Con el acompañamiento de la Iglesia, grupo armado acuerda entregar 13 toneladas de armas al gobierno colombiano
En la mesa estuvieron presentes los representantes del gobierno de Gustavo Petro y de la CNEB, así como el delegado del Episcopado para las relaciones Iglesia-Estado, Mons. Héctor Fabio Henao
El grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se comprometió a entregar al gobierno colombiano 13.5 toneladas de armamento para que sean destruidas, en un acuerdo al que se llegó con el acompañamiento de la Iglesia Católica.
Se trata del Acuerdo N°12, firmado el 19 de julio luego de los diálogos llevados a cabo en el Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
En la mesa estuvieron presentes los representantes del gobierno de Gustavo Petro y de la CNEB, así como el delegado del Episcopado para las relaciones Iglesia-Estado, Mons. Héctor Fabio Henao.
En diálogo con ACI Prensa, Mons. Héctor Henao explicó que los representantes de la Iglesia “somos acompañantes permanentes de la mesa (de negociaciones), junto a las Naciones Unidas”.
“Nuestro rol es vincular los territorios y, en ese sentido, hemos invitado a participar tanto el administrador diocesano de la Diócesis de Tumaco como al sacerdote delegado en el departamento del Putumayo”, quienes durante las conversaciones transmiten “las inquietudes de las comunidades” que padecen el conflicto armado.
Esta labor de acercamiento, afirmó, ha permitido a la Iglesia mostrar a los negociadores que las poblaciones desean “respuestas que les garanticen un nivel de estabilidad” en la región.
En ese sentido, el delegado del Episcopado dijo que durante las conversaciones se manifestó al gobierno y a la guerrilla la necesidad “de ir concretando las fases que sean mucho más seguras para beneficiar a las comunidades” y “crear un clima humanitario” a favor de la población y el medioambiente.
“Todas esas consideraciones llevaron a que la mesa, como tal, comenzara a abordar el tema de las armas. Es un tema muy complejo en los conflictos, muy difícil de resolver porque ahí siempre se requiere un nivel de confianza alto”, explicó.
El representante del Episcopado afirmó que, “como una demostración de confianza, este grupo acordó con el gobierno un primer paso con la destrucción de estas 13 toneladas de municiones y artefactos”.
De acuerdo a la Presidencia de Colombia, el grupo armado entregará 9 toneladas ubicadas en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador; y 4.5 en Putumayo, departamento que colinda también con Ecuador y con Perú.
Mons. Henao explicó que el protocolo establece “que esas armas deben ser entregadas en un sitio concreto, o en varios sitios, a las fuerzas militares”, que serán las encargadas de destruirlas. Se ha “invitado a la OEA en Colombia para que esté presente y haga la labor de verificación”, indicó.
Asimismo, se informará a las comunidades sobre el proceso, para que tengan conocimiento de que habrá detonaciones controladas.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, integrada por unas dos mil personas, era parte de la Segunda Marquetalia, uno de los grupos armados conocidos como “las disidencias de las FARC”, pues desconocieron el Acuerdo de Paz que esta guerrilla firmó con el Estado colombiano en 2016.
El gobierno de Petro mantenía conversaciones de paz con la Segunda Marquetalia, pero el diálogo se truncó a finales de 2024. Sin embargo, dos de sus frentes optaron por desligarse de dicha organización para continuar con la mesa de negociaciones bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Se necesita presencia del Estado
Durante la entrevista, Mons. Henao explicó que en Colombia, así como en otras partes del mundo, se está dando un fenómeno “que es la fragmentación de los conflictos”.
“Esta fragmentación pasa a través del surgimiento de nuevos grupos o división de grupos existentes por distintas motivaciones, tanto de control territorial y, en algunos casos, como suele ser en Colombia, por control de economías ilícitas”.
En ese sentido, al consultársele qué se requiere para poner fin a estos conflictos y alcanzar la paz, el representante de los obispos señaló que se necesita “asegurar a las comunidades, en las cuales los grupos alcanzan acuerdos de paz, una presencia estatal que responda a sus necesidades y que cope el espacio donde estaban los actores ilegales”.
Mons. Henao dijo que “una de las columnas vertebrales de todo este proceso debe ser la implementación de los acuerdos del año 2016 firmados con las FARC, porque no hubo un copamiento adecuado, eficiente del Estado en los territorios donde el FARC estuvo, entonces se volvieron a generar nuevos grupos”.
Por ello, dijo que “hay que ver estos procesos como una oportunidad para que el Estado haga presencia y se establezca, como decía, una gobernanza democrática plena, que garantice además el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas”.
En su Informe de Situación Humanitaria 2025, publicado en junio, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHOA) indicó que de enero a abril de este año “el impacto del conflicto armado sigue siendo alarmante con más de 953.300 personas afectadas (7.900 diariamente y más de 238.000 por mes)”.
El documento advierte que “este número es cuatro veces superior al registrado en el mismo periodo de 2024”.-
