El Referendo Revocatorio de 2004. Segunda Parte. Los Resultados

Ismael Pérez Vigil

Politólogo

24 de mayo de 2025

Después de un año y medio, finalmente el 15 de agosto de 2004, se llevó a cabo el Referendo Revocatorio del Presidente Chávez Frías. En ese momento, el país contaba con una población superior a los 23 millones de habitantes y un padrón electoral de 14.037.900. En el proceso de referendo participaron 9.815.631 votantes, es decir, un 69,92 %, lo que equivale a una abstención del 30,08%.

La opción del SÍ, que buscaba revocar el mandato de Chávez Frías, obtuvo 3.989.008 votos, el 40,64% del total; un millón y medio más que las firmas presentadas para solicitar el referendo revocatorio. Sin embargo, no fue suficiente frente a la opción del NO, que favorecía la continuación del mandato y que obtuvo 5.800.629 votos, el 59,10% de los votos emitidos. Este resultado fue obviamente inesperado para la oposición, dado lo vivido con el proceso de recolección de firmas y las largas filas de votantes el día del Referendo; por lo tanto, la reacción de rechazo y las sospechas de fraude fueron inmediatas.

La «distancia» de tiempo de dos décadas nos permite hoy tener otra apreciación de esos acontecimientos. No obstante, retrocedamos un paso y veamos ese momento con la información y vivencia de la época. Para ello, presentaré lo que escribí acerca de los resultados de ese proceso y el ambiente que se vivía en ese momento, comenzando por la visión que tenía la comunidad internacional en ese entonces acerca de: Venezuela, de la oposición democrática y del gobierno de Chávez Frías, y seguiré con lo ocurrido el 15 de agosto de 2004. Para una mejor comprensión, eventualmente, intercalaré algún comentario actual, entre paréntesis y letra cursiva, pero fundamentalmente preservaré el texto original.

Análisis de los resultados del Referendo Revocatorio de 2004.

(Según textos del 6 de septiembre de 2004)

Se ha transmitido que el 15 de agosto pasado en Venezuela nuevamente ganó Chávez Frías una contienda electoral, la octava en fila desde 1998. Y la oposición, otrora golpista, en proceso de regeneración democrática, que solo defiende sus «privilegios» del pasado, no se resigna a que fue derrotada y no quiere dejar gobernar a un Presidente que está trabajando por los pobres y que estos lo apoyan. Desde luego que las cosas son algo más complejas que esta visión lineal del mundo que de Venezuela se tiene en la comunidad internacional; es una visión errada, pero no es casual. Proviene en parte de los informes de los observadores internacionales, de la OEA y el Centro Carter, y de que tenemos un país absolutamente dividido y polarizado, por lo que la visión que se tiene de él no puede ser uniforme. Además, el Gobierno transmite la suya con poderosos medios y recursos, con empresas de comunicación que difunden su visión a través de los medios noticiosos del Estado venezolano y de la «prensa amiga» por todo el mundo. La «oposición oligarca», a pesar de lo que se piensa, no cuenta con medios tan poderosos.

De esta manera se ha creado la visión falaz de que tenemos un Gobierno que, en limpios comicios, supervisado por acuciosos observadores internacionales, fue ratificado legítimamente, y que hay una vieja dirigencia tradicional que no admite la derrota, propinada por los sectores populares, encabezados por un líder popular que trabaja para el pueblo. Pero no corresponde ahora ocuparse de si Chávez Frías «trabaja» por los pobres y que estos lo apoyan; me referiré solamente al problema medular: cómo se desarrolló el proceso de referendo revocatorio que acaba de finalizar.

Irregularidades continuas.

En el proceso de referendo se dieron una serie de irregularidades, durante más de un año, aun antes de ser nombrado el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), que, una vez nombrado, éstas continuaron. Segundo, existen elementos e indicios suficientes para pensar que el resultado del 15 de agosto fue producto de una manipulación de datos, aun cuando no se pueda comprobar o no exista una alteración electrónica de los mismos. Y por último, no cabe duda que una parte de la población, la de oposición, los que votamos SÍ, nos sentimos defraudados por la actuación poco técnica y sesgada del «árbitro» electoral y que en consecuencia tengamos también dudas acerca de la idoneidad de la observación internacional que participó en el proceso y no señaló muchas de esas irregularidades.

En otras ocasiones se han señalado las irregularidades que se venían cometiendo durante todo el proceso de recolección de firmas, de reparos y en los días previos a la celebración del referendo revocatorio. Los casos más destacados y notorios, que se constituyen en sí mismos en irregularidades que en muchas partes se caracterizarían como fraude, y en un muy breve resumen son:

·       Irregularidades legales: Durante el referendo revocatorio, se usaron recursos estatales para la campaña a favor del presidente, se permitieron actividades proselitistas por parte de funcionarios públicos y se hicieron contrataciones sin licitación por grandes sumas de dinero. También se aprobaron normas, como el uso obligatorio de «captahuellas» que retrasó el proceso de votación y probablemente produjo largas filas de votantes; también se objetó la transmisión de actas con resultados, antes del escrutinio. El artículo 157 de la Ley Orgánica del Sufragio claramente dice: «En los casos en que se adopten sistemas mecanizados de votación, se deberá garantizar que solo se transmitirán datos una vez concluido el Acto de Escrutinio».

·       Registro Electoral: Entre 2000 y 2004, el Registro Electoral Permanente creció inusualmente debido a campañas de cedulación masiva y procesos de nacionalización con poco control legal. Se incumplieron plazos para auditorías, hubo denuncias de exclusiones arbitrarias de votantes y elaboración de cuadernos electorales para la votación de efectivos militares, que podrían haber afectado los resultados.

·       Miembros de Mesa: Hubo fallas en la selección y capacitación de los miembros de mesa, intentos de remover a algunos por haber apoyado el referendo y cambios de última hora en juntas municipales y regionales. La entrega de credenciales fue obstaculizada, afectando la transparencia y organización del proceso.

·       Modificación de reglas: A pocos días del referendo, el CNE publicó nuevas normas que generaron confusión en la instalación de mesas y el manejo de los “comprobantes de voto”, impidiendo una auditoría confiable posterior. Estas irregularidades han sido interpretadas por muchos como señales de un posible fraude.

¿Fraude electrónico?

Todos los argumentos e hipótesis que se han esgrimido con respecto a un fraude electrónico −el tema de los «topes» (que llegado a un punto, la máquina comenzaba a cambiar los votos), «programas que actúan como un virus y no dejan rastros», «hackers que alteraron las transmisiones y los resultados», etcétera− debo admitir que son conjeturas e hipótesis de trabajo que deben ser demostrados y probados, tarea que puede ser difícil.

Después de tres semanas, al momento de publicar este trabajo, tras escuchar a diversos especialistas en estadísticas, programación, matemáticas, “numerólogos” de diverso tipo; tras ver las declaraciones de los voceros de la oposición y del Gobierno, de escuchar a los Rectores del CNE y a los dueños de la empresa que vendió las máquinas; tras leer los informes de los observadores internacionales y algunas de las hipótesis, las conjeturas que se filtran de la comisión de la oposición que está recogiendo y evaluando las pruebas del fraude y tras escuchar la rueda de prensa sobre este tema por parte de Súmate, el día 5 de septiembre, y su reseña en la prensa, llego a la conclusión de que se ha apuntado a una diana equivocada.

El verdadero problema.

No creo que nuestro problema principal sea demostrar con pruebas contundentes que hubo un «fraude electrónico», sino que se nos demuestre a nosotros que esto fue un proceso transparente y limpio y que por lo tanto vale la pena ir al proceso electoral para elegir Alcaldes y Gobernadores en este año, o Diputados el próximo o Presidente en el 2006, porque lo que está en juego es la credibilidad del sistema electoral venezolano. Lo que hay que probar es que hubo una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso, como las ya descritas más arriba, que permiten pensar en una alteración de los datos de la votación.

Es un error creer que el problema se soluciona descubriendo un «modelo» o algún algoritmo que explique un mal funcionamiento de las máquinas de votación o buscando y encontrando el fantasma pitagórico del fraude. Los hechos que he descrito, modestamente indican que «pasaron cosas» y es deber del CNE demostrarnos que eso no fue así, que eso no alteró los resultados y explicarnos qué fue lo que pasó.

Exigir imparcialidad al CNE.

Tenemos derecho a aspirar que el CNE actúe tal como lo hicieron cuando Chávez Frías gritó: ¡Fraude!, el 30 de noviembre de 2003, cuando aún no se había terminado de recoger las firmas para solicitar el referendo revocatorio. En esa ocasión no se aportó ninguna prueba contundente, solo meras conjeturas y sospechas; mostraron una que otra planilla sin valor estadístico alguno —dados los cientos de miles que había—, en la cual se repetía algún nombre o había trazas de que alguien había firmado más de una vez o con la misma letra. O se dio el número de cédula de identidad de algún supuesto fallecido que había firmado y que varios aparecieron «vivos» a las pocas horas, desmintiendo esas pruebas. Con esas «pruebas», el CNE detuvo el proceso de reconocimiento de firmas, lo alargó por seis meses, hasta que se «encontró» aquella original teoría de las «normas sobrevenidas», que permitió el argumento de las «firmas planas» con las cuales el CNE, eliminó más de un millón de firmas, pusieron otras en duda y nos llevaron a todos a tener que demostrar que sí habíamos firmado. Ahora se trata de lo mismo; es la oposición la que dice que hay indicios que permiten pensar que las irregularidades descritas pudieron alterar los resultados y le toca al CNE demostrar que todo fue, como ellos dicen, perfectamente limpio.

La observación internacional.

El CNE impidió el ejercicio del derecho de observación a los nacionales; y además pretendió, sin lograrlo, con sus normas (Resolución Nº 040623-1050) aprobadas en julio, restringir, censurar, limitar la observación internacional, volviéndola un acto oficial, cuyo informe debía ser confidencial y entregado al CNE. Sin caer en la diatriba o duda acerca de la honorabilidad personal de los observadores internacionales −en particular sus cabezas o jefes: César Gaviria y James Carter−, ni entrar en elucubraciones acerca de que sus informes estaban sesgados por algún interés particular, simplemente quiero resaltar que no mostraron gran capacidad como observadores electorales en un proceso automatizado. Hemos sido defraudados por la calidad técnica y profundidad de su observación, sobre todo porque no debemos olvidar que no solo eran observadores electorales, eran también «garantes» de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la oposición en el año 2003 y habían estado en el país durante casi dos años. Resulta entonces decepcionante que su informe se refiera estrictamente a lo ocurrido el 15 y 16 de agosto.

El resultado de esta observación está recogido en los informes de la OEA y el Centro Carter sobre los resultados de la auditoría; fue presentado al Consejo Permanente de la OEA, con base en el cual este organismo publicó una Resolución (OEA/Ser. G CP/RES. 869 1436/04), en la página web de la organización; una versión de la Fase Final del informe del Centro Carter —solamente en idioma inglés— se puede conseguir también en la página web del Centro Carter; y una recopilación de los principales documentos relativos a este proceso se puede ver en la siguiente dirección: http://www.oas.org/documents/Venezuela/default_year.asp?nYear=2004

Quiero enfatizar, como observador electoral que he sido por varios años, la extrañeza que me produce la ausencia de comentarios o de evidencia de observación de estas dos organizaciones, que se suponen puntales en la materia, ante hechos ya descritos que son actos que atentan contra el derecho al voto, que se constituyen en una irregularidad y que fueron omitidas en sus informes; hechos ocurridos el día 15 de agosto, eran indicios de que algo irregular estaba ocurriendo.

Las dudas finales.

En síntesis, están planteadas serias dudas sobre la transparencia del referendo revocatorio en Venezuela, como: la alta abstención pese a las largas filas, el uso restrictivo de las máquinas «captahuellas», la falta de auditorías clave (software, cuadernos de votación y «auditoría en caliente»), la contradicción entre los resultados oficiales y las encuestas a boca de urna, así como la desconfianza en la auditoría posterior de las 150 cajas de «comprobantes de votación», que se cuestionó la aleatoriedad de su selección. Comprometiendo la independencia de los observadores internacionales. En conjunto, se argumenta que estos elementos debieron alertar y motivar una denuncia más contundente por parte de la OEA y el Centro Carter sobre el proceso, y no fue así.

Es contradictorio que el Centro Carter, en su informe, afirme que no hubo fraude, pero recomiende mayor transparencia en futuros procesos. Copio textualmente de su informe:

«La transparencia es la base fundamental de la confianza. Durante los últimos ocho meses, la ausencia de una política de información del CNE al público de Venezuela, la influencia de la política partidista y hasta los observadores internacionales ha generado preocupaciones y sospechas innecesarias. Reclamamos mayor transparencia a todos los niveles, a fin de asegurar la confianza en los futuros procesos electorales.» (Subrayado mío)

César Gaviria −OEA− por su parte, asegura también que no hubo fraude en el proceso, pero señala fallas en el sistema que deben corregirse y recomienda que “para los próximos procesos electorales en Venezuela se adopte un sistema más confiable”. (Subrayado mío)

Conclusión.

Me hago preguntas comunes, como las que se podría hacer cualquier ciudadano y pido respuestas convincentes de aquellos que, como la OEA y el Centro Carter, merecen ser creídos. Los venezolanos necesitamos ser convencidos, a prueba de cualquier duda, que no nos fue escamoteado el voto, ni defraudada nuestra voluntad. Queremos seguir creyendo que es posible una salida electoral, pacífica, constitucional y democrática a la crisis que vive el país.

Reflexiones en el tiempo actual.

El triunfalismo opositor por las jornadas de firmas nos impidió sobrellevar una amarga derrota, que fue difícil de aceptar y nos condujo a dudas y denuncias de fraude, sobre todo electrónico, que aun hoy, después de 21 años no se han disipado completamente, aun cuando nunca se pudo probar tales afirmaciones. Dos décadas después podemos decir que subestimamos el impacto en la población del retraso en realizar el referendo, mientras se desarrollaban aquella «misiones» como paliativo a los problemas del país; y también podemos decir que sobreestimamos las fuerzas de la oposición, dadas las extraordinarias jornadas de recolección y el éxito en superar todas las dificultades que se interpusieron para celebrar el Referendo Revocatorio.

Sobre el supuesto «fraude electrónico», nunca se pudieron conseguir pruebas concluyentes, a pesar de algunos estudios detallados que se hicieron. Llamo en particular la atención sobre el llamado: «En busca del cisne negro: Análisis de la evidencia estadística sobre fraude electoral en Venezuela», del 3 de septiembre de 2004, realizado por: Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, y Roberto Rigobón, del M.I.T, uno de los más acuciosos, (que se puede ver, a partir de la página 134, en el siguiente vínculo: https://bit.ly/4kxWDwV) y que en definitiva concluye cáusticamente, sin afirmar ni negar contundentemente:

«En conclusión, este estudio rechaza ciertas hipótesis de fraude, pero indica otras que son compatibles con los datos estadísticos. En estadística es imposible confirmar una hipótesis, pero sí es posible rechazarla. Como dijera Karl Popper, el observar 1000 cisnes blancos no demuestra la veracidad de la tesis de que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, observar un cisne negro sí permite rechazarla. Parafraseando a Popper, nuestro cisne blanco es que no hubo fraude. Los resultados que obtenemos constituyen un cisne negro. La hipótesis alternativa de que sí hubo fraude es consistente con nuestros resultados y por tanto no podemos rechazarla.»

El Centro Carter, en un panel de especialistas, evaluó también varios de los informes que aparecieron en esos días, entre ellos el informe Hausmann-Rigobón y también concluyó:

«El Panel encontró que ninguno de los informes examinados presenta evidencia de un fraude significativo en el Referendo Revocatorio Presidencial del 15 de agosto. Aunque el índice de votos SÍ es un poco más alto de lo que predicen algunos modelos electorales, un examen a fondo de las distribuciones de los votos no detecta ninguna diferencia significativa entre un modelo razonable de la elección y los resultados obtenidos en el referendo. La comparación que hacen Hausmann y Rigobón de las encuestas en boca de urna, las firmas de solicitud de revocatorio y el referendo mismo, establecen una correlación directa entre las encuestas y las firmas, que los autores atribuyen a un fraude, pero que el Panel considera ser una simple correlación debido potencialmente a cualquier número de causas no-fraudulentas.»

(Este informe del Centro Carter se puede ver en el siguiente vínculo: https://bit.ly/43HMLuM)

Hoy sabemos que el fraude electrónico puede ser prevenido y detectado con auditorías de software y de transmisión de los datos; pero, sobre todo, su impacto se diluye obteniendo las actas que emiten las máquinas, cubriendo la casi totalidad de las mesas, que fue algo que no se logró en el referendo revocatorio del 2004. Y prácticamente en ninguna de las elecciones siguientes, hasta el 2024.

En 2004, advertí que habíamos errado en nuestra denuncia sobre el referendo del 15 de agosto de ese año. Desde un principio subestimamos las ventajas electorales del funcionario sujeto a revocatoria de su mandato. La Constitución establece que para revocarlo se necesita el 20% de las firmas de los electores registrados, que al menos el 25% de los inscritos vote, y que los votos a favor de la remoción sean iguales o superiores a los que lo eligieron o a los que voten en contra de su destitución. Aunque los votos para remover a Chávez Frías superaron los que obtuvo en 2000, no superaron los votos del «NO» en el referendo.

Sabiendo que de por si la alta abstención en el país los favorece, la estrategia de los que apoyaban la continuidad de Chávez Frías, desde un principio se centró en retrasar la realización del referendo –(ver https://bit.ly/4jSHcPK ; https://bit.ly/3GEQ90M y https://bit.ly/43aS2K6) – y una vez convocado éste, en evitar una votación masiva a favor de la revocación. Para lograrlo, el 15 de agosto buscaron desincentivar la participación, retrasar el proceso electoral y obtener información en tiempo real sobre la afluencia de votantes. Las «captahuellas» jugaron un papel clave en esto, demorando el proceso y proporcionando datos al Comando Maisanta, que les permitía ajustar su estrategia. Además, la oposición no cubrió todas las mesas de votación, así no nos pueden sorprender los resultados inconsistentes con los patrones esperados, las encuestas a boca de urna y las recolecciones de firmas. En resumen, nunca mejor aplicado el dicho: «los árboles nos impidieron ver el bosque».-

Imagen referencial: The New York Times

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