Limitaciones legales
La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el 28 de noviembre en segunda discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar “contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que contempla hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, entre otras medidas penales, a quienes soliciten, apoyen y/o difundan información sobre las sanciones al Estado venezolano.
En el artículo 19 del proyecto de ley se estableció que los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos o que operen en redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en caso de que los órganos del Estado consideran que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales.
Ataques continuos
Las restricciones al acceso a la información también son cada vez más frecuentes. La censura de medios de comunicación, los cortes de internet y los ataques a las redes sociales limitan el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y a participar en el debate público.
Este informe confirma la grave situación de la libertad de expresión en Venezuela y pone de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional condene estas prácticas y exija al gobierno venezolano que respete los derechos humanos.-
