El terrorismo madurista
No tienen la entereza de reconocer sus errores ni de buscar canales para evitar mayores daños a nuestra nación
César Pérez Vivas:
La semana anterior terminó de consolidarse la imagen del régimen madurista como una entidad terrorista. Todos los esfuerzos y maniobras adelantados por el usurpador, para convencer al mundo de su supuesta legitimidad y legalidad, se derrumbaron por completo. Nadie cree en los resultados anunciados la noche del 28 de julio de 2024 por Elvis Amoroso, uno de los responsables de esta tragedia. Tampoco se da crédito a las sentencias infundadas de las señoras de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del TSJ, y menos aún a los eventos fraudulentos para designar diputados nacionales, gobernadores y alcaldes. Toda esa farsa ha sido demolida por nuestra lucha política. Así lo ratificaron, en la última semana, los informes del Consejo Permanente de la OEA, la resolución del Parlamento Europeo y los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Las resoluciones de estos organismos internacionales adquirieron especial relevancia luego de que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, “sancionara al “Cartel de los Soles” como entidad de terroristas globales especialmente designados (SDGT). “El Cartel de los Soles —un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen— proporcionan apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa”, señaló el comunicado oficial del gobierno norte americano.
Esta declaración del Departamento del Tesoro fue reforzada por otro poder del Estado norteamericano: la Fiscal General de Estados Unidos anunció, el pasado jueves 7 de agosto, una requisitoria contra Nicolás Maduro, elevando a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.
La situación para el dictador y su camarilla se agravó aún más, después de que el New York Times informara sobre una decisión privada del presidente Trump, ordenando el uso de la fuerza militar para someter a los grupos terroristas y narcotraficantes que operan en el Caribe.
Frente a este conjunto de medidas, Maduro y su círculo recurren a la mentira y a la represión. Como es su costumbre, no tienen la entereza de reconocer sus errores ni de buscar canales para evitar mayores daños a nuestra nación. Su práctica ha sido imputar a otros sus fracasos y su propio comportamiento. Ante el señalamiento de la comunidad internacional de estar al frente de un grupo terrorista y de desarrollar una política de terror contra la ciudadanía venezolana, Maduro apela al extremo de acusar a quienes mantenemos firme la denuncia de sus fraudes y violaciones de derechos humanos, de liderar un plan terrorista en alianza con carteles de la droga para provocar explosiones capaces de matar ciudadanos inocentes.
Esta huida hacia adelante de la cúpula dictatorial comenzó con las palabras de Maduro, en una sesión del Consejo Federal de Gobierno el pasado miércoles 6 de agosto, cuando me señaló en los siguientes términos: “Está organizando núcleos terroristas para poner bombas y matar gente. Pérez Vivas se fue al fascismo radical, criminal, lamentablemente”. Al día siguiente, su ministro del terror ofreció una rueda de prensa para anunciar la supuesta existencia de una organización, encabezada por María Corina Machado, con participación de carteles de la droga, destinada a colocar una bomba en Plaza Venezuela en Caracas.
La cúpula roja pretende imputarnos, a los dirigentes de la resistencia democrática venezolana, los mismos cargos que la comunidad internacional les ha atribuido a ellos. Ante tales acusaciones, he debido rechazar públicamente los señalamientos de Maduro y los falsos positivos de Diosdado Cabello, recordando que nadie duda ya de la instauración en nuestro país de un régimen de terror sostenido en el poder mediante el fraude y la violencia, ejercida tanto por sus grupos paramilitares, como por pequeños segmentos del mundo militar que le sirven de soporte.
Maduro fue formado en la práctica política violenta, es decir, en el terrorismo, en la escuela del dictador cubano Fidel Castro. No en vano, fue enviado en varias ocasiones, durante su juventud, a entrenarse en Cuba. Además, forma parte de un movimiento político militar que apareció ante el país, el 4 de febrero de 1992, con el sangriento golpe de Estado que Hugo Chávez dirigió contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
En este cuadro nacional, quien tiene un comprobado expediente de violencia y terror es el señor Maduro. Él y su camarilla encarnan el terrorismo de Estado, y deben ser expulsados del poder no solo por la tragedia que representan para los ciudadanos venezolanos, sino también por la amenaza que constituyen para la seguridad de todo el continente. La presencia de este terrorismo en el poder convierte al Estado venezolano en una corporación criminal que debe ser sometida por la comunidad internacional para restablecer la seguridad regional y devolver a la nación venezolana el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, hoy conculcados.
La semana que terminó ayer domingo lo demostró una vez más: las madres de los presos políticos acudieron a los tribunales de Caracas para solicitar medidas de amparo, pero ni siquiera se les recibió la solicitud. Cuando se presentaron en el Tribunal Supremo de Justicia para pedir audiencia con la presidenta de la Sala Penal, fueron brutalmente agredidas por los colectivos, los grupos paramilitares de Maduro. ¿Se va a esperar mayor barbarie? Nadie puede aceptar como algo normal esta aberración de violencia que ordena el terrorismo madurista.
Por fortuna, la presión de la comunidad internacional sigue en aumento, y Maduro tendrá que dar la cara y responder por sus crímenes. Él ha llevado esta situación a un punto de no retorno. En su campaña declaró que se mantendría en el poder “por las buenas o por las malas”. Y, efectivamente, se ha quedado por las malas: ordenando el asesinato de compatriotas, como lo hizo a través de los colectivos el 28 y 29 de julio de 2024; encarcelando a más de 2.000 ciudadanos —entre dirigentes políticos y funcionarios electorales—; y hostigando con persecución a por lo menos otros cinco mil compatriotas.
Si no abandona el poder ante las sanciones anunciadas, lamentablemente llevará al país a una situación de violencia aún mayor. Venezuela no puede seguir soportando a este grupo terrorista en funciones de gobierno. Es menester expulsarlos de sus espacios de poder ilegal e ilegítimo. En esa dirección avanza hoy la comunidad internacional.-
Lunes, 11 de agosto de 2025
