Venezuela se mantiene en el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho

El más reciente informe 2025 del World Justice Project (WJP) confirma una tendencia alarmante: Venezuela continúa ocupando el último lugar a nivel mundial en el Índice de Estado de Derecho, según destaca la ONG Acceso a la Justicia. Esta posición se mantiene sin variaciones significativas desde hace una década, lo que refleja un deterioro estructural de las instituciones del país.

La medición del WJP no solo ratifica el último lugar de Venezuela, sino que evidencia un deterioro sostenido en casi todas las dimensiones evaluadas, agrega la oenegé.

Desde 2015, cuando el país obtuvo una puntuación de 0,31 sobre 1, la trayectoria descendente continuó hasta alcanzar 0,26 en 2022, cifra que se mantiene en 2025. Este puntaje, el más bajo de los 143 países analizados, contrasta con el promedio global (0,55) y el latinoamericano y caribeño (0,51), lo que sitúa a Venezuela en la zona más crítica del índice.

Justicia penal: la mayor preocupación

El área de justicia penal es la más grave, señala Acceso a la Justicia. De acuerdo con el informe, su puntuación cayó de 0,19 en 2015 a 0,11 en 2025, consolidando al país en el último puesto mundial.

Este indicador evalúa la capacidad del Estado para detener y juzgar a quienes delinquen, los recursos disponibles para fiscales y cuerpos de seguridad, el estado del sistema penitenciario, la independencia judicial, la corrupción y el respeto al debido proceso. Comparado con los promedios regional (0,40) y global (0,47), Venezuela se encuentra cuatro veces por debajo en este aspecto crítico.

La justicia civil también muestra un retroceso. Pasó de 0,34 en 2015 a 0,26 en 2025, evaluando factores como la duración de los procesos, la independencia de los jueces, la accesibilidad de mecanismos de resolución de conflictos y la imparcialidad del sistema judicial. Frente al promedio global (0,54) y regional (0,49), la brecha es evidente.

El único indicador con una leve mejora es el de orden y seguridad, que pasó de 0,52 en 2015 a 0,53 en 2025. Sin embargo, la oenegé aclara que este avance es marginal y no reduce la distancia frente a los promedios global (0,72) y regional (0,66). Este factor mide el control de la criminalidad, los conflictos civiles y la propensión de los ciudadanos a recurrir a la violencia.

Límites al poder gubernamental: inmovilidad crítica

La capacidad de los poderes Legislativo y Judicial para ejercer contrapesos efectivos sobre el Ejecutivo permanece prácticamente inalterable: 0,19 en 2015 y 0,18 en 2025. Esto incluye la sanción a funcionarios, auditorías independientes y libertad de prensa. La distancia frente a los promedios global (0,54) y regional (0,52) evidencia un rezago sostenido.

El respeto a derechos esenciales, como la vida, la igualdad, la libertad de culto, la libertad de asociación y los derechos laborales, ha descendido de 0,39 en 2015 a 0,28 en 2025. Aunque Venezuela no ocupa el último lugar en esta categoría, su posición (137 de 143) refleja una situación crítica frente a los promedios global (0,56) y regional (0,57).

El indicador de gobierno abierto también evidencia retroceso, con un descenso de 0,33 a 0,27 entre 2015 y 2025, lo que refleja debilitamiento en transparencia, acceso a información y participación ciudadana. Por su parte, la percepción de corrupción apenas mejora, de 0,28 a 0,26, mientras los promedios global y regional se ubican en 0,51 y 0,47, respectivamente.

El cumplimiento de regulaciones y procedimientos administrativos ha retrocedido de 0,26 en 2015 a 0,20 en 2025. Esto refleja demoras, debilidad en el respeto al debido proceso y deficiencias en la legalidad de expropiaciones, dejando nuevamente a Venezuela muy por detrás del promedio global (0,54) y regional (0,49).

¿Qué significa esto para los venezolanos?

Acceso a la Justicia explica que la permanencia en el último lugar del Índice de Estado de Derecho durante casi una década evidencia que no se trata de una crisis coyuntural, sino de un deterioro estructural del Estado.

La instrumentalización del sistema judicial ha convertido la ley en una herramienta de poder, debilitando la protección de derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los contrapesos necesarios para el funcionamiento democrático. Sin avances concretos y medibles en independencia judicial, revertir estas tendencias parece imposible. (Con información de Prensa Acceso a la Justicia).-

29 Nov, 2025 – Correo del Caroní