Más de 50 presos políticos están en paradero desconocido

La duda es desgarradora. El sentimiento de no saber si un ser querido está vivo o muerto es algo que miles de venezolanos no desearían ni a sus peores enemigos, es decir, a los culpables del vacío en sus hogares. “Estoy sumamente devastada porque mi vida ha tenido un giro de 360 grados”, expresa Miriam Rojas, a quien sólo le queda refugiarse en su fe para clamar por su esposo.

“Llevo más de dos meses sin saber dónde está, sin saber si él ha comido, si ha dormido, si ha pasado frío o si está enfermo. Esa incertidumbre es lo que me mata”.

El modus operandi del gobierno de Maduro para afianzar su “terrorismo de Estado”, como lo defienden organizaciones internacionales pro derechos humanos, no sólo se focaliza en castigar a los contrarios al chavismo, sino que pasa por torturar también a sus familiares. El horror presidiario en Venezuela comienza por ser un desaparecido antes que un preso político. De los 894 detenidos que registra el Foro Penal esta última semana, se desconoce el destino o paradero de 59.

Uno de ellos es Guaiker González, casado desde hace 21 años con Miriam. Desapareció el 15 de enero y su esposa ni siquiera sabe quiénes ni cómo se lo llevaron. Sólo intuye el dónde. Él le contó esa mañana que pasaría por dos lugares. “A los dos sitios a los que ese día me dijo que iba a ir no llegó. Debe ser que se lo llevaron cerca de la casa, porque esos dos sitios están muy cerca”, cuenta. No hubo testigos, nadie vio nada. Pero el motivo estaba claro: Guaiker es el coordinador electoral regional de Vente Venezuela, el partido que lidera María Corina Machado, en el estado Carabobo. “Ya el mundo entero sabe que cuando estás en contra del Gobierno, por supuesto que eres un perseguido. Mi esposo es un perseguido político”, confirma Miriam.

Desgaste físico y mental

Desde el 15 de enero esta venezolana inició un periplo para intentar dar con su compañero de vida. No hay entidad penitenciara o policial que no haya visitado, tanto en Valencia (Carabobo) como en Caracas. “He recorrido todas las cárceles sin señales ni respuestas”. Empezó por visitar el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de su estado.

La recibieron en el aparcamiento. “Me dijeron que abriera el Instagram de mi esposo. Yo lo abrí, inocente, y vieron que había fotos con María Corina. Así que me dijeron que lo buscara en El Helicoide porque él era un preso político”.

Miriam pasó por el resto de las instituciones que orquestan las detenciones a petición de Diosdado Cabello, número dos de Maduro y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). También visitó prisiones. El temido Helicoide incluido. En todos los lugares la misma respuesta: “No dicen nada. Sólo: “Aquí no está”. También ha acudido inútilmente a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección de Derechos Humanos, Fiscalía del Ministerio Público.

Pero estar metido en política no es requisito indispensable para ser un preso político. Basta con una simple sospecha o con estar en el lugar y momento equivocados para caer en una mazmorra o ser víctima de desaparición forzada. Y basta con ser conocido o familiar de alguien que sí esté inmiscuido en política. Es el caso de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, quien lleva más de 70 días desaparecido.

La cuenta exacta de los días transcurridos la lleva su esposa Mariana González de Tudares, hija mayor del ganador de las elecciones presidenciales. Sin apenas presencia en redes sociales antes del secuestro de Rafael, ahora cada día comparte al menos una publicación en la que detalla su odisea por dar con su esposo o al menos tener una información concreta sobre su integridad física.

Otros presos políticos

El yerno de Edmundo González fue secuestrado el 7 de enero por funcionarios y efectivos de seguridad del Estado frente a sus dos niños. Desde entonces, poco ha sabido Mariana González de él. “He constatado cómo las autoridades mienten abiertamente o, dicen y afirman algo y, posteriormente, ofrecen otra información y versión de los hechos y situaciones, sin mayor reparo y consideración humana… En momentos en que inevitablemente he llorado de la indignación e impotencia por no encontrar a Rafael, se me ha tratado de forma cruel, porque pareciera que hasta llorar ante estas circunstancias está prohibido”, contó la hija del diplomático en un comunicado.

Otro de los 59 desaparecidos es Jonathan Guillermo Torres Duque, hijo de la actriz venezolana Roda Torres. El joven de 25 años regresaba el 27 de octubre de 2024 a su país luego de vivir durante una década en Estados Unidos. Él sólo cuenta con nacionalidad venezolana, pero aun así fue detenido en el estado Táchira. Los funcionarios alegaron un proceso de investigación, probablemente por el origen que marcaba su pasaporte. “No he recibido información sobre su paradero y desconozco su estado de salud… necesito que los derechos humanos de mi hijo sean respetados”, suplica esta madre.

Rory Blanker, periodista del medio digital venezolano La Patilla, está desaparecido desde el 20 de febrero. Rory fue apresado en su casa por el Sebin. “El periodista de La Patilla fue capturado por extorsionar a personas mediante publicación de información falsa y otros delitos más”, indicó Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el mazo dando, sin más detalles de su localización.

Al igual que Miriam, Mariana y Roda, Cheryl Ann, madre de Rory, ha recorrido centros de detención, tribunales, ministerios y Fiscalía para hallar a su hijo. No ha tenido éxito. A donde sea que va le aseguran que allí no está. “Ya tenemos un mes en esta situación y es verdaderamente un infierno”, denuncia la familia del periodista.

Brayan Sair Navarro Cáceres es otro joven en paradero desconocido. Él es un ciudadano colombiano que trabajaba en Venezuela. El 6 de enero regresaba de sus vacaciones navideñas en Colombia cuando fue apresado. Según detalló su familia, la última vez que supieron de Brayan fue a través de un mensaje de WhatsApp en el que les comunicaban que había sido detenido por funcionarios de la GNB. Desde entonces, no saben más de él. El caso fue compartido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Sistema legal venezolano en contra

Esta semana, Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los DD HH de la ONU denunció las desapariciones forzadas e instó al Estado venezolano a liberar a personas detenidas arbitrariamente. “Continúan las desapariciones forzadas, entre ellas de miembros de partidos de la oposición, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, ciudadanos extranjeros y trabajadores humanitarios. En este contexto, el espacio cívico sigue estando muy restringido. Un clima de miedo, intimidación y persecución está silenciando a las personas”, describió Al-Nashif.

En Venezuela, la Ley de Régimen Penitenciario y la Constitución establecen garantías para las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho a las visitas y a un debido proceso. El artículo 44 de la Constitución estipula, por ejemplo, que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida”.

De nada sirve lo que está escrito en la ley venezolana. El séquito de Maduro tiene otras formas de desaparecer a quienes ve como una amenaza. Los ciudadanos Manuel Mora, Eduardo Labrador, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Jesús Armas, Ángel Godoy, Gabriel González y Nicolás Espinoza Barrios también fueron víctimas de desaparición forzada. Hoy se sabe en qué centros están recluidos, pero continúan desaparecidos a ojos de sus familiares. Tienen prohibido cualquier contacto con el exterior. Ni llamadas ni visitas. Permanecen aislados.

Tampoco son los únicos. A cientos y cientos de venezolanos se les priva de sus derechos en las cárceles. Los funcionarios del Estado deciden a su antojo y de forma arbitraria quiénes pueden recibir visitas o paqueterías y quiénes no. El resto de detenidos cuyos rostros figuran arriba de estas líneas, los localizados que alguna vez estuvieron en desaparición forzada (Fernando Loaiza Chacón, Julio César Balza Maldonado, Ramón Bejarano, Henry Javier Salazar Moncada, Noel Álvarez, José Cipriano Díaz, Luis Tarbay, Guillermo López de Trujillo, Juan Freites, Luis Camacaro, Miguel Granados) también sufren las consecuencias de una detención injusta y absurda.

El “delito” de Guaiker fue entrar en política. Lo hizo como una vía para ayudar a los demás. “Cuando él entrega su amistad a una persona, la respeta para siempre. El respeto ante todo. Se preocupa mucho por el bienestar de las personas, sobre todo las más necesitadas. Guaiker siempre está pendiente de ayudar”, dice su esposa.

“No sé hasta dónde va a llegar la maldad. Sin Guaiker, mi vida no es normal”, lamenta Miriam Rojas. Ni los presos-secuestrados ni sus familiares saben a qué atenerse. Ellos se agarran de su creencia en Dios y piden un poco de humanidad. No pierden la esperanza de ver de nuevo en casa estos rostros alegres, en libertad.-

•  El Carabobeño
• 28 Mar, 2025