Letras muertas

César Pérez Vivas:

La Constitución de la República ha terminado convertida en una montaña de letras muertas. La Revolución Bolivariana ha asesinado cada una de sus normas, destruyendo la forma republicana que los venezolanos nos dimos desde la primera Constitución, concebida en la mente y el espíritu de los padres fundadores de nuestra patria en el Congreso Constituyente de 1811.

La que alguna vez fue considerada, por sus promotores, una de las mejores constituciones del mundo hoy luce más desolada, violentada y muerta que las casas descritas por Miguel Otero Silva en su célebre obra Casas Muertas. Todo el acumulado de constitucionalidad y legalidad que habíamos construido como sociedad, ha sido arrojado al cesto de la basura por esta camarilla autoritaria, que usurpa el poder del Estado. Hemos terminado en una dictadura brutal y desgarradora, con la complicidad de quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento y vigencia de la Constitución.

Ahora, Maduro anuncia su reforma con el supuesto objetivo de lograr la “ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa y protagónica”. Solo a estos cínicos del “socialismo del siglo XXI” se les puede ocurrir anunciar una acción de esta naturaleza luego de haber destruido, sin el menor rubor, el texto constitucional y toda nuestra doctrina y cultura del Estado de derecho.

Lo que la camarilla roja entiende por “democracia participativa y protagónica” no es otra cosa que la desaparición del derecho a una democracia representativa con separación y equilibrio de poderes, así como la liquidación de cualquier órgano descentralizado y autónomo.

La idea de una reforma constitucional no es más que una maniobra para desviar la atención de la denuncia del grotesco fraude del 28 de julio de 2024, sumiéndonos en un debate sobre la vigencia de normas que, en teoría, deberían servir como dique ante el desbordamiento del poder, presente en la naturaleza de los seres humanos.

Precisamente para eso existen las constituciones: para frenar, equilibrar y canalizar el poder en sus diversas formas, garantizando los derechos de las personas y transformándolas en ciudadanos.

Lamentablemente, Venezuela cayó en manos de un grupo de personajes para quienes el poder no es un medio para servir a la sociedad, sino el fin mismo de su existencia. Buscan ejercer un poder omnímodo e ilimitado, destinado a satisfacer sus bajas pasiones y su concupiscencia.

Maduro y su camarilla han instaurado una dictadura, aprovechando el asalto que Chávez hizo a los poderes del Estado mediante la Constituyente de 1999 y las falencias estructurales de la actual constitución , especialmente la preeminencia exagerada de la figura presidencial, consagrada en dicho texto.

Estos personajes del castrismo-chavismo no han necesitado reformar la Constitución para convertir la Asamblea Nacional en un remedo de parlamento, una caricatura de la institución legislativa. En nuestro país no hay Parlamento, sino la silueta de uno para justificar su supuesta existencia.

Mucho menos podemos decir que tenemos un sistema de justicia. Jueces y fiscales son, en realidad, comisarios políticos encargados de dar un barniz de legalidad a cualquier arbitrariedad que se les antoje en los círculos de poder.

El Estado federal y descentralizado, consagrado en el artículo 4 del texto constitucional, es una de las instituciones que lleva más tiempo fallecida. El texto dice: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.”

En la cultura militarista, centralista y fascista de Maduro y su elenco, esta norma fue enterrada hace tiempo. Ya Chávez la había asesinado cuando confiscó a los estados y municipios sus competencias fundamentales y, sobre todo, su autonomía financiera. Luego se impuso la figura de los padrinos, una grotesca manera de desplazar a los líderes elegidos por los ciudadanos que no pertenecían al PSUV.

Que ahora, con la anunciada reforma, se termine eliminando gobernaciones y alcaldías no significa un cambio significativo en la vida cotidiana; esas entidades ya han sido anuladas en la práctica, aunque algunos actores políticos se desvelen en esta hora por acceder a alguna de ellas.

Podríamos extender estas líneas hasta escribir un ensayo sobre la letra muerta de la carta de los derechos humanos en nuestra Constitución. Derechos establecidos y adecuados a los tiempos, desde la carta magna de 1811 hasta la de 1999. Es, sin duda, la parte más violentada. Miles de muertos, presos, desterrados y arruinados son el balance de la presencia en el poder de los “socialistas del siglo XXI”. Los informes de la ONU revelan de forma indubitable las brutales violaciones a los derechos fundamentales hasta el punto de convertirse las mismas en crímenes de lesa humanidad.

Letra muerta es el debido proceso, al igual que todas las normas que protegen los derechos sociales y ambientales.

¿Necesita Maduro una reforma constitucional para avanzar en su usurpación y en el reforzamiento de su dictadura? Mi respuesta es NO.

La dictadura, con su. desconstitucionalización, ya está entre nosotros.  No pensemos que será en un plebiscito donde lograremos revertir esta tragedia. Eso no significa que no debamos denunciarla y cuestionarla. La dictadura dirá que su reforma obtuvo diez millones de votos.

De ahí la urgencia de expulsar del poder a los usurpadores para poder adelantar

la verdadera reforma, la que permitirá la resurrección de la Constitución y el restablecimiento del estado de derecho.-

Caracas, lunes 10 de marzo de 2024.