Cosas del Petróleo y de la Economía Política

Jose Antonio Gil Yepes:

En las recientes semanas he escuchado múltiples expresiones sobre la importancia del tema “Licencias o Sanciones Petroleras”. Aunque es necesario recuperar las licencias y la libertad de comercio, no creo que de eso dependa nuestro mejor futuro.

Es cierto que de esas licencias dependen el flujo de caja del gobierno, el gasto público, la liquidez y reservas internacionales, el flujo de caja de las empresas, parte de la capacidad de consumo de la población y de la percepción del bienestar general. Pero eso es más de lo mismo que hemos tenido en nuestros 100 años de historia petrolera del país, unos resultados deplorables. Si acaso los recursos petroleros han servido para hacer obras de concreto armado y para masificar una educación, asistencia de salud, administración de justicia y cuerpos de seguridad mediocres y cada vez peores;  pero ha sido muy poco usado para construir una economía en la que predominen las empresas privadas, en la que la producción y las exportaciones sean diversificadas y los empleos bien pagados; y ni siquiera usado por su propietario, los gobiernos, para seleccionar a los servidores públicos entre los mejores técnicos y profesionales, ni para pagarles bien; ni mucho menos para desarrollar un Estado institucional, con personalidad propia y representado por verdaderos tecnócratas, como el General Rafael Alfonzo Ravard (CVG), un José Gonzalez Lander (Metro) o un Oscar Machado Zuloaga (VIASA), etc., etc., sino que ha sobrevivido secuestrado por los pequeños grupos partidistas o militares de turno que han controlado el gobierno.

Veamos algunos hitos del mal uso del ingreso petrolero que han hecho en Venezuela la mayoría de nuestros gobernantes y sus grupos para dominarnos políticamente y empobrecernos.  Para este resumen necesitamos hacer uso, no solamente de la Ciencia Económica, sino de la Economía Política, o sea de la ciencia que estudia la iteración entre la economía y la política.

Este recuento de mal uso del ingreso petrolero comienza por considerar que el surgimiento de nuestra industria se debe a un “regalo político” que nos hizo la Revolución Mexicana al cometer el acalorado error de estatizar dicha industria en México (parecido a lo que estamos haciendo nosotros con respecto a Guyana dado que la estatización de Cerro Negro convirtió a la Exxon en un enemigo jurado que opera cada vez más en Guyana, inclusive aguas territoriales en disputa y acordadas que no se explotarían y financia los abogados de ese gobierno en su defensa sobre el territorio Esequibo).  Sin embargo, en el largo plazo hay que reconocer que la

Revolución Mexicana le hizo un favor a su pueblo porque, al arruinar su propia industria, evitó que los gobiernos del PRI, el partido que dirigió esa revolución y, a pesar de que gobernó por 73 años, pudieran impedir el desarrollo de una multifacética empresa privada. De haberlo impedido, el gobierno mexicano no hubiera tenido ni tendría los ingresos por impuestos y divisas que necesita para operar. Si sólo un 7% de las divisas que ingresan a México provienen de PEMEX, ni siquiera los gobiernos de los ultraizquierdistas de Andrés Manuel López Obrador ni el Claudia Sheinbaum pueden implantar sus sueños estatistas, no sólo por el poder que tienen los empresarios y sus trabajadores, sino también porque esos gobiernos caerían en la bancarrota fiscal. Por su parte, Colombia tuvo la suerte de que su momento petrolero le duró poco. Así evitó tener que confrontar estas paradojas propias de países tropicales.

El gobierno de Juan Vicente Gómez, ante el surgimiento del petróleo, vendió las concesiones petroleras, primero, a su clientela política. Luego, estos amigos les vendieron dichas concesiones a las petroleras extranjeras, “a mejor precio”. Esto se lo copió Fidel Castro, vendiendo las concesiones de los hoteles a los generales de su revolución, para que éstos se las vendieran a las cadenas hoteleras extranjeras. Gómez autorizó que esas petroleras operaran en Venezuela, tanto para aprovechar una oportunidad económica obvia, como porque la presencia de esas empresas le aseguraba el apoyo de los respectivos gobiernos de sus países de origen. De allí que, cuando Cipriano Castro paró en Puerto Rico en su viaje de regreso de Europa, el gobierno norteamericano no le permitió seguir a Venezuela para retomar la Presidencia que había dejado en manos de su compadre y vicepresidente. El impuesto sobre la renta y las regalías que pagaban eran bajos, asegurando el máximo interés por cooperar con un gobierno que les aseguraba altas ganancias. A partir del momento en que los ingresos por las exportaciones petroleras superaron las del café, Gómez permitió la sobrevaluación del bolívar, todavía vigente. Y la complementó con la concentración del gasto público en las ciudades. Con ello lograba el deterioro del campo, principal fuente, hasta ese momento, de actividad económica y de ingresos de divisas. Léase Casas Muertas de Miguel Otero Silva: Gómez había sido agricultor y ganadero y sabía de dónde había provenido el dinero que aportó a la Revolución Restauradora dirigida por Cipriano Castro. Empobrecer al campo era una estrategia clave para que otros caudillos regionales, hacendados todos, no tuviesen los recursos para conspirar contra su gobierno. Desde allí en adelante, y con las excepciones de los gobiernos del General Medina, CAP II y de Ramón J. Velázquez, la sobrevaluación ha sido utilizada para ralentizar el crecimiento del sector empresarial productor y el turismo y para privilegiar las importaciones, aunque eso haya implicado ser un país mono exportador, vulnerable, de un producto interno menor a sus capacidades y plagado de desempleo, subempleo, salarios indignos e inestabilidad político-institucional.

Al morir JVG, comienza la parranda de la creación de empresas del Estado: Las propiedades del difunto fueron confiscadas y quedaron en manos del gobierno. Ya en 1936, Arturo Úslar Pietri publica su artículo “Sembrar el Petróleo”, en el cual propone invertir los ingresos petroleros en agricultura, cría, manufactura y educación, y denuncia la mono dependencia de los ingresos petroleros y la corrupción.

Mejores decisiones fueron subir los impuestos y regalías a las petroleras; ninguna se fue por eso. También hay que reconocer que, hasta 1973, se mantuvo una política petrolera de producción dado que los incrementos de ingresos petroleros provinieron del aumento de volumen de exportación y no de aumentos de precios. Bajo estas circunstancias y, a pesar de continuar sin escuchar a Úslar Pietri, Venezuela fue el milagro económico del mundo desde mediados de la década de 1930 hasta 1973, un crecimiento promedio del PIB del 6,6% con una inflación entre el 1 y el 2% anual y mejoras en todos los indicadores socioeconómicos.

Otra sana medida de ajuste progresivo del negocio petrolero fue el establecimiento, el 06-01-1971, de los precios de referencia de las exportaciones petroleras para corregir los bajos precios hasta entonces fijados por las empresas petroleras extranjeras.  Sin embargo, y volviendo a las trastadas de la política en contra de la economía, a fines de 1973 se producen el embargo petrolero de los países árabes en contra de los países de Occidente que apoyaban a Israel, el disparo de los precios petroleros decidido por la OPEP y, hacia 1976, ya todas las empresas petroleras que operaban en los países OPEP habían sido estatizadas por los respectivos gobiernos. Todo esto se vendió en Venezuela como una “reivindicación del pueblo contra la explotación de las multinacionales.” Pero, desde entonces, no hemos tenido equilibrios macroeconómicos, dejamos de ser un milagro y se han deteriorado todos los indicadores socioeconómicos. Después de la revolución que significó el surgimiento del petróleo en Venezuela, esta fue una verdadera segunda revolución porque volvió a cambiar las reglas de juego en la sociedad dado que se incrementó la concentración del poder político en los partidos y el gobierno, para lo cual se reafirmó la mono exportación.

Los desequilibrios en la economía inducidos por las bajas de los precios del petróleo fueron respondidos por los gobiernos de AD y Copei de dos maneras contraproducentes: Cuando los precios petroleros bajaban, recortábamos producción. Eso no tiene lógica económica en un país con las mayores reservas petroleras del mundo. Lo lógico era aprovechar los bajones de precios para sacar del mercado a los productores con altos costos de producción. Cuando los precios del petróleo subían, se incrementaban el gasto público, la liquidez, las importaciones y el consumo. Pero también subían la inflación y la sobrevaluación, esta última como mala praxis populista para evitar el descontento popular que generan las devaluaciones. Para justificarse ante el público inocente, dichos gobiernos recurrían al control de precios como queriendo decir que la culpa de la inflación la tenía avidez de los empresarios, y no la mala política pública de inundar el mercado con liquidez sin el respaldo de la oferta de bienes y servicios. El control de precios desestimula la inversión y, por ende, la caída de la producción nacional, del valor del bolívar y la fuga de capitales previendo una devaluación.  Ante lo cual, los gobiernos, en vez de hacer un “mea culpa”, recreando condiciones para generar confianza en los inversionistas y ahorristas, más bien recurrían al control de cambio, generando más desconfianza, más compras nerviosas de divisas y más corrupción en la oficina de control de cambio. Hasta que surgían las múltiples crisis económicas a las cuales los gobiernos respondían con “ajustes de la economía”, liberando precios y el cambio, lo cual atraía a las inversiones privadas, pero, a la vez, las repelía porque esos ajustes siempre fueron inflacionarios, lo que eleva las tasas de interés.

Pero los “ajustes” no van a la raíz del problema. La gran ausente de estas medidas es la Reestructuración Económica e Institucional. Ésta incluye la privatización de las empresas del Estado; corregir la falta de rendición de cuentas, la ausencia del castigo a la corrupción, la pésima administración de justicia, la inseguridad de la propiedad privada, el exceso de centralismo y de programas sociales que regalan el pescado, pero no enseñan a pescar. Sin embargo, estas reestructuraciones siempre quedan para un “después” de que se apliquen los ajustes, llamando la atención que los gobiernos anteriores obtuvieron créditos de los organismos multilaterales para “ajustar la economía,” a pesar de que éramos un país rico y muy mal estructurado y administrado. Es decir, que Venezuela no ha debido recibir créditos multilaterales sin antes, al menos, privatizar las empresas del Estado y castigar la corrupción. Así, las alcahueterías del FMI y del BM permitieron a los políticos de turno seguir la parranda, sin sacrificar las fuentes de clientelismo y corrupción que, a su vez, impiden la diversificación de la economía. Ergo, menos mal que nuestro actual gobierno no se lleva con los multilaterales porque, si no, le prestarían también con los condicionantes del ajuste, pero no de la reestructuración.

En estas circunstancias, Carlos Andrés Pérez II trató de corregir, de raíz, todos estos absurdos, en los cuales él mismo había incurrido en su primer gobierno. Su programa consistió en privatizar, descentralizar, despresidencializar, desmontar el monopolio del partidismo sobre la toma de decisiones públicas, convertir al empleo privado bien pagado en principal política social y en regresar a la política petrolera de crecimiento de la producción y precios moderados y estables. Este proyecto le costó el cargo, del cual fue removido con los votos de sus compañeros de AD, Copei y Convergencia, a los que, obviamente, se le sumaron los votos de las izquierdas. Para todos ellos, CAP II se había “comido la flecha”, les estaba desmontando su negocio basado en concentrar el poder en los partidos políticos a través del estatismo, centralismo, presidencialismo, predominio de los partidos en la toma de decisiones públicas, populismo en las políticas sociales. Si bien estas cinco reglas inhibían las iniciativas de todos los sectores no gubernamentales y condenaban al país a un alto grado de pobreza y a la inestabilidad política, el régimen compensaba estas carencias repartiendo recursos provenientes del rentismo petrolero para apaciguar los ánimos de consumo pasivo, no así de participación política activa de los múltiples sectores beneficiarios del reparto.

Estas malas prácticas y la consiguiente pobreza deslegitimaron AD, Copei y Convergencia y así llegamos a la elección de Hugo Chávez, con los votos de las masas cansadas de esperar por 40 años que les llegara el bienestar del supuesto rico país petrolero. Esos votantes no sabían que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Chávez aprovechó los inmensos ingresos petroleros que manejó por unos ocho años para desmontar la producción privada, promover las importaciones, reestatizar empresas privatizadas, expropiar, confiscar propiedades, y repartir subsidios a los desempleados y subpagados que sus políticas económicas estaban incrementando, es decir, que los gobiernos de HChF retomaron y profundizaron las seis reglas de juego ya agotadas del régimen anterior, no se trataron tanto de una Revolución, como de una profundización del “más de lo mismo”; tema central de mi libro, Poder, Petróleo y Pobreza.  El extremo de esta profundización de lo anterior fue la aplicación del control de cambio por el período más largo de la historia económica de Venezuela, pero no en medio de bajos precios ni de carencia de Reservas Internacionales, sino en medio de la mayor y más prolongada bonanza y mayores reservas internacionales que haya tenido el país. Obviamente, la explicación de esta nueva paradoja es que el control de cambio representó un castigo contra las empresas en general, sospechosas de haber apoyado su salida temporal el 11-04-2002, para mantenerlas bajo la amenaza de no disposición de divisas para sus operaciones o financiamiento de opositores y para minimizar dicha disposición en los casos de sectores indeseables, según la ideología oficial, tales como las empresas automotrices y los laboratorios extranjeros, prácticamente hoy desaparecidos. Aunque se observa un repunte en la producción y ensamblaje nacional con nuevos actores. En lo que HChF sí implanta un cambio revolucionario es en haber reducido los nexos de Venezuela con Occidente y desarrollar vínculos con Rusia, China e Irán, países competidores geopolíticamente de los occidentales. Por eso estamos en la mira de las grandes potencias, en el mismo grupo de Ucrania, Taiwán, Finlandia, los países Bálticos, Moldavia, Níger y Polonia.

El sucesor, Nicolás Maduro, a partir de 2013, no logró mantener el volumen de producción petrolera por no invertir en mantener la capacidad de producción de los pozos, a lo que se le sumó, en 2014, la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos.  A partir de 2016 hasta 2018, llegamos a ser uno de los países con mayor hiperinflación, mayor desabastecimiento, mayor caída del PIB y mayor emigración del mundo; a pesar de no estar en guerra. A pesar de esta grave situación para el sistema de concentración del poder político basado en la concentración del poder económico y el gobierno y en el rentismo mono exportador, el gobierno de NM no repitió la práctica del régimen anterior de llamar a los empresarios a invertir liberando el cambio, los precios e incentivando las inversiones. Esto ocurrió después de las sanciones petroleras y financieras a partir de 2019, las cuales agravaron la crisis económico-humanitaria. En estas circunstancias, Maduro se vio obligado a liberar los precios, el cambio y bajar aranceles, comenzando una lenta recuperación de la economía, pero frenando dicha recuperación con una severa política de restricción de liquidez, reforzada luego por la pandemia en 2020, y luego por altos impuestos a partir de 2023. Así y todo, la aprobación de gestión de NM subió de 2021 a 2022 de 10 a 27% de aprobación, por encima de cualquier otro posible candidato presidencial. Pero, en agosto de 2022 se disparó el tipo de cambio, seguido por la inflación.  Este duro traspié se debió a un caso extremo pero representativo de los desmanes cometidos con los recursos petroleros durante 100 años: A principios de agosto 2022, se pagaron fuertes sumos de bolívares a los maestros por cláusulas vencidas en sus contratos colectivos. Los maestros se dirigieron a la banca a comprar dólares, pero el BCV no había podido abastecer a la banca con las divisas suficientes como para satisfacer ese disparo de la demanda. El caso es que la ausencia de divisas se debió a la no recepción de pagos por exportaciones petroleras correspondientes a unos 100 tanqueros cuyos contenidos había sido vendidos por una red de corrupción dentro de PDVSA y allegados a clientes dispuestos a pagarle a personas, no a PDVSA. Afortunadamente, al menos estos “señores” están presos por el mismo gobierno. Si en ese momento, NM hubiese sustituido la política antiinflacionaria basada en restringir la liquidez por una basada en promover la oferta y diversificación de la economía y exportaciones llamando al sector empresarial a invertir, María Corina Machado no hubiese repuntado, como lo hizo, de 17% de aprobación de gestión que tenía en agosto de 2022 (10 puntos por debajo de NM), a 48,5% que alcanzó en marzo de 2023, cuando el gobierno logró volver a juntar las curvas del tipo de cambio oficial con la del mercado. Pero, si NM hubiese cambiado entonces su política económica, la proyección de ese entonces me daba que ganaba fácil la elección presidencial con cerca del 50% de los votos, 25% de abstención y el otro 25% de votos repartidos entre nueve candidatos de oposición.

Si esto es lo que los gobernantes han hecho en 100 años de historia petrolera, no tiene ningún sentido que los empresarios dediquemos tanto discurso al tema de las licencias petroleras, sino que nos dediquemos mucho más a sembrar conciencia y presionar para diversificar la inversión privada y las exportaciones. Con esto no quiero decir que no nos convenga que se mantengan o amplíen las licencias porque necesitamos cualquier ingreso ante una situación económica tan comprometida. Lo que sí quiero decir es que sea el gobierno el que ponga el discurso y cumpla con las condiciones para que le extiendan dichas licencias. De hecho, el escenario en el que es más probable que un gobierno de ultraizquierda acepte promover de manera generalizada la inversión privada es en uno en el que no nos renueven las licencias y tengamos que recurrir al viejo enfoque de AD y Copei de llamar al empresariado “cuando la cosa se pone negra». Sin embargo, la reforma constitucional puede ser un as bajo la manga para evadir la reestructuración económica y mantener el poder a pesar de la pobreza.

@joseagilyepes