Lo que registra nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos
El documento de la misión indica directamente que las autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado con actos deliberados que facilitaron las violaciones de derechos humanos y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó su última actualización este 19 de septiembre sobre la situación de derechos humanos en el país, realizado entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El documento registra la represión exacerbada tras la realización de las elecciones presidenciales del año pasado y la califica como la continuación de un plan para “suprimir a la oposición” o quienes sean percibidos como tales.
Este informe describe graves violaciones de DD HH, como detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. La actualización también registra restricciones al espacio cívico, criminalización de la expresión digital; destacando patrones de violencia sexual y de género contra presos políticos y sus familiares.
A continuación les dejamos algunos de los datos relevantes que presenta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos:
Violencia sexual y de género
● 22 casos de violencia sexual y de género documentados en seis estados, contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad en el contexto postelectoral.
● Incluye prácticas como sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual/prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.
Niños, niñas y adolescentes
● Se documentaron 220 casos de detenciones, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, en total 187 niños, 22 niñas y otros 11 cuyos género no ha podido ser determinado. El rango de edad es desde los 12 hasta los 17 años.
● Dos adolescentes (Isaías Fuenmayor, de 15 años, y Ángel Mora, de 17 años) fueron asesinados en el contexto de las protestas poselectorales de 2024.
● Cuatro adolescentes continúan detenidos.
Ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa
● La misión documentó al menos 18 casos nuevos de detenciones de periodistas que se encontraban ejerciendo sus funciones como comunicadores entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Fueron arrestos arbitrarios porque no existían órdenes de captura ni se produjeron en flagrancia.
● Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 arrestos de trabajadores de la prensa, lo que representa un aumento significativo del 254% en comparación con los 28 casos documentados en 2023.
● Al cierre del informe, la misión ha registrado un total de 11 periodistas que permanecen apresados (10 hombres y una mujer) en el contexto del ejercicio de su labor periodística. Otros tres periodistas siguen presos debido a su activismo político y opiniones.
● Las imputaciones a periodistas se han basado en cargos como terrorismo, instigación al odio y difusión de noticias falsas.
Patrones de represión y censura
● Se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores sociales y la prensa.
● La misión también registró testimonios de agresiones físicas a periodistas mientras cubrían las protestas postelectorales en distintas regiones del país. Uno de estos casos fue el de Jesús Romero, reportero del medio Código Urbe.
Desapariciones forzadas
● La misión ha documentado 30 casos de posible desaparición forzada.
● 12 casos califican como desaparición forzada bajo interpretación estricta (seis hombres, dos mujeres y cuatro niños, niñas y adolescentes).
Muertes durante protestas
● La Misión de Determinación registró 25 muertes en el contexto poselectoral y no encontró “ningún elemento que las conecte con las máximas figuras de la oposición, con sus organizaciones políticas ni con los denominados ‘comanditos”.
● Documentaron cinco muertes bajo custodia y tres casos de fallecimiento relacionados directamente con la negligencia estatal y la falta de atención médica necesaria y oportuna.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU indica directamente que las autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado con actos deliberados que facilitaron las violaciones de derechos humanos y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.
- TalCual
- 19 Sep, 2025
Un nuevo informe presentado este 19 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU advirtió que jueces, fiscales y defensores públicos han avalado detenciones arbitrarias, negado recursos legales y han actuado bajo presión política. Es decir, el sistema judicial venezolano no solo ignora las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, sino que participa activamente en la represión.
El documento presentado por la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone en evidencia el colapso de la independencia judicial en el país.
Jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas directas del Ejecutivo, lo que convierte a los tribunales en “una herramienta al servicio de la represión”. Esta subordinación, de acuerdo con la Misión de la ONU, impide procesar denuncias de abusos y garantiza impunidad a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.
Estas prácticas forman parte de un patrón de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad, al sostenerse en un aparato judicial que legitima detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, determinó el informe.
Ineficiencia del habeas corpus en Venezuela
Uno de los puntos centrales del informe es la ineficacia del habeas corpus en Venezuela. La misión documentó varios casos en los que los tribunales rechazaron o demoraron arbitrariamente estos recursos, despojando a los detenidos de su derecho a cuestionar la legalidad de su privación de libertad.
Un ejemplo citado es el del abogado y activista Eduardo Torres, cuyo recurso fue inicialmente rechazado por una jueza de Caracas en mayo. Aunque posteriormente fue admitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nunca se emitió resolución alguna, prolongando su arresto sin fundamento legal
Otros casos, como los de Lucas Hunter y Juan Pablo Guanipa, confirman que los tribunales venezolanos niegan sistemáticamente el acceso a un recurso efectivo. Para la Misión ONU, esto demuestra que el habeas corpus “no constituye una protección real” en el país.
Audiencias secretas y abogados impuestos
La Misión de la ONU también denunció la práctica de celebrar audiencias nocturnas, telemáticas y sin notificación a la defensa o familiares, muchas veces dentro de los mismos centros de detención y no en estrados judiciales.
En los casos documentados por los expertos, los acusados no tuvieron oportunidad de comunicarse con sus defensores. En numerosos ocasiones se les impuso representación de defensores públicos, a quienes además se les instruyó no actuar en favor de sus defendidos. Esto dejó a las víctimas en un grave estado de indefensión frente a fiscales y jueces.
Un caso reseñado en el informe fue el de Nélida Sánchez, detenida en El Helicoide, a quien se le negó la posibilidad de designar abogados privados porque “no estaba permitido el ingreso ni la salida de documentos” del centro de reclusión
Complicidad en desapariciones y muertes
El informe destaca que la complicidad del sistema judicial venezolano no se limita a las detenciones. La ONU documentó casos de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado en los que las autoridades judiciales se negaron a investigar.
La misión señala que parientes de desaparecidos vieron rechazadas sus denuncias por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, instituciones que omitieron actuar incluso cuando existían pruebas de la participación de cuerpos de seguridad.
En Carora, estado Lara, la muerte de Walter Páez durante una protesta fue atribuida inicialmente a opositores. Sin embargo, investigaciones internas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas apuntaban al disparo de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela desde su sede local. La Misión denunció que las autoridades judiciales recibieron presiones para fabricar versiones que inculparan a disidentes políticos.
El informe identifica a varios jueces que, de manera sistemática, han avalado violaciones de derechos humanos en procesos vinculados a delitos de terrorismo. Entre ellos menciona a Carlos Enrique Liendo Acosta, Keidimar Ramos Castillo, Joel Abraham Monjes, Franklin Mejías Caldera, Ángel Betancourt y Edward Miguel Briceño Cisneros.
Estos magistrados han decretado juicios colectivos sin individualizar responsabilidades, han autorizado audiencias sin publicidad y han confirmado detenciones sin garantías procesales, según la ONU.
Brazo represor del Estado
La Misión de la ONU concluyó en su informe que el sistema judicial venezolano no actúa con independencia, sino como pieza clave en la política de persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos del gobierno.
“La actuación arbitraria del Estado no se limita al arresto por parte de cuerpos de seguridad, sino que es ordenada, avalada y perpetuada por el aparato judicial”, señaló.
El documento reiteró que este engranaje represivo, en el que participan jueces, fiscales y defensores públicos, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, al negar justicia y protección a las víctimas.-
- El Nacional
- 19 Sep, 2025
