Los petroleros y el paro cívico diciembre 2002

Eddie Ramírez/Gente del Petróleo:

Se cumplen 23 años del paro cívico del 2 de diciembre, suceso que no conocen las nuevas generaciones y a veces es olvidado o tergiversado por las no tan nuevas. Después de los acontecimientos del 11 de abril, en los que el presidente Hugo Chávez fracasó en su intento de apoderarse de PDVSA para ponerla al servicio de su proyecto político, los demócratas estábamos convencidos de que no abandonaría su plan porque era imprescindible para imponer su llamado Socialismo del Siglo XXI. Cuando la Fuerza Armada lo regresó a Miraflores pidió perdón y ofreció enmendarse, pero volvió a las andadas. ¿Qué medidas tomó para seguir con su plan? ¿Cuál fue la reacción de los venezolanos y, en particular, de los trabajadores petroleros?

¿Cuál fue el plan del gobierno?

Reincorporó a los petroleros despedidos en abril 2002 y a los jubilados y designó una nueva directiva acorde con la meritocracia, pero impuso a Alí Rodríguez Araque, antiguo guerrillero, como presidente. Los simpatizantes chavistas que estaban en PDVSA crearon la organización Asopetroleros para la defensa de la llamada revolución. Sus miembros se dedicaron a enviar correos electrónicos acusando a quienes habíamos participado en los sucesos de abril 2002 de conspirar en contra de Chávez y utilizaron las instalaciones de la empresa para hacer proselitismo político.

Gradualmente, Alí Rodríguez inició algunos cambios y creó un plan de contingencia paralelo para enfrentar la posibilidad de otro paro. Por otra parte, abogados relacionados con el gobierno solicitaron una averiguación penal en contra de doce de nosotros, y en Carabobo y Anzoátegui tres compañeros fueron sometidos a presión judicial. Además, una Comisión Parlamentaria Especial exhortó al Poder Ciudadano a determinar las responsabilidades civiles y penales de once de nosotros.

¿Qué hicimos los petroleros?

Como colectivo nunca pretendimos incursionar en política, pero consideramos importante mejorar nuestras relaciones con el resto de la sociedad y contribuir a divulgar la complejidad de nuestras actividades y, además, intentar protegernos legalmente por estar conscientes de que el gobierno no perdonaría nuestra actuación entre febrero y abril del 2002. Para el primer objetivo, por iniciativa de Juan Fernández y de otros 21 compañeros, fundamos la Asociación Civil Gente del Petróleo. Para el segundo, a iniciativa de Horacio Medina y de 15 compañeros se constituyó el sindicato profesional UNAPETROL. Ambas organizaciones salieron a la palestra en julio 2002.

Fuera de horas de oficina o a cuenta de vacaciones participamos en todas las marchas para exigir justicia por los asesinatos del 11 de abril. Ante el paro por 24 horas del 10 de octubre 2002 hubo ausentismo en el área administrativa. Sin embargo, algunos grupos nos reclamaban por no iniciar un nuevo paro. El 19 de junio escribí en El Universal que para bien de todos era deseable que el presidente Chávez renunciara. El 31 de octubre de 2002 tuve que jubilarme por edad y años de servicio, pero en abril de 2003 me despidieron “por inasistencia al trabajo”.

El paro cívico

Las evidencias de que Chávez estaba minando la democracia y la presión ejercida por la opinión pública influyeron en que la CTV, Fedecámaras y los partidos de oposición, agrupados en la Coordinadora Democrática, planificaran un paro cívico para el 2 de diciembre de 2002. El 29 de noviembre hubo una reunión previa en Fedecámaras y solo Pompeyo Márquez y Gabriel Puerta dijeron que el paro no era conveniente. Víctor Ramos y quien esto escribe expresamos que para los petroleros no era conveniente más de 72 horas. Al día siguiente se tomó la decisión y los voceros declararon que la duración se evaluaría sobre la marcha.

Ni Gente del Petróleo, ni Unapetrol convocaron al paro, cada quien se sumó por decisión propia. A las 24 horas era evidente que el mismo no había tenido el éxito esperado, pero el gobierno tenía interés en que se prolongara. Por eso, el día 3 ordenó un ataque despiadado de la Guardia Nacional, en contra de un grupo de petroleros y de la sociedad civil que estábamos frente al edificio de PDVSA en Chuao protestando por la introducción de unos malandros, probablemente enviados por el gobierno, a la casa de Juan Fernández, profiriendo amenazas contra él y sus dos hijas.

Arbitrariedades de Alí Rodríguez

Grupos violentos chavistas se congregaron en las entradas de varios edificios de PDVSA y filiales, impidiendo el ingreso de quienes consideraban no afectos al gobierno. El 4 de diciembre Daniel Alfaro y su tripulación detuvieron el Pilín León. El día 5 fueron suspendidos los principales gerentes operacionales, lo cual ameritó que los directores de PDVSA expresaran su desacuerdo y al día siguiente pusieran sus cargos a la orden. Ese mismo día se produjo la matanza en Altamira. PDVSA fue militarizada. El 13 despidieron a Edgar Paredes, Juan Fernández, Horacio Medina, y a Edgar Quijano. La directiva de PDVSA Petróleo, distinta de la de PDVSA y que no había sido sustituida, expresó en varios comunicados su desacuerdo con las medidas tomadas por Alí Rodríguez.

El 23 de diciembre 90 compañeros fueron separados de sus cargos. El despido de unos 23.000 trabajadores se produjo a principios del 2003 y ocurrieron los desalojos de residencias con uso brutal de la Guardia Nacional y policías, particularmente el salvaje asalto a la urbanización Los Semerucos en Paraguaná. Juan Fernández y María De Oteyza fueron los representantes de Gente del Petróleo ante la Coordinadora Democrática y otros compañeros participaron en las diferentes comisiones.

Logros parciales del paro

Con la idea de realizar esfuerzos tendentes a suspender el paro, Horacio Medina solicitó una reunión a César Gaviria. El secretario general de la OEA lo recibió el 17 de diciembre y alegó que “eso no era conveniente porque era la única palanca para mantener al gobierno en la mesa de negociación y acuerdos”. Esta mesa se constituyó el 8 de noviembre 2002, pero solo hasta el 23 de mayo 2003 se firmó un acuerdo en que el gobierno se comprometió a realizar elecciones libres, referendos revocatorios, conformar un Consejo Electoral imparcial, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, uso limitado de la fuerza para reprimir, organismos policiales desmilitarizados, desarme de la población y una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril. Desde luego, ni Chávez, ni Maduro respetaron este acuerdo.

Nuestro reconocimiento a quienes hicieron todo lo posible por evitar llegar a la situación actual. Los petroleros seguimos presentes y comprometidos en la lucha por la democracia y en la recuperación del país y reconocemos a Edmundo González como presidente electo y el liderazgo de María Corina Machado.-